Prensa. Sebastiana Barráez
@SebastianaB
El
agricultor Robert Maldonado denunció a las mafias que revenden la gasolina a
los productores agrícolas en el estado de Táchira. Sus hijos fueron juzgados en
un tribunal castrense, en una nueva violación al debido proceso.
En
los andes venezolanos llaman ferieros a quienes producen y trasladan las
hortalizas, verduras y frutas a diversos lugares del país, en las llamadas
ferias agrícolas. Uno de ellos se llama Robert Maldonado quien reside en el
pueblo de La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira. El pasado jueves 12
de marzo le detuvieron a sus dos hijos de 21 y 22 años. Pero no fue un hecho
fortuito, fue la venganza de unos militares que habían sido denunciados por
negociar con la gasolina del pueblo.
Maldonado
es el vocero de los agricultores de La Grita y desde hace muchos años ha
liderizado la defensa de ese sector, principalmente contra los cuerpos de
seguridad que tienen el negocio de la gasolina. Porque a los policías y
militares no les basta con adueñarse de la gasolina que llega al pueblo para
los habitantes, sino que han pretendido apropiarse de los 132 cupos que les
corresponde a los agricultores o ferieros que distribuyen los alimentos para
todo el país. De eso hay muchas denuncias de corrupción, tanto escritas como
verbales.
El
25 de junio 2019 Maldonado fue detenido, en una estación de servicio en La
Grita, por orden del Teniente Coronel Yasef Arafat Montiel González, comandante
de la Guardia Nacional en la zona; eso ocurrió cuando el líder feriero estaba
reclamando los cupos que le corresponden a los agricultores. El oficial de la
GNB ordenó, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
(CICPC), que lo encarcelaran y lo mantuvieron 11 horas detenido. Fue tal la
presión que hubo en el pueblo, sobre todo cuando se volcó a las calles en
defensa de Maldonado que se vieron obligados a dejarlo en libertad.
Esa
detención, arbitraria e ilegal, fue denunciada, al día siguiente, ante la
fiscalía vigésima con competencia en derechos fundamentales del Ministerio
Público en el estado Táchira. Y le agregaron las denuncias de corrupción,
incorporando pruebas, ante la fiscalía 23 con competencia en corrupción, pero
hasta ahora no han dado respuesta y mucho menos han iniciado investigación
alguna.
Grabó
a los militares
El
combustible en la montaña alta es un insumo importante para garantizar la
producción y la distribución de las hortalizas que desde la zona andina salen
para todo el territorio nacional.
Hace
tres años, por ejemplo, salían unos dos mil 800 camiones semanales, con cerca
de 28 millones de kilos de hortalizas, desde la montaña alta del Táchira, que
tiene su centro de acopio en La Grita, hacia otras regiones del país. Hoy
apenas salen unos 400 camiones que, aunque es un porcentaje mucho más bajo de
kilos de hortalizas, en esta época de crisis en Venezuela, representan un
número importante.
Las
mafias en la zona ya no llevan todo el combustible a la frontera, pero la
revenden a los productores. El gasoil es controlado por la Policía Nacional
Bolivariana, que lo resguarda para un grupo de pimpineros que siempre son los
primeros de las colas para surtirse.
El
día 26 de febrero 2020 Robert Maldonado volvió a denunciar públicamente y ante
la fiscalía 33 militar los abusos de funcionarios de la GNB del puesto de
Piedra de Moler, perteneciente al Destacamento 214 de la zona montaña, porque
surtían gasolina con chip manual pegado en la gorra del funcionario copiloto de
la unidad de la GNB número 1491. Es decir, usaban un chip robado para surtirse
de combustible en la estación de servicio Los Ángeles.
Robert
Maldonado grabó el momento en que eso ocurría y les exigió a los funcionarios
de la bomba de gasolina que tomaran acciones ante lo que estaba ocurriendo y
fue por eso que procedieron a cerrar dicha estación. Ya para ese momento el
líder feriero había tocado los intereses de varios funcionarios de ese
componente militar.
Contra
los hijos
El
12 de marzo 2020, es decir 15 días después del incidente con los guardias, en
la bomba Los Ángeles, un primo materno les pide a los hijos de Robert Maldonado
ir al puesto Piedra de Moler de la GNB en la vecina población de La Fría y
preguntar por un vehículo supuestamente de su propiedad.
