Prensa.
Correo del Caroní.
Codevida, Coalición de organizaciones
por los derechos a la salud y la vida, y las demás organizaciones que suscriben
este documento, exigen a las autoridades del Gobierno nacional tomar las
medidas urgentes que se requieren para garantizar que toda persona necesitada
de atención en salud, incluyendo tratamientos, exámenes de laboratorio y disponibilidad
de servicios de salud pública, la reciba de manera oportuna.
La crítica situación económica actual y
la dependencia del sistema de salud venezolano de materias primas e insumos
provenientes del exterior, implican que, aun poniendo en práctica de inmediato
los correctivos urgentes que se necesitan, no será posible garantizar atención
en salud a todas las personas que la requieren en menos de 6 meses.
Actualmente, la mayoría de los centros
de salud públicos, únicos disponibles para más del 60% de la población y
principalmente para los sectores de menos recursos, no cuentan con las
condiciones que garanticen una atención mínima adecuada, debido a la
disminución de cerca del 70% de sus medios para prestar servicios de
diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más del
50% del personal médico y la precariedad en la que se encuentran su
infraestructura y equipamiento.
A esta situación contribuye que no se
haya adoptado un marco jurídico e institucional que integre al sistema sanitario
de salud pública, y a través del cual se ejerza su rectoría, conforme a las
obligaciones constitucionales e internacionales del Estado con la protección de
los derechos a la salud y la vida.
Más del 90% de los medicamentos
esenciales, insumos médicos y repuestos de equipos en todo el sistema
sanitario, público y privado, son importados y, entre 2014 y 2015, el
suministro de divisas, cuya adquisición está sujeta a régimen de control, se
redujo en casi 50% para el sector salud. Esto se hizo sin tomar las medidas
necesarias para proteger a la población del desabastecimiento, el cual asciende
en 2016 al 80% de los requerimientos a nivel nacional y, sólo en lo que se
refiere a medicamentos, los procesos de reposición de inventarios podrían
tardar al menos 6 meses.
El acceso a información pública en
materia de salud no se garantiza, incluyendo las estadísticas epidemiológicas.
Los últimas datos oficiales de mortalidad corresponden a 2012 y los de
enfermedades y muertes de notificación obligatoria a 2014. Estos últimos se
divulgaron en febrero de 2016, después de haber suspendida su publicación por
más de un año. Las estadísticas sanitarias muestran un sostenido incremento de
las muertes maternas y neonatales, de la mortalidad por cáncer, enfermedades
del corazón, cerebrovasculares y asociadas al sida, así como de los casos de
malaria y dengue, por causa de un colapso sistémico de los programas y de la
infraestructura sanitaria nacional.
Las personas con condiciones crónicas de
salud física y mental, las embarazadas y niños recién nacidos, las personas que
requieren de intervenciones de urgencia, las personas con VIH, las personas en
zonas apartadas y en sectores urbanos de alta pobreza, las que se encuentran
privadas de libertad, poblaciones indígenas y otras afectadas por epidemias
producidas por vectores como el paludismo y el dengue, están sufriendo
innecesariamente de las consecuencias de esta crítica situación sin información
ni posibilidades de contar con soluciones en la brevedad requerida para salvaguardar
su salud y su vida.
La ayuda humanitaria es un mecanismo
idóneo y disponible para enfrentar esta extrema situación, en un contexto de
alta fragilidad desde el punto de vista jurídico, institucional, social y
económico, y debe ser solicitada a órganos internacionales con la experiencia
necesaria para poner en práctica los mecanismos de provisión, distribución y
control de insumos, reactivos y medicamentos, que garanticen su calidad,
seguridad y eficacia, y en la cantidad necesaria para permita distribuirlos con
base en los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. Incluye
además personal médico y asistencial.
Desde el punto de vista de la garantía
de los derechos humanos a la salud y la vida, no son aceptables, por una parte,
la provisión de insumos, reactivos y medicinas de calidad, seguridad y eficacia
no comprobables, y, por la otra, mecanismos de distribución basados en el
racionamiento selectivo por edad, sexo, ubicación geográfica o tipo de
condición de salud.
Es imperativo que el Gobierno nacional
apele a los mecanismos internacionales de ayuda humanitaria, pues son evidentes
los casos de sufrimiento y muertes evitables por falta de atención en salud,
así como los focos de violencia que están produciéndose en distintos estados por
la frustración y desesperanza que resultan de las largas colas y la
imposibilidad de conseguir o adquirir medicamentos.
El Estado venezolano no tiene
actualmente la capacidad institucional para responder a las urgentes
necesidades de atención en salud de la población venezolana. Los datos
señalados son producto de un sistema de salud público fraccionado, con
presupuesto insuficiente, infraestructura seriamente deteriorada, servicios de
agua y electricidad deficientes, equipos inoperativos o dañados y personal
insuficiente que trabaja en precarias condiciones.
