Prensa.
Diario Las Américas.
Un
total de 15.315 personas, la mayoría ciudadanos de Venezuela, se han
beneficiado del permiso de residencia por razones humanitarias en lo que va de
2019, según datos del Ministerio del Interior español. El Gobierno activó el
pasado mes de enero esta herramienta para autorizar la residencia y trabajo a
aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les haya denegado la protección
internacional desde el año 2014.
El
permiso, cuya duración es de un año y es prorrogable a dos, está contemplado en
la Ley de Asilo y Refugio bajo la figura de 'ayuda humanitaria'. Debido a la
"compleja" situación que atraviesa el país, el Gobierno comenzó a
concedérsela a los ciudadanos venezolanos que vieran rechazada su petición de
asilo por la vía convencional.
Precisamente
los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de
asilo en España. Desde el 1 de enero hasta el 30 de julio de 2019, unos 23.102
ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, lo que
supone menos de la mitad de las 65.500 personas que la han pedido este año.
Teniendo
en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de
resoluciones favorables de asilo, el Ministerio del Interior habilitó para los
venezolanos esta herramienta, con el objetivo de "reducir el stock"
de peticiones presentadas y pendientes de resolución.
De
acuerdo a los datos de Interior, entre enero y agosto la Oficina de Asilo y
Refugio (OAR) ha elevado a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio
(CIAR) un total de 24.645 expedientes, prácticamente el doble de los que se
resolvieron en todo 2018 (12.889).
Desde
su llegada al Gobierno, el ministro Fernando Grande-Marlaska, expresó su
intención de "reforzar" con más personal y medios la Oficina de Asilo
y Refugio (OAR) para agilizar el trabajo, si bien estos cambios aún no están
consolidados y los avances en el número de expedientes resueltos responden más
a un "esfuerzo adicional", tal y como señalan fuentes de Interior a
Europa Press.
Estas
mismas fuentes destacan, no obstante, el ritmo "muy superior" al que
se están resolviendo los expedientes en comparación al año pasado. En 2018, se
determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir,
un promedio al mes de unas 1.074.
Por
su parte, la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí,
defendió la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a
solicitantes de protección internacional en España "que permita proteger a
quienes tienen derecho a la protección internacional", manifestó.
En
este contexto, advirtió de la falta de plazas y del "colapso" del
sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo que no son
beneficiarios de dicha protección internacional.
"Las
personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son
usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos de
darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo porque lo
que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes
verdaderamente tienen ese derecho", aseveró.
FUENTE:
EUROPA PRESS