Prensa. Fedecamaras Radio.
El
sociólogo, Rafael Uzcátegui, indicó que el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS), ha estimado que durante el año 2018 ocurrieron
más de doce mil protestas en Venezuela, lo que arrojó un promedio de 35 de
protestas por día, casi todas por demandas sociales. “Quiero resaltar que el
89% de estas movilizaciones diarias, en 35 lugares distintos del país, fueron
por exigencia de servicios básicos, situaciones no resueltas por el ejecutivo
nacional, las mismas fueron contestadas por
las autoridades de manera represiva porque tenemos una cifra que habla
de catorce asesinados en el contexto de manifestaciones”, expresó.
El
también coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en
Derechos Humanos (PROVEA), aseguró que efectivamente todos los venezolanos
recuerdan la ola de protestas del año 2017, haciendo que quizás algunos puedan
tener la opinión de que en el 2018 no ocurrió nada, pero, “el año 2018 no
solamente fue el año de la migración, cuando muchos venezolanos ante la
ausencia de un futuro tuvieron que irse de manera forzada de Venezuela, sino
que también fue el año de conflictividad social y protestas en todo el país”,
comentó Uzcátegui.
Así
mismo, Uzcátegui reiteró que algunos casos de reclutamiento, no se trataban de
reclutamientos forzosos sino de detenciones masivas que incluían a menores de
edad, lo que aseguró, es una lógica de actuación de tipo militar donde se
ocupaban militarmente una comunidad popular y allí se realizaban detenciones
incriminadas a adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, a los que se les
imputaban las mismas acusaciones que a las personas mayores de edad.
“Nuestro
trabajo como organización de derechos humanos es absolutamente gratuito y
estamos debidamente entrenados para que las denuncias y todos los testimonios
si las personas lo requieren, sean tratados de manera anónima, es decir,
resguardando la confidencialidad de las personas que hacen las denuncias. Si
alguien tiene algún familiar privado de libertad, lo primero que tiene que
hacer es hacerlo del conocimiento público, buscar un abogado de confianza y
presionar junto con organizaciones de derechos humanos para que se les respeten
sus derechos, los medios de comunicación están para eso”, agregó Uzcátegui.
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