En el primer semestre de 2019 los pasos informales conocidos como "trochas” fueron escenarios de un incremento de actividad legal e ilegal debido al cierre de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión, que conectan el estado Táchira (Venezuela) con el departamento del Norte de Santander (Colombia) por orden del gobierno venezolano.
Prensa. FundaRedes.
Una intensa actividad ilegal además de todo tipo crímenes en las trochas fronterizas continúan registrándose tanto en los estado Táchira, Zulia y Apure, desde que el paso fue reabierto en junio de 2019, según se desprende del boletín N°15 presentado recientemente por FundaRedes bajo el título: «Grupos armados irregulares imponen la dinámica del crimen en las trochas fronterizas».
El 21 de marzo de 2019 FundaRedes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por la actuación de los grupos armados irregulares en los pasos ilegales en territorio fronterizo durante el cierre de frontera en los puentes binacionales. La única respuesta obtenida fue de la Defensoría del Pueblo que señaló que remitiría el caso a la Fiscalía.
Lo más preocupante, de acuerdo al estudio, es que estos espacios se han convertido en escenario de crímenes contra venezolanos a manos de grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), “cuyos integrantes están inmersos en las poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira portando armas de guerra, vestidos de negro e identificados con brazaletes que hacen referencia ese grupo guerrillero, de acuerdo con testimonios de lugareños e investigaciones de cuerpos policiales colombianos”
No es solo la actuación del ELN en estos pasos ilegales – señala FundaRedes- sino también la confluencia de las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares Los Urabeños, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, el Frente Bolivariano de Liberación Nacional (FBL), una agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectivos armados venezolanos y bandas criminales con alto poder de fuego, entre la que destaca “La Línea”, una banda que antes controlaba puntos para contrabando y que en el segundo trimestre del año 2019 se convirtió en protagonista de una lucha territorial por los municipios Bolívar y Pedro María Ureña (Táchira).
Sobre esta organización, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Cúcuta, declaró al diario El Espectador que: “La Línea controla el puente internacional de Ureña y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente. Es el grupo más violento que hemos conocido. Les manda videos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana, porque se han encargado de reclutarlos”, reseña el informe.
De igual manera indica que durante la segunda y tercera semana de octubre de 2019, 11 personas fueron asesinadas en las trochas de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, “el modus operandi es desaparecer a las víctimas, torturarlas y matarlas. Los cadáveres generalmente aparecen baleados y maniatados. En los casos en que el hallazgo ocurre del lado venezolano de las trochas no ha habido pronunciamiento ni investigación de autoridades, los casos se han quedado en reportes de prensa tras los hallazgos de lugareños y denuncias de familiares de las víctimas”.
El trabajo de investigación destaca que a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera existen cientos de trochas, sobre todo desde el año 2015 cuando se multiplicaron abruptamente, las más transitadas se encuentran cerca de las poblaciones colombianas La Parada (donde muchas están identificadas por nombre o número), Escobal, Puerto Santander, Arauca y Maicao, en los alrededores de los puentes internacionales y en La Guajira.
“Táchira es el estado donde ocurre la mayor actividad en las trochas y, por ende, donde más grupos armados irregulares confluyen. Los municipios que tienen más conexión con los pasos ilegales son Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Rafael Urdaneta, Capacho Viejo, García de Hevia y Ayacucho”, afirman.
Desapariciones: Una trágica realidad
El informe de FundaRedes revela que 10 venezolanos han desaparecido en las trochas en lo que va de 2019, ante lo cual familiares y organizaciones han exigido a los gobiernos de Colombia y de Venezuela que activen un canal diplomático para evitar estos crímenes.
En el mejor de los casos - confirma Cañizares de la Fundación Progresar- las desapariciones solo pasan a engrosar listas, pues poco o nada se investiga al respecto, “en esta región es más fácil desaparecer a una persona que asesinarla”.
Al norte del estado Zulia – dice el boletín N°15 de la organización pro defensa de DDHH - existen más de 180 trochas conocidas, allí el único paso fronterizo formal es Paraguachón, mientras que la actividad ilegal se moviliza a través de trochas como La 80 y La Cortica, “por lo menos 14 trochas pasan por fundos privados ubicados en las parroquias Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira que han sido penetrados por grupos armados irregulares”.
