Prensa.
SIP.
La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura administrativa impuesta por
el gobierno de Nicaragua contra La Prensa y El Nuevo Diario, al retener la
entrega de insumos para la publicación de ambos periódicos. Al mismo tiempo
pidió al gobierno explicar de manera transparente las razones por las que
impide el acceso a la materia prima y pone en riesgo la operatividad de los
diarios.
La SIP advirtió
que esta nueva escalada de hostigamiento contra la prensa nicaragüense
representa una coerción administrativa, mecanismo que la institución viene
denunciando desde que el presidente Daniel Ortega asumió en 2007. En octubre
pasado la asamblea general de la SIP en Argentina ya había condenado la
retención de papel, tinta y otros insumos a los diarios La Prensa y El Nuevo
Diario, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), pese a que pagaron
a tiempo las tarifas aduaneras.
En un editorial
esta semana, La Prensa anunció la reducción de 16 a 12 el número de páginas
"como medida de emergencia ante el abuso estatal". Explicó que desde
el 10 de septiembre del año pasado la DGA "mantiene secuestrados planchas,
gomas y reveladores de uso de la rotativa en la que se imprimen los periódicos
del Grupo Editorial La Prensa". Advirtió que los periódicos La Prensa y
Hoy podrían dejar de imprimirse por falta de papel y otros insumos
indispensables.
En el caso del
grupo editorial ND Medios, que publica El Nuevo Diario, desde el 6 de
septiembre de 2018 la DGA no ha entregado su cargamento que contenía tintas y
planchas térmicas. El 7 de enero de 2019 también fue bloqueado otro cargamento
de papel, dejando al periódico expuesto a suspender su edición impresa en los
próximos meses. Anteriormente El Nuevo Diario tomó la decisión de circular solo
de lunes a viernes y de manera digital sábado y domingo. En tanto el periódico
QHubo de la misma empresa dejó de imprimirse desde diciembre.
Pese a numerosas
gestiones el organismo estatal no ha dado explicaciones sobre la retención de
la materia prima para estas dos empresas, valorada en más de 233 mil dólares en
conjunto. El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua,
organismo encargado de recibir las quejas contra funcionarios de la DGA y de la
Dirección General de Ingresos, resolvió el 21 de diciembre que el director de
la Aduana de Managua, Oscar Moncada Lau, incumplió con su deber de funcionario
público de dar respuesta pronta en apego a la ley", tras la denuncia
presentada en octubre por el Grupo Editorial La Prensa que pidió explicaciones
al titular sobre las razones para impedir el desaduanaje de la mercancía y
nunca recibió respuesta. Con el trámite, el Tribunal dio por agotada la vía
administrativa abriendo el camino a un litigio judicial del diario contra la
Aduana.
La presidente de
la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia,
expresó que "la censura indirecta es el mecanismo acostumbrado del régimen
del presidente Daniel Ortega, exactamente igual al utilizado por el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, para coartar a los medios de comunicación,
imponiéndole trabas en la adquisición de los insumos necesarios para producir
sus publicaciones".
Roberto Rock,
presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP y director del
sitio de noticias La Silla Rota de Ciudad de México, México, agregó que
"con esta acción de censura una vez más Ortega está irrespetando lo
establecido en convenciones internacionales en las que se advierte que las
restricciones a la circulación de los medios y a la divulgación de sus mensajes,
es contrario con las libertades de expresión y de prensa".
Ante la continua
violación, la falta de garantías para el respeto de los derechos humanos y la
alteración del orden constitucional en Nicaragua desde abril de 2018, el 18 de
diciembre la SIP solicitó a la Organización de los Estados Americanos la
activación en el país de la Carta Democrática Interamericana que en su cuarto
artículo establece que: "Son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa".
Las autoridades
de la SIP instaron al gobierno a respetar el derecho del pueblo de Nicaragua a
saber y a estar informado, y a que permita la circulación y publicación de los
diarios.
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