Prensa.
SIP.
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una profusion de agresiones
contra periodistas y las restricciones a su labor, así como los actos de
censura de contenidos y bloqueos en internet, registrados el fin de semana en
el marco de la cobertura de la jornada de ayuda humanitaria en la frontera
colombo-venezolana.
La
presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, demandó "respeto y garantías
para la labor de los periodistas" en Venezuela. Domínguez, directora del
diario El País de Cali, Colombia, expresó que la organización "ha conocido
y recibido denuncias de los diferentes riesgos a los que se han visto expuesto
periodistas nacionales y extranjeros, así como en relación a la censura del
régimen y sus instrumentos de represión para evitar que los venezolanos se
informen".
El
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y la Asociación de Periodistas
Venezolanos en el Extranjero (Apevex), entre otras organizaciones venezolanas,
hicieron un balance de los ataques contra la prensa registrados en la región
fronteriza el 23 de febrero, alertaron a la comunidad internacional y exigen
garantías al derecho a la información y a la libertad de expresión.
El
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP,
Roberto Rock, condenó de manera vehemente las agresiones. Rock, director del
medio digital La Silla Rota de Ciudad de México, México, subrayó que
"estamos conscientes de los riesgos del oficio periodístico, sin embargo,
en el contexto de Venezuela, donde el régimen comete actos de violencia contra
sus propios ciudadanos, los periodistas y medios independientes se ven
expuestos a mayores peligros".
Domínguez
y Rock destacaron que la SIP "mantiene su compromiso de seguir trabajando
para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y la libertad de
prensa entre otros derechos humanos y para que los venezolanos puedan gozar de
las libertades esenciales que el régimen les niega".
Los
informes de actos contra periodistas nacionales e internacionales incluyen
acoso, intimidación, ataques, hostigamiento, robo y destrucción de material y
equipo periodísticos; intento de homicidio y secuestro, así como la censura y
bloqueo de canales y medios digitales para impedir la difusión de la cobertura
del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela desde la frontera con Colombia.
De
acuerdo al SNTP al menos 50 periodistas venezolanos quedaron atrapados en
Colombia tras el intempestivo cierre del régimen de Maduro de la frontera entre
ambos países. Por su parte, el balance de Ipys Venezuela incluyó 21 casos de
violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales.
Lenín
Danieri, reportero de Telocuentonews, fue herido en un brazo y el rostro por
perdigones; Pascual Filardo, fotógrafo de la Prensa de Lara, fue impactado en
sus piernas por una bomba lacrimógena y una periodista del canal RT Redfish
resultó herida tras ser atropellada por un automóvil conducido por activistas
opositores.
El
periodista Gregory Jaimes y el camarógrafo David Guacarán, del portal digital
Venezolanos Por la Información (VPI), fueron retenidos por civiles por más de
30 minutos y les robaron su equipo de transmisión, teléfonos y tarjetas
bancarias. Maryné Glod, periodista de Venevisión y su camarógrafo también
fueron robados y atacados por civiles armados. Marcos Salgado, corresponsal de
la agencia alemana Ruptly, fue secuestrado y mantenido incomunicado unas ocho
horas. Alonso Centeno, camarógrafo de TVVenezuela y de VIVOplay, fue amenazado
por personas armadas. La periodista sueca Annika H Rothstein fue detenida por
paramilitares, golpeada y amenazada de muerte, además de robarle su equipo.
Fueron
sacados del aire los canales 24 Horas y la Televisión Nacional, Chile; Radio
Caracol, Colombia; Antena 3, España y NatGeo, Estados Unidos; el portal del
diario El Tiempo de Colombia fue bloqueado. El Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social denunció un ataque de denegación de servicio contra su
servidor y se reportaron bloqueos intermitentes a YouTube, Google y Facebook
que restringió la revisión de los contenidos en esas plataformas, además de
otras páginas de internet.