Prensa.
Voz de America.
El Plan Intersectorial de
Preparación y Atención del COVID-19, elaborado por la Oficina de la ONU para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), recomienda tener en cuenta las
alertas en Venezuela que podrían agravar la pandemia del COVID-19 en el país,
como los pasos irregulares en las fronteras, la escasez de insumos médicos, el
acceso limitado a servicios públicos, el retorno de migrantes venezolanos, el
alto nivel de vulnerabilidad económica, entre otros.
Venezuela, dice el texto,
se encuentra transitando de la fase 3 a la fase 4, “con los últimos casos
reportados probablemente autóctonos y productos de transmisión comunitaria”. Hasta
el 31 de marzo, la mayoría de los casos están en la región de Gran Caracas, que
tiene una mayor densidad población, aunque ya se han reportado casos en 20
estados.
Los estados fronterizos,
como Zulia, Táchira, Apure y Bolívar enfrentan riesgos altos dado que todos los
países vecinos ya reportan casos de COVID-19. El informe, elaborado por la
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitario, hace énfasis en
el aumento de casos en países vecinos como Brasil y Colombia, “con largas
fronteras con Venezuela en la cual personas siguen cruzando por pasos
irregulares”.
Así mismo, alude a las
limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia
porque no existen los insumos necesarios y, en cambio, hay una capacitación reducida
“en el uso de los equipos. A esto se le suman las fallas en los servicios
públicos básicos, agua y saneamiento; y los insuficientes recursos para atender
emergencias.
El texto también indica
que existe un alto nivel de vulnerabilidad económica de la población, obligando
a muchas familias a salir a la calle busca alimento e incrementado la
informalidad. Incluso, la población enfrenta dificultades para acceder a los
servicios del sistema de salud.
Atención especial
El plan señala que se debe
prestar especial atención a las personas que realizan labores mineras en el
estado Bolívar y Amazonas, “ya que es una zona endémica de malaria y dengue,
donde podría facilitarse la rápida propagación de la COVID-19”. Así mismo, el
retorno de venezolanos provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, entre otros,
desde mediados de marzo.
Advierte también que la
alta movilidad de personas, “particularmente hacia ciudades que tienen mejor
acceso a bienes y servicios y/o en las zonas fronterizas” incrementan el riesgo
de “exposición a la COVID-19 de poblaciones vulnerables, incluyendo a quienes
viven en condiciones de hacinamiento y en alojamientos insalubres”.
El informe se refiere a
las limitaciones de la respuesta humanitaria y a “la atenuación de las
sanciones permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la
epidemia”, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Fuerte impacto
La necesidades que tiene
la población venezolana puede exacerbar las vulnerabilidades de las personas.
Esto, incluso, podría dejar a Venezuela en el dime “entre tomar medidas
rigurosas para contener la transmisión del virus o mantener el status quo
socio-económico.
Por eso, la ONU hace un
llamado a mantener y ampliar las operaciones humanitarias en el marco del Plan
Humanitario de Respuesta (HRP por sus siglas en inglés), para apoyar a las
poblaciones más vulnerables pues, en el caso que el virus se propague, “habrá
un impacto inmediato en el sistema de salud, como ya se ha visto en países de
Asia, Europa y Norteamérica”.
Al existir graves casos,
se pondrá a prueba la capacidad del sistema de salud, “en especial tomando en
cuenta las interrupciones en el suministro de agua y electricidad, la escasez
de medicamentos e insumos médicos, la salida de profesionales de salud y la
capacidad operativa reducida de las salas de cuidados intermedios e
intensivos”, dice al plan. A esto se le sumaría la limitación de atención en
salud a otros sectores y necesidades de la población.
Si existe un incremento de
la cifras, habrá saturación de los servicios y hay preocupación por la capacidad
limitada de los servicios de morgue en hospitales e instalaciones forenses. Por otro lado, la “alta
demanda y restricciones de movimiento, podría haber escasez de productos
básicos de limpieza e higiene personal y un alza de precios (…) Asimismo, si los/las
trabajadores/as del campo dejan de tener acceso al combustible, podría
reducirse la producción de alimentos”.
Incluso, dice el plan, la
cuarentena puede limitar “aún más el acceso a servicios básicos de agua,
saneamiento y saneamiento ambiental en los hogares más vulnerables”. La cuarentena, incluso, ha
afectado la educación de los niños que deben permanecer en sus casas,
aumentando el riesgo de deserción escolar y la interrupción de la prestación de
servicios sociales para la población más vulnerable.
El cierre de las fronteras
con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a medicamentos
y reciben tratamientos del otro lado de la frontera. Pero aún más preocupante
es el aumento del uso y el costo de los pasos informales (o trochas): ” De un
promedio de 3.000 pesos (90 centavos de dólar) a 50.000 pesos (12 dólares)”. A
esto se le suman el estado crítico de permanencia de venezolanos en poblaciones
fronterizas, quienes esperan regresar a su país.
Población vulnerable
El Plan Intersectorial
dice que las personas más vulnerables, frente a la pandemia en Venezuela -como
en los otros países, son los adultos mayores, incluidos los y las cuidadores/as
de niñez, aquellos con problema médicos preexistentes, y el personal sanitario.
Pero, además, aquellos con
acceso limitado a agua, saneamiento e higiene. Las personas en movilidad,
retornadas, aquellos viviendo en condiciones de hacinamiento y las que viven de
la frontera en movimiento pendulares. Los detenidos, niñas y adolescentes en
riesgo, comunidades indígenas en las zonas no urbanas, discapacitado, mujeres
en situación de vulnerabilidad, centros de atención del adulto mayor, familias
con bajos ingresos y elevado gasto de bolsillo en salud para el acceso a
medicamentos e insumos indispensables.
El Plan
El informe señala que el
plan tiene como objetivo “contribuir a reducir la vulnerabilidad de la
población y evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante la pandemia de
COVID-19” y requiere de 72.100 millones de dólares para su implementación lo
que incluye “los componentes de salud, agua, saneamiento e higiene,
comunicación de riesgos y movilización social para enfrentar la COVID-19, y la
respuesta multi-sectorial a las personas retornadas incluida en el componente
de puntos de entrada, con un enfoque en los centros de alojamiento temporal”.
El costo de las demás
actividades críticas está en el Plan de Respuesta Humanitaria. Otros objetivos
del plan son apoyar el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud,
las capacidades para la prevención y control de infecciones en establecimientos
de salud y comunidades priorizados.
Así mismo, proporcionar
información idónea a la población, brindar atención multisectorial y asegurar
condiciones dignas y seguras en centros de alojamiento temporal para las
personas retornadas más vulnerables y reducir los riegos que las personas en
movilidad sean un vector para la propagación del virus.
Asegurar continuidad de
programas críticos y mitigar el impacto que pueden tener las medidas tomadas
para prevenir la transmisión del coronavirus sobre las necesidades de la
población más vulnerable del país.
Según el plan de la ONU,
se priorizará el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 16 de los 46
hospitales y centros centinelas, localizados en las zonas de Gran Caracas,
Táchira, Zulia, Apure y Bolívar; y en tres estados adicionales (Anzoátegui,
Lara y Falcón). También se enfocarán en fortalecer la capacidad de atención de
salud primaria en ambulatorios en los estados prioritarios. Así mismo, se intervendrán
las comunidades más vulnerables en términos de acceso a servicios públicos y
atención a personas retornadas.