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martes, 12 de febrero de 2019

89% de las protestas en 2018 fueron contestadas por autoridades de Maduro de manera represiva.

Prensa. Fedecamaras Radio.

El sociólogo, Rafael Uzcátegui, indicó que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ha estimado que durante el año 2018 ocurrieron más de doce mil protestas en Venezuela, lo que arrojó un promedio de 35 de protestas por día, casi todas por demandas sociales. “Quiero resaltar que el 89% de estas movilizaciones diarias, en 35 lugares distintos del país, fueron por exigencia de servicios básicos, situaciones no resueltas por el ejecutivo nacional, las mismas fueron contestadas por  las autoridades de manera represiva porque tenemos una cifra que habla de catorce asesinados en el contexto de manifestaciones”, expresó.

El también coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), aseguró que efectivamente todos los venezolanos recuerdan la ola de protestas del año 2017, haciendo que quizás algunos puedan tener la opinión de que en el 2018 no ocurrió nada, pero, “el año 2018 no solamente fue el año de la migración, cuando muchos venezolanos ante la ausencia de un futuro tuvieron que irse de manera forzada de Venezuela, sino que también fue el año de conflictividad social y protestas en todo el país”, comentó Uzcátegui.

Así mismo, Uzcátegui reiteró que algunos casos de reclutamiento, no se trataban de reclutamientos forzosos sino de detenciones masivas que incluían a menores de edad, lo que aseguró, es una lógica de actuación de tipo militar donde se ocupaban militarmente una comunidad popular y allí se realizaban detenciones incriminadas a adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, a los que se les imputaban las mismas acusaciones que a las personas mayores de edad.

“Nuestro trabajo como organización de derechos humanos es absolutamente gratuito y estamos debidamente entrenados para que las denuncias y todos los testimonios si las personas lo requieren, sean tratados de manera anónima, es decir, resguardando la confidencialidad de las personas que hacen las denuncias. Si alguien tiene algún familiar privado de libertad, lo primero que tiene que hacer es hacerlo del conocimiento público, buscar un abogado de confianza y presionar junto con organizaciones de derechos humanos para que se les respeten sus derechos, los medios de comunicación están para eso”, agregó Uzcátegui.