Además, al menos en un mediano plazo, el
Estado venezolano tampoco tiene la capacidad para cubrir todos sus compromisos
económicos, lo cual tiene un impacto directo en sus posibilidades incluso de hacer
los aportes mínimos necesarios, tanto para mejorar su capacidad institucional
interna en salud, como para financiar por sí mismo mecanismos de importación de
insumos, reactivos y tratamientos, de calidad, seguridad y eficacia
comprobables, que permitan garantizar de inmediato y de manera sostenible los
derechos a la salud y la vida.
Codevida y las demás organizaciones que
suscribimos este documento, estamos dispuestas a contribuir, en la medida de
nuestras posibilidades, con todo esfuerzo que implique superar las graves
dificultades que afectan actualmente la garantía de los derechos a la salud y
la vida de la población venezolana.
1. CODEVIDA, Coalición de organizaciones
por los derechos a la salud y la vida
2. Acción Solidaria en VIH/Sida
3. Amigos Trasplantados de Venezuela
4. AVAL, Asociación Venezolana de Amigos
con Linfoma
5. AVH, Asociación Venezolana para la
Hemofilia
6. FUNCAMAMA
7. SenosAyuda
8. ACCSI, Acción Ciudadana Contra el
SIDA
9. ACIVA, Asociación Civil Impulso Vital
Aragua
10. Asamblea de Educación
11. Asociación Civil Ayúdame a Lograrlo
12. Asociación Civil Hepatitis C de
Venezuela
13. Asociación Civil Humberto Da Silva –
Enfermedades Genéticas Lisosomales
14. Asociación Civil Yo Reumático
15. AVEPEL, Asociacion Venezolana de
Pacientes con Enfermedades Lisosomales
16. AVESA, Asociación Venezolana para
una Educación Sexual Alternativa
17. AVESSOC, Asociación Venezolana de
Servicios de Salud de Orientación Cristiana
18. Caritas de Venezuela
19. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos
Mons. Oscar A. Romero de la Universidad de Los Andes
20. CATESFAM – Caracas, Centro de
Atención al Esquizofrénico y Familiares
21. Cecodap
22. Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello
23. Centro para la Paz y los Derechos
Humanos “P. Luis María Olasso”, Universidad Central de Venezuela
24. CEPAZ, Centro de Justicia y Paz
25. CIVILIS Derechos Humanos
26. CODEHCIU, Comisión de Derechos
Humanos y Ciudadanía Guayana
27. CODHEZ, Comisión para los Derechos
Humanos del Estado Zulia
28. Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Venezuela
29. Convite
30. Escuela de Vecinos de Venezuela
31. Espacio Público
32. FAMAC, Fundación Amigos de la Mujer
con Cáncer de Mama – Estado Zulia
33. FENASOPADRES, Federación Nacional de
Sociedades de Padres y Representantes
34. FEPAP, Fundación Ensayos para el
Aprendizaje Permanente
35. FUCCAM, Fundación Falcón Unidos
contra el Cáncer de Mama – Estado Falcón
36. Fundación Agua Clara
37. Fundación Aguaclara
38. Fundacion CIIDER
39. Fundación Venezolana de Hipertensión
Pulmonar
40. FUNDAMAMA – Estado Lara
41. Fundaquimio – Estado Carabobo
42. Fundaseno
43. FUNDIR, Fundación Isabel Rivas –
Estado Carabobo
44. FUNPAZ, Asociación Civil Fuerza,
Unión, Justicia, Solidaridad y Paz
45. FUNSAVIDA – Estado Barinas
46. FUNVIE, Fundación Venezolana de
Ingeniería Ecológica
47. LabPaz, Laboratorio de Paz
48. MAVID, Manos amigas por la Vida
49. Movimiento Vinotinto
50. Nueva Esparta en Movimiento
51. Observatorio de Derechos Humanos de
la Universidad de Los Andes
52. Observatorio Venezolano de Prisiones
53. Observatorio Venezolano de Salud
54. Padres Organizados de Venezuela
55. Pastoral de la Salud de la CEV
56. PROVEA, Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos
57. REDHNNA, Red por los Derechos Humanos
de Niños, Niñas y Adolescentes
58. Seno y Vida – Estado Táchira
59. Senos Saludables – Estado Bolívar
60. SENOSALUD
61. Sinergia, Asociación Venezolana de
Organizaciones de Sociedad Civil
62. SOHI, Sociedad Hominis Iura
63. StopVIH – Estado Nueva Esparta
64. Transparencia Venezuela
65. Unión Afirmativa
66. Unión Vecinal para la Participación
Ciudadana
67. Venezuela Diversa