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Mundo, Economía y Negocios.
El
gobierno comenzará esta semana un nuevo intento por acabar la venta informal de
alimentos y otros bienes de primera necesidad con la ejecución de la parte
persuasiva de un plan que contempla hasta tres etapas.
Este
plan tiene como respaldo jurídico un decreto que anunció el presidente Nicolás
Maduro, que prohibirá la venta informal de los productos básicos.
"El
pueblo está indignado, que cuatro grupitos saquen los alimentos que sí están,
que sí se traen y se consiguen en la calle 1.000% más. Ese ladronaje se tiene
que acabar", dijo el mandatario el pasado jueves en cadena nacional.
Esta
no es la primera vez que el Gobierno intenta poner fin a la venta especulativa
de alimentos, productos de higiene y limpieza en las calles, principalmente
cerca de los mercados populares o en las zonas aledañas a los barrios.
En 2010, los ministerios de Comercio,
Agricultura y Tierras, Salud y Alimentación, publicaron en la Gaceta Oficial un
decreto en el que se prohibía a los vendedores callejeros la comercialización
de estos productos. Días más tarde, esta norma fue revocada por el entonces
presidente Hugo Chávez. La prohibición señalaba que no podían comerciarse en
mercados informales 20 productos
En
una rueda de prensa el pasado viernes, el superintendente de precios justos,
Andrés Eloy Méndez, señaló que el plan tiene tres etapas.
1.-
Educativa y pedagógica. Donde aquellos comerciantes que estén vendiendo estos
productos de manera ilegal firmarán una caución de no reincidencia.
2.-
Aplicación de la Ley. Con el decomiso de la mercancía y la imposición de multas
a quienes sigan vendiendo los productos.
3.-
Acciones penales. "La tercera fase corresponde a la aplicación de todo el
peso de la ley en la que los ciudadanos que violen la normativa legal de
precios justos quedarán a la orden del Ministerio Público".
En
el operativo que será lanzado el viernes, participarán el Servicio
Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), junto con
700 fiscales que se desplegarán con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
y los 27.000 inspectores del Sundde.
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