Prensa. VP-.
La Asamblea
Nacional de Venezuela, como único poder legítimo y reconocido por la comunidad
internacional, aprobó solicitar la Protección de los activos del Estado
venezolano a los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos,
Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y a la Unión Europea,
coalición que reúne a 28 naciones, ante la flagrante usurpación del Poder
Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro.
El presidente de
la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, diputado
Freddy Superlano, recordó que el pasado 10 de enero de 2019, se consumó la
mayor usurpación de la historia de Venezuela, en la Presidencia de la
República; y ante estos hechos, "las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela son claras, la Constitución establece en su artículo 138 que toda
autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Sin contar, que es un
hecho público y notorio que la gestión de Nicolás Maduro Moros durante el
período presidencial 2013-2019 ha malversado los activos del Estado venezolano
en detrimento del patrimonio y los bienes de la nación, estableciendo un Estado
corrupto y generando la mayor crisis económica de la historia de
Venezuela".
El parlamentario
detalló que solicitaron a 46 países que instruyan a los organismos regulatorios
de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de
activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en esos
países, con el fin de garantizar la protección de los activos de los ciudadanos
por no contar con representación legal ante los entes regulatorios.
Asimismo,
Superlano informó que pedirán a la banca privada acreditada en las mencionadas
naciones, la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado
venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio de
la nación, ante la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional por parte del
Nicolás Maduro Moros.
Freddy Superlano
ratificó que queda en manos de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo
Económico del Poder Legislativo, la remisión del acuerdo aprobado por la
Asamblea Nacional, su correcta coordinación, así como seguimiento del mismo.
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