Prensa. La Patilla.com
“Sólo
un Estado sin alma que desprecia al ser humano, no permite salvar la vida de
los más vulnerables”, así lo manifestó el ex parlamentario, abogado defensor
DDHH y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles,
Rafael Narváez.
De
nada valen las muertes de pacientes crónicos, la falta de material médico
quirúrgico, la falta de alimentos, el colapso de los servicios mínimos en los
hospitales de todo el país ante un Estado que la única respuesta que da es la
de enviar soldados armados hasta los dientes, y ahora privados de libertad con
la única misión de obstaculizar una ayuda para quienes hoy día padecen de
enfermedades que el sistema de salud no ha podido solucionar.
Narváez
indicó que “el derecho a la salud es un derecho constitucional y fundamental,
es obligación del Estado salvar vidas y al no hacerlo está vulnerando los
derechos humanos establecidos en nuestra constitución y en los pactos
internacionales suscritos y ratificados por Venezuela”.
El
ex parlamentario manifestó que: estamos en presencia de una política sin
precedentes en el mundo, en donde un Estado se niega a recibir ayuda de otros
países olvidando que está primero el “ser humano” y que es tradición
internacional el prestar ayuda entre los pueblos. La solución a esta crisis
económica sin presentes no puede ser “las balas y la prisión”, es necesario colocarse
en los “zapatos de los que más sufren, padecen de hambre, desnutrición y
algunas enfermedades crónicas que van acortando sus vidas si no son tratadas a
tiempo”.
A
los pacientes sólo le importa que le salven la vida, no les interesa la lucha
por el poder político. ¿Cuántos niños que padecen de cáncer, enfermos renales,
hipertensos, diabéticos, con VIH, pacientes con problemas coronarios tienen que
morir para que el Estado reaccione y asuma su responsabilidad de atenderlos y
salvarlos?.
El
jurista señaló que las declaraciones de la vicepresidente de la República,
Delcy Rodríguez, son irresponsables y podrían generar pánico en la población.
El ministerio público está obligado a enviarle un cuestionario a la
vicepresidente y solicitarle pruebas de tan grave afirmación, así lo establece
nuestro sistema jurídico venezolano, y si no responde se debe iniciar una
investigación penal.