El sexto mes del año
cerró con un saldo de 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión,
afectando a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de
comunicación (8), destacan como principales victimarios están los cuerpos de
seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.
Prensa.
Espacio Público.
En junio, la labor que
supone buscar y difundir información logró que el número de violaciones
aumentara a más de 700 en lo que va de año, 78 de éstas, corresponden a
detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle. Cierres de
medios de comunicación, canales fuera de la oferta en Venezuela y agresiones a
periodistas marcaron el mes.
El
Estado victimizante
Más
de la mitad de los responsables de las violaciones a la libertad de expresión
en junio fueron funcionarios e instituciones del Estado, quienes usan su
autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, principalmente
de carácter público, afectando directamente a los periodistas y a todos los
ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las
coberturas en tiempo real.
Destaca
el caso de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres,
corresponsales en el estado Zulia de los medios digitales venezolanos por la
Información (VPITV), y TVVenezuela. Quintero y Torres fueron intimidados por
funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales
estaciones de servicios, haciendo cobertura sobre la escasez de combustible en
la ciudad de Maracaibo: “Para grabar deben pedirle permiso a mi sargento”,
exclamó el oficial.
En
el oriente del país, dos funcionarios de la Policía Regional de Anzoátegui
(Polianzoátegui) detuvieron y le robaron el celular al periodista de Radio Fe y
Alegría, José Félix Millán cuando realizaba un trabajo periodístico también
sobre la escasez de gasolina en la región.
También
en el estado Anzoátegui, el reportero del canal de televisión digital venezolanos
por la Información (VPI TV), Jesús Bastidas, fue amenazado por un funcionario
de la Policía del municipio Urbaneja (PoliUrbaneja) cuando realizaba un
recorrido por las estaciones de servicio del municipio Lechería, quien le
prohibió seguir grabando, y lo obligó a retirarse del lugar: “No me interesa,
no sigas grabando porque si no te voy a poner los ganchos”
En
Caracas el patrón se repitió en el sector La Campiña cuando funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apresaron a Ronald Peña,
reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis,
mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petróleos de Venezuela
(Pdvsa). “Me dijo: está prohibido hacer tomas de Pdvsa, El Pitazo es un medio
opositor”.
Más
restricciones
En
junio el Tribunal Supremo de Justicia sentenció al portal informativo
Lapatilla.com a pagar 30 mil millones de bolívares al presidente de la
ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello por “daño moral e
injuria”.
La
sentencia emanada de la Sala de Casación Civil señala que la demanda por daño
moral contra Lapatilla.com se mantiene, teniendo que resarcir el monto mil
millonarios en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un juez de Primera
Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será
objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.
La
sentencia contra Lapatilla.com es una medida arbitraria en represalia por la
difusión de información de interés público en Venezuela. Espacio Público
rechaza esta sentencia porque vulnera los derechos contemplados en la Carta
Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución que
obligan a todos los jueces de la República a garantizar la protección judicial
de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos previstos en
tratados internacionales.
El
proceso desconoce abiertamente los derechos de libertad de expresión, debido
proceso y tutela judicial efectiva. Se castiga la difusión de información de
interés público que compromete la conducta de un alto funcionario. La sentencia
forma parte de la política del Estado venezolano de imponer un cerco
informativo a través de la censura, la criminalización y las sanciones
desproporcionadas.
A
merced del hampa
Los
medios no escapan al aumento en los índices de inseguridad en el país, con el
agravante que en un contexto de hiperinflación la reposición de los equipos es
cada vez más difícil.
En
el estado Mérida, la mañana del lunes 4 de junio, personal obrero de ULA TV y
ULA FM 107.7 denunciaron el robo de la estación desde donde se transmitían vía
web las sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA),
en Mérida. Los delincuentes cargaron con los cables de corriente, video y
sonido, además de llevarse dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde
está ubicado el salón donde sesiona el Consejo Universitario de la ULA.
