La crisis en el comercio
ilícito de combustible dejó a miles de personas incapaces de ganarse la vida,
dice la policía colombiana.
Prensa. Al Jazeera.
El
negocio era tan lucrativo como el tráfico de cocaína. Cuando las bandas
criminales vendían combustible de contrabando en el mercado negro de Colombia,
podían obtener ganancias netas de más del mil por ciento.
Y
los beneficios estaban allí para tomarlos. En 2017, las autoridades colombianas
estimaron que más de 400 millones de galones (1.514 millones de litros) de
gasolina fueron contrabandeados desde Venezuela a Colombia. Los delincuentes
involucrados en este negocio del mercado negro podrían hacer fortunas con el
comercio ilegal de gasolina. Pero eso terminó abruptamente el mes pasado,
cuando la producción de petróleo de Venezuela quedó paralizada y los cortes de
electricidad forzaron a la gema que alguna vez brilló en América del Sur a la oscuridad.
La
policía en Cúcuta, Colombia, dice que la caída del comercio ilícito de
combustible dejó a miles de personas (cuyos medios de subsistencia dependen del
mercado negro y de la economía informal) a que no puedan mantenerse a sí
mismos. Interrumpió numerosos mercados locales. Y aún más preocupante, creó una
nueva guerra entre grupos armados que luchan por el control de los dos mercados
de contrabando restantes. El primero el de exportar bienes de consumo básicos
como alimentos, pañales, neumáticos, productos electrónicos y medicamentos a
Venezuela. El segundo el de ayudar a los venezolanos desmoralizados a escapar
de los confines de su país en ruinas.
Cúcuta
y La Guajira, ambas cerca de la frontera con Venezuela, se volvieron tan
dependientes de la gasolina ilegal para satisfacer la demanda diaria de
combustible que, poco después de que el mercado negro colapsara, la mayoría de
las estaciones de servicio en estas áreas del norte se quedaron secas.
El
impacto económico.
“Mi
padre compró esta casa con gasolina venezolana”, dijo Edwin Parra a Al Jazeera.
Vive en el vecindario Trigal del Norte de Cúcuta, y su familia vendió gasolina
en el mercado negro durante casi una década. “Era un negocio familiar”, dice.
La
Parada, Colombia es un mercado extenso, caótico y al aire libre, al pie del
Puente Simón Bolívar que conduce a Venezuela | foto diario La Opinión. Parra
estima que la mitad de las personas en su vecindario trabajaban en el mercado
negro, ya sea como vendedores, contrabandistas o como contratados por las
fuerzas paramilitares y guerrilleras que luchan para controlar los caminos
ilícitos a través de la frontera.
Hasta
la reciente escasez, la gasolina estaba efectivamente libre en Venezuela. Pero
las sanciones más recientes de los Estados Unidos han obstaculizado la
capacidad del país para importar el combustible que necesita para diluir y
procesar su crudo pesado. Esto, combinado con los continuos apagones en todo el
país, hizo que la producción petrolera venezolana se desplomara y el costo de
la gasolina se disparara.
A
pesar de que Colombia tiene menos del uno por ciento de las reservas de su
vecino, ahora produce más petróleo que Venezuela.
“El
colapso no solo afecta a las 3.000 a 4.000 personas que directamente vendían
gasolina en las calles”, dice Wilfredo Canizares, director de Fundación
Progresar, un grupo de derechos humanos que brinda información sobre la
frontera con Venezuela. “También afecta a todas las personas empleadas
indirectamente, así como a la economía local. Y a medida que los precios de la
gasolina aumenten, también lo hace el costo de los alimentos”.
Este
es un problema particular para La Guajira, una de las regiones más pobres del
país. La pobreza extrema hace a los residentes especialmente vulnerables.
Del
combustible a la cocaína
La
Guajira es conocida por sus cultivos de coca. Refinar la coca cruda y
convertirla en cocaína requiere grandes cantidades de gasolina. El veintiocho
por ciento de toda la gasolina consumida en Colombia, aproximadamente 70
millones de galones (265 millones de litros) por año, se utiliza para la
producción de cocaína. Antes de que se derrumbara el mercado negro de la
gasolina, los laboratorios que procesaban la coca dependían especialmente de
ese mercado para satisfacer sus necesidades.
Debido
a la escasez, algunos propietarios de estaciones de servicio del estado de
Norte de Santander, donde el combustible está subsidiado por el gobierno,
venden su gasolina a laboratorios de cocaína en La Guajira.
Canizares
dice que estos propietarios trabajan para mover la gasolina hacia el norte con
la ayuda de los políticos locales de Cúcuta, que reciben sobornos. A medida que
aumenta la demanda en el mercado negro de La Guajira, dice, también lo hace el
tamaño de estos envíos.
