Prensa. Espacio Público.
El
mes de mayo de 2019 cerró con un saldo de 114 denuncias de violaciones del
derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 60 víctimas, en su
mayoría periodistas (29), medios de comunicación (13) y portales y plataformas
web (6) bloqueadas especialmente en momentos donde el presidente de la Asamblea
Nacional (AN) Juan Guaidó realiza actividades de calle o discursos
públicos. Los principales responsables
de las vulneraciones al derecho siguen siendo los cuerpos de seguridad,
instituciones y funcionarios públicos.
El
inicio del mes estuvo marcado por los 12 casos de violaciones a la libertad de
expresión ocurridos el 1ro de mayo, día en el que el presidente de la AN
convocó a una jornada de protestas de calle, el patrón de violación que destacó
fue el ataque a periodistas en cobertura. Heridas de perdigón, robos y
agresiones físicas a manos de efectivos de orden públicos fueron los casos más
comunes que se contabilizaron ese día.
¡Jornada
difícil!
Actualmente
en Venezuela la función informativa supone riesgos físicos para periodistas y
reporteros gráficos. No es normal que en la labor de buscar y difundir
información, los trabajadores de la prensa resulten insultados o heridos como
pasó el miércoles 1ero de mayo en varias zonas del país.
Altamira
fue el centro de las manifestaciones en Caracas, en esta zona efectivos de
seguridad del Estado dispararon contra periodistas que realizaban la cobertura
en el Distribuidor. El periodista Mauricio Cruz informó a través de su cuenta
en Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana estaba disparando contra él y
sus compañeros.
En
el hecho, el periodista Gregory Jaimes, de Venezolanos por la Información
(VPITV), resultó herido de perdigón mientras cubría enfrentamiento entre grupos
civiles y armados. Jaimes fue herido en el lado izquierdo del rostro, en su
dedo izquierdo y en el brazo derecho. De la misma forma, el reportero gráfico
Jhon Q fue retenido, pateado y posteriormente herido en su brazo izquierdo por
un efectivo de seguridad.
No
fue solo en Caracas, en el estado Carabobo, la periodista del portal digital El
Pitazo, Ruth Lara Castillo, fue hostigada y empujada por un funcionario de la
Policía de Carabobo (PoliCarabobo), mientras se encontraba en las cercanías de
la parroquia San Blas en Valencia haciendo cobertura de las manifestaciones en
la entidad.
El
funcionario quien estuvo durante todo el tiempo con el rostro cubierto, hostigó
al resto de los periodistas, calificándolos como “ratas” y culpándolos de ser
“los primeros que quieren muertos” en el país. También aseguró que los
periodistas “deben ir presos” por ser cómplices de la rebelión.
En
la capital del estado Lara, efectivos de seguridad dispararon una bomba
lacrimógena contra José Daniel Sequera, reportero gráfico de La Prensa de Lara,
mientras cubría enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de la GNB en
Barquisimeto.
El
periodista independiente Yorvin García fue agredido por un grupo de personas
que se identificaron como simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro. García
tenía puesto un chaleco identificado como «prensa» cuando hacía cobertura de la
manifestación en la Av. Venezuela en Barquisimeto; en medio de la represión que
funcionarios policiales y civiles armados aplicaban contra los manifestantes,
García se resguardó en la vivienda de unos vecinos de la Avenida Carabobo.
Sin
acceso a la Asamblea Nacional
Efectivos
de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el ingreso de la prensa a la sede
de la Asamblea Nacional durante todo el mes, privando a los venezolanos la
posibilidad de presenciar el debate realizado en las sesiones ordinarias del
día 7, 14, 15 y 21 de mayo. La
restricción estuvo a cargo del Mayor General de la GNB Leonardo César Malaguera
Hernández, quien semana a semana dispuso un operativo de seguridad que negó la
entrada de los medios al hemiciclo.
El
30 de mayo se intentó entregar una carta suscrita por el Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y
la organización no gubernamental Espacio Público al Mayor General Malaguera
Hernández, donde se le exige el respeto al ejercicio periodístico dentro de la
AN. La carta no fue recibida en un primer y segundo intento y a pesar de la
insistencia de los representantes de las organizaciones el Malaguera no
respondió a diversos intentos para que recibiera el documento.
Durante
las cuatro semanas de mayo las afueras del Palacio estuvieron rodeadas por
grupos de civiles afectos al gobierno nacional, quienes hostigaban y gritaban todo
tipo de insultos hacia los periodistas y medios que intentaban ingresar a la
sede legislativa después del fallido levantamiento militar del pasado 30 de
abril que lideró Juan Guaidó.
Continúa
la censura
Durante
mayo, el bloqueo informativo no permitió que los canales de señal abierta
Televen, Globovisión, Venevisión y Tves transmitieran información sobre lo
ocurrido en las calles venezolanas, lo mismo sucedió con las principales
emisoras de radio, sumando incluso restricciones del servicio de telefonía
móvil y fija provisto por la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima
Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), que en ocasiones impedía a los
ciudadanos conectarse a internet a través de ABA y acceder a Twitter, Facebook,
Instagram y la plataforma de videos YouTube por donde los canales de tv digital
realizan transmisiones en vivo.
El
acceso a Internet continuó restringido para los usuarios del principal
proveedor de servicios, la estatal CANTV, quien mantuvo bloqueado el acceso a
Youtube durante las alocuciones de Guaidó, sesiones ordinarias de la AN y
cualquier otro evento vinculado con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Es una constante que la empresa estatal proveedora de servicios de Internet
CANTV, bloquee el acceso a las plataformas de videos por donde canales de
televisión digital, periodistas y diputados hacen la transmisión de la
coyuntura actual que vive el país.