El 8
de junio, malhechores robaron la sede de Radio Fe y Alegría 103.9 FM en Anaco,
estado Anzoátegui, durante la madrugada rompieron uno de los candados,
destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tableta y una cámara
fotográfica.
Sin
internet
Una
falla compleja con el servidor DHCP de la empresa de la estatal Compañía
Anónima Nacional Teléfonos Venezuela (Cantv) dejó sin servicio de internet a
varias zonas de la capital del país incluyendo Macaracuay, Colinas de Bello
Monte, Petare, avenida Fuerzas Armadas, Valle Coche, urbanización El Llanito,
Chacao, San Agustín del Norte, urbanización Alta Florida, La Campiña, calle La
Floresta, Boleíta Sur, Altamira, Chacao y Chacaíto.
Por
su parte, Cantv informó que su equipo técnico se encontraba realizando labores
en la plataforma para solventar el problema y restituir el servicio de manera
progresiva, sin embargo, pasadas más de 30 horas desde que ocurrió la falla,
usuarios seguían reportando la avería.
En
el estado Cojedes, los continuos apagones, agravados por el inicio de la
temporada de lluvias causaron la explosión de un transformador eléctrico que
dejó sin señal a parte de la audiencia de Class 98.7 FM, informó la directiva
de la radio el 2 de junio.
Pese
a que las lluvias no son un hecho atribuible al Estado la falta de
mantenimiento de la infraestructura sí lo es; al igual que la crisis económica,
representan un elemento determinante en este tipo de casos, pues los medios de
comunicación no cuentan con recursos suficientes para sustituir equipos. Como
resultado final, el ciudadano ve mermado su derecho a recibir y buscar
información.
Pedro
Jaimes: Un inocente en El Helicoide
Un
año y dos meses detenido injustamente: 426 días en una celda del Sebin,
custodiado por funcionarios. Lo desaparecieron por 35 días, le fracturaron una
costilla a golpes, lo torturaron con electricidad y simularon asfixiarlo
utilizando bolsas rociadas con insecticida. Pedro tuiteó la ruta del avión
presidencial el 3 de mayo de 2018, información pública en internet y que todo
venezolano tiene derecho a conocer.
Antes
de ser detenido arbitrariamente Pedro vendía productos en internet por Mercado
Libre, buscaba las medicinas para su hermana Trina, se ocupaba de las compras
para la familia, y se dedicaba a publicar en su cuenta de Twitter @AereoMeteo
diversa información aeronáutica, sobre el clima, y política. El tuit por el que
lo detienen tenía sólo 12 RT para la fecha y mostraba al avión presidencial
dirigiéndose al estado Aragua.
El
Estado no tiene argumentos válidos que respalden los cargos que se le imputan a
Pedro, la publicación que hizo en Twitter no fue producto de “espionaje”: se
conseguía mediante una simple búsqueda en Google. La legislación nacional e
internacional resguarda el derecho a la información pública sin restricciones,
incluso numerosas organizaciones se han pronunciado exigiendo su liberación ya
que el arresto de Jaimes vulnera sus derechos fundamentales además de exponerlo
en el día a día a tratos degradantes.
Pedro
está actualmente recluido en una celda de 3×2 metros sin ventilación ni luz
eléctrica, que comparte con un recluso acusado de narcotráfico. Ambos disponen
del mismo baño, sin puerta, que asean una vez al día únicamente cuando les
llegan tobos de agua de la cisterna que surte a El Helicoide. En octubre de
2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a
Pedro, al parecer esa fue la razón por la que dejó de compartir una celda de
3×12 metros cuadrados con 17 personas.
El
dolor por la costilla rota le impide a Pedro mantenerse sentado por mucho
tiempo, además no puede cargar peso, por lo que sólo dispone para su aseo de
los tobos de agua que le pueden cargar hasta la celda: los coloca pegados a la
pared, los tapa, y purifica el agua con el cloro que le hacen llegar sus
familiares para poder bañarse algunos días a la semana.