Prensa. Vía: WakaNoticias. Amazonas.
Un
mes se cumplió de la detención de las 20 personas que fueron encerradas por su
presunta participación en los sucesos ocurridos el pasado 23 de enero en la
capital de Amazonas, entre ellos 10 indígenas de los cuales dos son menores de
edad, en una acción que fue emprendida por efectivos de la Guardia Nacional en
los diferentes puntos donde se presentaron las protestas antigubernamentales.
La
privativa de libertad fue ejecutada por Dayana Matera, juez de primera
instancia segunda de control en el estado Amazonas. 16 de los detenidos fueron
trasladados a la sede del Destacamento del Sur de la Guardia Nacional (Desur) y
cuatro al destacamento del muelle. Desde ese entonces allí han permanecido, sin
que los familiares hayan tenido mayor acceso mientras esperan por la próxima
audiencia.
Los
dos indígenas menores de edad fueron liberados en días posteriores a su
detención, luego de que sus familiares consignaran una fianza, mientras que aún
se encuentran privados de libertad Juan Carlos Ponare Marchan, del pueblo Jivi;
José Manuel Lara; Jesús Mirabal y Francisco Tinedo Martínez, de la etnia Baré;
Ender Herrera, Leandro Coronel y José Díaz Silva, del pueblo Huottoja, además
de Marcos Mirabal, de la etnia Puinave.
De
acuerdo al dictamen de la juez que ratificó la medida, a estos ciudadanos se
les imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción
de la vía pública, ultraje violento, intimidación pública, instigación pública
y resistencia a la autoridad. En el escrito de apelación que consignó el
Defensor Público en materia indígena, Carlos José Lima, cuestionó esta
imputación genérica, puesto que estas personas fueron detenidas en sitios y
circunstancias diferentes.
Lima
también precisó en el texto que en las actas policiales no se individualizaron
ni reflejaron los delitos que indiquen que los indígenas fueron detenidos en
zonas distintas y que no se conocían de acuerdo a las declaraciones que han
dado, por lo que no puede haber asociación para delinquir, el cual es uno de
los delitos imputados. Consideró que es una arbitrariedad lo que se está
cometiendo.
Por
su parte, Pablo Tapo, coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de los
Derechos Humanos (Moina DDHH) y uno de los abogados defensores, dio a conocer
que desde la detención de estas personas pocas son las veces que sus familiares
han tenido acceso a ellos, comprobando las condiciones tan deplorables en las
que se encuentran sin ningún tipo de comunicación.
Clamor
humano
Se
ha conocido en la voz de varios familiares que los jóvenes detenidos han
permanecido aislados en condiciones no aptas. Han solicitado la intervención de
los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, pero no han tenido la
respuesta correspondiente a sus peticiones. Sobre todo, piden que les consigan
un permiso legal que les permita estar más tiempo con ellos en las visitas
programadas.
Carolina
Rodríguez Bossio, madre de uno de los detenidos, expresó: “Mi hijo y el resto
se encuentran recluidos en condiciones inhumanas. No nos han permitido
conversar con ellos, solo han sido pocos minutos. Hemos ido a varias
instituciones y no se ha podido hacer nada. Muchos de los que están privados de
libertad solo buscaban una vía alterna para irse a sus casas y los agarraron
por inocentes, como es el caso de mi hijo, y no es justo que esté preso por
algo que no hizo”.
Redacción
Mickey Véliz - El Pitazo