No
solo son bloqueos, la labor informativa se ve limitada cuando portales
informativos como Runrun.es, sufren ataques cibernéticos. El pasado sábado 25
de mayo, Runrun.es sufrió un ataque que mantuvo bloqueado el acceso a la página
privando a los ciudadanos de acceder a la información allí publicada. Se trató
de un ataque de denegación de servicios (DoS) realizado luego de que publicaran
un trabajo de investigación sobre el desempeño de las Fuerzas de Acciones
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB) en Caracas.
Sobre
los detalles del ataque, el director del sitio web, Nelson Eduardo Bocaranda
informó a Espacio Público «sufrimos un ataque DOS mediante un POST ATTACK en
WORDPRESS, El contenido que atacaban era una nota original que hacemos con el
levantamiento de datos en las morgues y entrevistas en comunidades de las
víctimas y con familiares».
¡Intimidación
a la orden!
Acceso
a edificios o espacios públicos negados, libertad de desplazamiento impedida,
inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas,
retenciones y detenciones sin orden judicial, amenazas de funcionarios con la
aplicación de sanciones a través de algún organismo gubernamental o el común
asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas, son algunas de las
limitaciones a las que se ven expuestos los periodistas y medios de
comunicación en Venezuela. En mayo se registraron 20 casos, entre los que
destacan:
Un
efectivo de la Policía de Caracas (PoliCaracas) hostigó al fotoperiodista del
portal de noticias Crónica Uno, Gleybert Asencio, mientras cubría protesta de
familiares y pacientes en el Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas el 29
de mayo. Asencio informó que el funcionario le indicó debía tomar los datos de
los periodistas que estaban realizando la cobertura de la protesta. Luego del
periodista negarse y cuestionar para qué querían los datos el funcionario le
indicó que “no habrá represalias”.
En
el estado Bolívar, la periodista de la agencia AFP, Pableysa Ostos, fue
intimidada por un funcionario de seguridad el 17 de mayo mientras hacía
cobertura de los efectos de la escasez de gasolina que se ha generado en todo
el país, con énfasis en los estados del interior.
Ostos
se dirigió hasta una estación de servicio cerca del Centro Comercial Biblos, en
Puerto Ordaz cuando el efectivo militar le ordenó retirarse del lugar porque no
podía grabar, entrevistar, ni tomar fotografías. La perioditsa cuestionó al
funcionario sobre el por qué no podía realizar el trabajo si en otras
estaciones de serviciolo había hecho sin problemas.
Cuando
se disponía a marcharse del lugar, un usuario que estaba haciendo la cola para
surtir su tanque, le expresó que quería hacer una denuncia con respecto a la
situación. Ostos le instala el micrófono y el efectivo de seguridad le arrebató
el instrumento al ciudadano, alegando que si deseaba declarar debía hacerlo
fuera de las instalaciones.
La
actuación violenta de los cuerpos de seguridad es una constante también en
Táchira, los reporteros Freddy Villamizar de Noticias TRT y Manuel Cardozo de
Ecos del Torbes, fueron agredidos con bombas lacrimógenas por funcionarios de
la Policía del Táchira, mientras hacían cobertura por retención de una gandola
de gasolina en la avenida Libertador de San Cristóbal.
Cardozo,
en entrevista a Espacio Público, informó que tanto él como Villamizar y otro
reportero que pidió no revelar su nombre, llegaron hasta el lugar porque varios
ciudadanos estaban en cola esperando por el combustible, cuya crisis se ha
acentuado en toda Venezuela, específicamente en el interior del país. Detalló
que los efectivos de seguridad se presentaron en el sitio lanzando gases y
perdigones y algunas esquirlas alcanzaron a los reporteros sin causar daños
mayores.
En
el estado Portuguesa, la reportera del canal Venezolanos por la Información
(VPITV), Mariángel Moro, fue apuntada junto a su camarógrafo por funcionarios
policiales con armas de fuego, mientras cubría una situación de heridos y
muertos que fueron ingresados al Hospital Jesús María Casal tras motín en los
calabozos de la Policía del municipio Páez en Acarigua. Tanto Moro como su
camarógrafo fueron amedrentados hasta que tuvieron que retirarse del lugar no
sin antes borrar el material que anteriormente habían grabado.
Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) condenó el cierre de la Radio Caracas Radio-750 AM y
manifiestó su profunda preocupación por los permanentes mecanismos de censura
impuestos en Venezuela a medios tradicionales, señales de televisión por
suscripción, bloqueos de plataformas, redes sociales y restricciones en el
acceso a internet. En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de
abril de 2019 en Venezuela, en la que las autoridades estatales también
intensificaron las agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales
extranjeros.
La
Relatoría recordó que el Estado tiene el deber de garantizar que los
periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa
en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados,
agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo
su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni
confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la
libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones
necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio
interés público como los referidos a las protestas sociales.
En
este sentido, la Relatoría Especial hizo un llamado urgente a las autoridades
con el fin de que se reestablezca la transmisión de la emisora Radio Caracas
Radio y de los canales de televisión retirados del aire y cesen las medidas de
censura contra los medios de comunicación en Venezuela. Asimismo, instó al
Gobierno a abstenerse de bloquear y restringir el acceso a sitios web y redes
sociales, y a proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de las
personas manifestantes y de los comunicadores de prensa que cubren dichas
manifestaciones. Finalmente, la Relatoría exhortó al Estado a adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las labores de los
comunicadores sociales de manera libre e independiente, así como para
garantizar el derecho de acceso a la información de la población venezolana.