Cuando
Roztbert Daniel y Robert Joan Maldonado Molina los dos jóvenes llegan al puesto
militar le preguntan al sargento que está en la alcabala por el vehículo en
cuestión. Él responde que allí no tiene la información, pero que se comunicará
con el destacamento 214 para obtenerla. “Por los problemas de cobertura
telefónica debo caminar cuadra y media”, les dijo.
Cuando
el sargento regresa, de hacer la llamada, invita a los jóvenes a ingresar al
puesto. Minutos más tarde hace presencia el teniente (GNB) Luis Alexis
Hernández Hernández, jefe del puesto Piedra de Moler, en compañía del capitán
Daniel Vielma, para notificarle a los dos muchachos que estaban detenidos
porque la camioneta por la que preguntaron pertenecía al grupo paramilitar Los
Rastrojos.
Roztbert
Daniel y Robert Joan les enseñaron una fotografía del título que su primo les
había enviado. El capitán le solicitó a los Maldonado que del teléfono de una
funcionaria telefonearan a su primo y grabaran la conversación para corroborar
su versión, lo cual quedó demostrado en la llamada.
Lo
insólito es que el capitán (GNB) Daniel Vielma se los llevó para el
destacamento 214 de la zona de montaña y los incomunicó de familiares y
abogados. Aunque eso ocurrió el jueves pasado, fue apenas el lunes 16, es decir
cuatro días después, que los presentaron ante el Tribunal Décimo Tercero de
Control Militar en La Fría, a cargo del mayor del Ejército Jhonder Duque.
Aunque
resulte asombroso el fiscal 33 militar, capitán René Mora Guerrero los acusa,
sin prueba alguna, de los siguientes delitos: Ultraje al centinela y
menosprecio a la Fuerza Armada. Y el
juez militar los privó de libertad y ordenó su reclusión en la Unidad de
Procesados Militares de la cárcel de Santa Ana del Táchira.
Por
cierto, en esa Fiscalía 33, el padre de los muchachos había denunciado, tiempo
atrás, al Teniente Coronal Franklyn Ribero Bayone, quien hoy es comandante del
Destacamento de San Antonio del Táchira, por su presunta complicidad y
participación en el contrabando de combustible que mafias llevan de La Grita
hasta la frontera.
Violación
de derechos y de la Ley
En
las maniobras del tribunal y los militares, se argumenta que los jóvenes
Maldonado Molina fueron detenidos el jueves 12 a las 5 de la tarde. El sábado
14 el fiscal 33 militar, capitán René Mora Guerrero, estuvo en el D-214, aunque
ese día se vencían las 48 horas de ley para la presentación fiscal.
Aunque
usted no lo crea, todo en el tribunal militar se lleva a mano. Como no hay
sistema, las actuaciones quedaron presentadas ante el tribunal el día 14 de
marzo a las tres de la tarde, para cumplir así con el lapso de
presentación. Solo presentaron las
actuaciones porque a los jóvenes nunca los trasladaron al tribunal.
En
los tribunales castrenses se manejan con un retorcido criterio de
encubrimiento. El tribunal fijó audiencia para ayer lunes, porque contando con
que las supuestas actuaciones entraron al tribunal el 14 interrumpieron el
lapso de 48 horas. Dijeron que aun el lunes, cuando habían pasado más de 80
horas, estaban dentro de las 48 horas que tiene el tribunal para celebrar la
audiencia y decidir sobre la presentación de detenido y calificación de
flagrancia. Es violación al debido proceso.
De
esa irregularidad gravísima ya tiene conocimiento la abogada Celeste Buitrago
de la Defensoría del Pueblo. Ahora,
también existe detención arbitraria, porque a los muchachos los dejan presos
porque los funcionarios de la Guardia Nacional dicen que Roztbert Daniel y
Robert Joan los empujaron y los trataron mal, de lo cual por cierto no hay
prueba alguna.
Pero
si eso hubiese ocurrido, ¿cómo es que lo llevan ante el Tribunal Militar y no
antes sus jueces naturales? siendo civiles debieron ser presentados ante los
tribunales ordinarios. ¿Sera que los militares quisieron asegurarse, con sus
compañeros de armas, de dejar detenidos a los dos chicos, para vengarse del
padre?
Cientos
de civiles, en Venezuela, han sido procesados en tribunales militares, violando
el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales. Tampoco en eso la comisión
de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha
logrado que el gobierno se detenga.