Prensa. Infobae.
El
Gobierno de Donald Trump permitirá demandas de ciudadanos estadounidenses
contra firmas cubanas y otras entidades que están en una lista negra de
Washington, pero por ahora mantendrá una veda a las acciones legales contra
firmas extranjeras que hagan negocios en la isla comunista, dijo el lunes el
Departamento de Estado.
Las acciones
en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del
19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de
abril una prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen
propiedades confiscadas por el régimen de los Castro tras la Revolución Cubana
en 1959, dijo el Departamento de Estado.
Desde
1996, cuando se aprobó la Ley de Libertad (Helms-Burton) que permitiría los
procesos judiciales contra las firmas que obtienen ganancias de propiedades
nacionalizadas, los presidentes estadounidenses han retrasado cada seis meses
la implementación de la norma. En enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo,
había adelantado un giro al indicar que el 1° de febrero la suspensión sería
por apenas 45 días y se realizaría una "revisión cuidadosa" del tema.
El
anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas
que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a
las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría
de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero
de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es
prácticamente simbólica.
Otras
empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías
extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas.
Entre
los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la
industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el
gobierno cubano para producir habanos; las compañías hoteleras españolas
Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla
caribeña, y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron
Havana Club con una destilería estatal cubana.
Estados
Unidos presentó la medida como represalia por el apoyo que La Habana le sigue
brindado al dictador venezolano Nicolás Maduro. Tras casi 60 años de embargo
comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor de
1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000
millones de dólares, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.
Pero
el turismo, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela le han permitido
al gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad.
La
medida podría imponer un freno a los intentos de Cuba para atraer más inversión
extranjera.
"El
papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en
Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las
restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de
Cuba", dijo este lunes en Twitter el asesor de seguridad nacional de la
Casa Blanca, John Bolton.
El
documento también señaló que se alienta a que aquellos que tengan negocios en
Cuba a que reconsidere "si está traficando con propiedades confiscadas y
ayudando a esta dictadura". Por su parte, el régimen cubano considera que
la decisión es un "chantaje" que endurece el bloqueo.
La
Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano Jesse Helms y el
congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de
exiliados activistas cubanos.
La
nueva medida marca otro cambio en las políticas del antecesor de Trump, Barack
Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de
medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían
fracasado.
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