Como se recordará en junio de 2019, FundaRedes aprovechó la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para instarle a que visitara y observara la situación en la zona fronteriza colombo-venezolana, a fin de que verificara la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el control ejercido por grupos irregulares en esos territorios.
Para la ONG venezolana en las trochas que unen a ambos países está presente una doble vulneración al derecho a la vida, pues si bien la responsabilidad directa por los crímenes allí cometidos recae en los grupos armados irregulares, el Estado venezolano falla en su compromiso de garantizar la vida de sus ciudadanos y de prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad. SM CNP7.996
BOLETIN N° 15 FUNDAREDES
GRUPOS ARMADOS IRREGULARES IMPONEN LA DINÁMICA DEL CRIMEN EN LAS TROCHAS FRONTERIZAS
Los puentes internacionales y los pasos informales fronterizos que conectan a Venezuela y Colombia son territorios en disputa entre grupos armados irregulares que pugnan por el control de actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión a quienes usan estas vías, en su mayoría migrantes indocumentados, tal como ha quedado evidenciado en investigaciones publicadas por medios de comunicación de ambos países y en estudios de organizaciones no gubernamentales.
En el primer semestre de 2019 los pasos informales conocidos como “trochas” fueron escenarios de un incremento de actividad legal e ilegal debido al cierre de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión, que conectan el estado Táchira (Venezuela) con el departamento del Norte de Santander (Colombia) por orden del gobierno venezolano.
El 21 de marzo de 2019 FundaRedes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por la actuación de los grupos armados irregulares en los pasos ilegales en territorio fronterizo durante el cierre de frontera en los puentes binacionales. La única respuesta obtenida fue de la Defensoría del Pueblo que señaló que remitiría el caso a la Fiscalía.
Desde que fue reabierto el paso en junio de 2019 ha persistido una intensa actividad ilegal en las trochas, con el agravante de ahora que se han convertido en escenario de crímenes contra venezolanos a manos de grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos integrantes están inmersos en las poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira portando armas de guerra, vestidos de negro e identificados con brazaletes que hacen referencia ese grupo guerrillero, de acuerdo con testimonios de lugareños e investigaciones de cuerpos policiales colombianos.
Pero además del ELN, en estos pasos ilegales también confluyen las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares Los Urabeños, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, el Frente Bolivariano de Liberación Nacional (FBL), una agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectivos armados venezolanos y bandas criminales con alto poder de fuego. Entre ellas destaca “La Línea”, una banda que antes controlaba puntos para contrabando
y que en el segundo trimestre del año 2019 se convirtió en protagonista de una lucha territorial por los municipios Bolívar y Pedro María Ureña (Táchira). Sobre esta organización, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Cúcuta, declaró al diario El Espectador que: “La Línea controla el puente internacional de Ureña y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente.
Es el grupo más violento que hemos conocido. Les manda videos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana, porque se han encargado de reclutarlos”. Durante la segunda y tercera semana de octubre de 2019, 11 personas fueron asesinadas en las trochas de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, de acuerdo con información de cuerpos policiales colombianos divulgada en la prensa y el registro realizado por Fundaredes. El modus operandi es desaparecer a las víctimas, torturarlas y matarlas. Los cadáveres generalmente aparecen baleados y maniatados. En los casos en que el hallazgo ocurre del lado venezolano de las trochas no ha habido pronunciamiento ni investigación de autoridades, los casos se han quedado en reportes de prensa tras los hallazgos de lugareños y denuncias de familiares de las víctimas.
A lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera existen cientos de trochas, sobre todo desde el año 2015 cuando se multiplicaron abruptamente. Las más transitadas se encuentran cerca de las poblaciones colombianas La Parada (donde muchas están identificadas por nombre o número),Escobal, Puerto Santander, Arauca o Maicao, en los alrededores de los puentes internacionales y en La Guajira.
Táchira es el estado donde ocurre la mayor actividad en las trochas y, por ende, donde más grupos
armados irregulares confluyen. Los municipios que tienen más conexión con los pasos ilegales son Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Rafael Urdaneta, Capacho Viejo, García de Hevia y Ayacucho.
