Prensa.
SIP.
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación sobre el nuevo
Código Penal de Honduras que mantiene la penalización de los delitos contra el
honor e impone cárcel a la divulgación de información oficial reservada,
medidas que podrían adoptarse como represalias contra la libertad de prensa y
el libre ejercicio del periodismo.
El
nuevo Código Penal -que entrará en vigencia en noviembre fue aprobado en mayo y
sustituirá al de 1983- solo reduce, pero no suprime la pena de cárcel por los
delitos de calumnia. El nuevo castigo pasa a ser de un mínimo de seis meses a
un máximo de un año cuando antes llegaba hasta tres años. Por otra parte, el
delito de injuria fue descriminalizado, solo será del ámbito civil.
La
presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País,
Cali, Colombia, expresó que "al mantener la criminalización de los delitos
contra el honor, el nuevo Código Penal no diluye el efecto intimidatorio que
puede afectar el ejercicio libre del periodismo". Agregó que "nos
asombra que los legisladores hondureños no se plieguen a la tendencia en las
Américas de descriminalizar los delitos contra el honor tal como indica la
jurisprudencia interamericana sobre la materia".
El
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock,
director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, añadió que
"confiamos en que el Congreso tenga voluntad para revisar, modificar o
derogar algunos de los artículos que han generado polémica, entre ellos también
el relativo a la divulgación y obtención de información secreta que se castiga
con prisión y desalentaría al periodismo de investigación y denuncia".
Domínguez
y Rock esperan que en la nueva ronda de conversaciones en el Congreso de la que
participará la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras y fue
solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH),
se revisen las normas del Código Penal controversiales, acorde a los estándares
y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La
descriminalización de los delitos contra el honor ha sido adoptada, entre
otros, en Argentina, Bermudas, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá,
Uruguay y Chile en forma parcial.
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