“Este
ha sido siempre el caso, pero ahora está ocurriendo en una escala más grande”,
señala Canizares. Las investigaciones realizadas por InSight Crime, una
fundación que estudia el impacto de la criminalidad en los derechos humanos en
América Latina, respalda la evaluación de Canizares.
La
batalla por las ‘trochas’
En
la frontera entre Colombia y Venezuela hay innumerables caminos ilegales o
“trochas” controlados por tres fuerzas: paramilitares colombianos,
izquierdistas venezolanos conocidos como “colectivos” y combatientes de
izquierda del Ejército de Liberación Nacional (ELN), originarios de Colombia.
pero que ahora operan en ambos países. La lucha entre los grupos se ha
intensificado desde que se secaron las considerables ganancias del contrabando
de gasolina.
“Hemos
visto una disminución general del crimen dentro de la ciudad [de Cúcuta]”, dice
el coronel José Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de
Cúcuta. “Pero en el último mes, hemos visto un aumento en la extorsión a lo
largo de la frontera, así como más violencia en las trochas”.
El
coronel López le dijo a Al Jazeera que, aunque la policía en la región destruye
todas las trochas que pueden, los criminales que controlan esos caminos
simplemente forjan otros nuevos.
La
venta de bienes de consumo, alimentos, medicinas y drogas ilegales a Venezuela
sigue siendo un negocio muy rentable. Venezuela reabrió oficialmente la frontera
a los peatones el 7 de junio. Y el 8 de junio, los funcionarios de inmigración
colombianos informaron que 30.000 venezolanos cruzaron a Cucuta, la mayoría de
ellos para comprar bienes que necesitaban desesperadamente antes de regresar a
casa.
Pero
aquellos que transportan grandes cantidades de mercadería, ya sea contrabando o
sin documentación oficial, todavía usan las rutas de contrabando.
López
dice que el 8 de junio se gastaron 1,4 millones de dólares en bienes de consumo
en una sola área: el barrio de La Parada, al pie del Puente Simón Bolívar que
cruza hacia Venezuela.
Muchos
de esos productos fueron transportados de vuelta a través de las trochas, donde
los criminales armados cobran 5.000 pesos (USD 1,60) por los que pasan con las
manos vacías y 20.000 (USD 6.75) por cada persona que lleva mercancías.
Danny
Pérez, de 19 años, de Caracas, vende refrescos en las calles de La Parada. Es
uno de los miles de comerciantes informales en un bullicioso y caótico mercado
al aire libre. “Todos aquí pagan la vacuna [precio de extorsión]”, dice. “Para
los chicos pequeños como yo, es de 3.000 pesos por día [aproximadamente USD 1],
pero el precio depende del tamaño del negocio. Los restaurantes y los dueños de
las tiendas pagan mucho más”.
El
30 de mayo, los criminales lanzaron una granada en un restaurante lleno a la
hora del almuerzo porque el propietario se negó a pagar la raqueta de
protección. Y La Parada ha experimentado batallas armadas casi mensuales entre
los tres grupos criminales que luchan para controlar un territorio que la
policía estima que genera más de USD 20.000 diarios.
“Nuestra
organización recopila información y ayuda a localizar a las personas que han
desaparecido tratando de cruzar la frontera”, dijo Wilfredo Canizares a Al
Jazeera. “Tenemos 900 casos abiertos. En el último mes, hemos recibido solicitudes
para encontrar 60 personas. La gente simplemente desaparece en las trochas
todos los días”. Lamentablemente, la mayoría de ellos nunca se encuentran.
¿Una
frontera abierta mejorará la situación?
Los
funcionarios esperan que la apertura de la frontera del lado venezolano tenga
un efecto estabilizador en el tráfico transfronterizo. Pero Cucuta y sus
ciudades hermanas venezolanas de San Cristóbal y Ureña siempre han tenido
economías interdependientes que dependen en gran medida del contrabando, y es
poco probable que eso cambie.
“Mientras
menos personas crucen los caminos ilegales, mejor es”, dice Canizares. Parra
dice que ha tenido suficiente, y con su familia se dirigen a Santa Marta, una
ciudad costera a 700 km al noroeste de Cúcuta. “Nos vamos”, dice. “Podría
contrabandear comida a Venezuela, pero es demasiado peligroso. La policía no
puede detener el contrabando. Los traficantes siempre encontrarán la manera de
hacerlo. Siempre encontrarán algo que valga más en el otro lado”.
Por Joshua Collins.
Traducción libre del inglés
por lapatilla.com