De acuerdo con el registro de FundaRedes, hasta octubre de 2019 fueron asesinados 31 venezolanos en trochas o pasos ilegales en el estado Táchira y uno en Zulia. De las víctimas, 28 eran hombres y dos mujeres, otros dos casos aún están por determinar pues solo fueron halladas las cabezas. Es especialmente preocupante que cuatro de estas personas eran menores de edad: tres adolescentes. Además, ocurrieron tres crímenes múltiples entre febrero y octubre de 2019 en la trocha que une Boconó con Ureña, en San Antonio del Táchira y en el municipio Bolívar.
El 31 de octubre de 2019 FundaRedes introdujo ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira un documento en el que solicita iniciar una investigación en torno a que las autoridades venezolanas no realizan el levantamiento de los cadáveres de las víctimas cuando los hechos ocurren del lado venezolano de las trochas como lo exigen los procedimientos forenses y las leyes.
En mayo pasado, tanto las autoridades de Colombia y Venezuela documentaron de forma independiente al menos un enfrentamiento entre grupos criminales cada semana en los alrededores del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario en Colombia con San Antonio del Táchira.
DESAPARICIONES
FundaRedes lleva registro de que 10 venezolanos han desaparecido en las trochas en lo que va de 2019. Familiares y organizaciones le han exigido a los gobiernos de Colombia y de Venezuela que activen un canal diplomático para evitar estos crímenes. En el mejor de los casos, las desapariciones solo pasan a engrosar listas, pues poco o nada se investiga al respecto. Así lo confirma Cañizares, de la Fundación Progresar: “En esta región es más fácil desaparecer a una persona que asesinarla. Cuando acá ocurre un homicidio se sabe porque sale en las primeras páginas de los periódicos, pero cuando desaparecen a alguien, el crimen queda en silencio”.
Al norte del estado Zulia hay más de 180 trochas conocidas, allí el único paso fronterizo formal es Paraguachón, mientras que la actividad ilegal se moviliza a través de trochas como La 80 y La Cortica. FundaRedes ha constatado con el trabajo de campo que por lo menos 14 trochas pasan por fundos privados ubicados en las parroquias Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira que han sido penetrados por grupos armados irregulares. En varios de estos casos los propietarios han sido desplazados, otros son obligados a permitir el uso de estos pasos. En esta zona el grupo irregular con mayor presencia es el ELN, aunque también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico.
Por su parte, los llamados Pelusos, disidentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), tienen presencia entre la región del Catatumbo (Colombia) y territorio venezolano, según fuentes militares colombianas. Obedecen órdenes de alias Pácora y están dedicados especialmente al narcotráfico, el tráfico de combustible y la extorsión a los contrabandistas.
Mientras se mantuvo la prohibición de paso por los puentes internacionales las trochas sirvieron como válvulas de escape a la presión de los ciudadanos venezolanos para abastecerse de alimentos, medicinas y otros artículos escasos o inexistentes en el país, y se convirtió en la opción para miles de venezolanos que buscaban cruzar la frontera para emigrar. Esta situación fue aprovechada por los grupos armados irregulares que se instalaron en las trochas para controlar el paso de las personas y mercancías desde y hacia el territorio venezolano, lo cual no sólo constituyó una usurpación de las funciones que por ley tiene la Fuerza Armada venezolana sobre el resguardo de la soberanía y la seguridad nacional, sino además una flagrante violación al derecho a la libertad de circulación dentro y fuera del país, previsto en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en normas y tratados internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En junio de 2019 la organización aprovechó la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para instarle a que visitara y observara la situación en la zona fronteriza colombo-venezolana, a fin de que verificara la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el control ejercido por grupos irregulares en esos territorios.
En las trochas que unen a ambos países está presente una doble vulneración al derecho a la vida, pues si bien la responsabilidad directa por los crímenes allí cometidos recae en los grupos armados irregulares, el Estado venezolano falla en su compromiso de garantizar la vida de sus ciudadanos y de prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad, de acuerdo con sus obligaciones previstas en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en los términos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero más aún incurre en una grave falla por omisión al no investigar estas muertes y desapariciones.
Enlace del vídeo del boletín
Grupos irregulares se adueñan de pasos ilegales. https://www.youtube.com/watch?v=qdQm6E5OT_o&feature=youtu.be
Enlace del boletín en la web
https://www.fundaredes.org/2019/11/28/grupos-armados-irregulares-imponen-la-dinamica-del-crimen-en-las-trochas-fronterizas/
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