Prensa. Espacio Pùblico.
Prólogo
Una vez más, las elecciones presidenciales de 2024 marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos en Venezuela. La represión estatal avanzó sustancialmente en la extensión de políticas y prácticas que constituyen graves violaciones a las libertades básicas. Como parte de un patrón ampliamente documentado por organismos locales, y diversos mecanismos de los sistemas internacionales de protección, las autoridades decidieron incrementar la violencia hacia quienes ejercen de forma legítima sus derechos.
Los más de 300 casos de violaciones a la libertad de expresión registrados dieron cuenta de una política de persecución con mayor alcance, pero con métodos ya conocidos, en contra de liderazgos sociales, políticos, periodistas, medios, activistas y ciudadanía en general. Las represalias se registraron a lo largo de 2024, con un pico postelectoral, pero siempre sujeto a motivaciones “políticas”, narrativas del poder en funciones que no son compatibles con la transparencia, la separación e independencia de poderes públicos, ni el Estado de Derecho.
En términos de libertad de prensa, la vuelta de tuerca represiva obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender parcialmente labores, o incluso renunciar a sus trabajos o cambiar de oficio. Tras las elecciones, se fortalecieron prácticas restrictivas, en el trabajo Entre la censura y la supervivencia: el periodismo venezolano tras el 28J damos cuenta del estado de la situación a partir de tres eventos: las protestas postelectorales, el apagón vivido en Nueva Esparta en el mes de noviembre, así como la desaparición y muerte del activista y locutor Edwin Santos.
La sanción y el avance de leyes regresivas complementan un escenario severamente restringido. El proyecto de ley de contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares aprobado en primera discusión se caracteriza por su naturaleza restrictiva, impone a los medios de comunicación el deber de “garantizar espacios libres de mensajes fascistas o similares”, sin una definición clara al respecto. Además, impone sanciones, como revocatoria de concesión, multas desproporcionadas y penas de hasta 12 años de prisión. Abordamos en detalle sus implicaciones en el análisis respectivo.
Con la sanción en agosto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, el Estado venezolano concretó la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y con ello desnaturalizó el ejercicio del derecho a la asociación, al violentar los principios de autonomía e independencia. El conflicto postelectoral fue la justificación para avanzar en un paquete de leyes restrictivas que buscan blindar un sistema autocrático.
A 10 años de las protestas del 2014, hacemos un balance respecto a la manifestación pacífica en este tiempo, sus alcances, limitaciones y desafíos. El derecho de reunión es parte de la pulsión democrática de la sociedad venezolana, y sobrevive a un costo muy alto. La necesidad de expresar la disconformidad se incrementa ante las limitaciones arbitrarias. Esto convive con una capacidad de organización estratégica que la población desarrolló frente a un Estado hostil. A esto se suma el informe respectivo sobre la situación general de este derecho para 2024, como parte de un registro histórico que ya acumula 18 años de seguimiento.
La voluntad restrictiva se extiende al espacio digital, con un Estado obligado legalmente, pero que convive con empresas que mantienen importantes responsabilidades en materia de derechos humanos. En el trabajo Redes y muros: El rol de las empresas privadas y alternativas resolutivas frente a bloqueos digitales analizamos el impacto de los bloqueos de contenido en línea sobre la libertad de expresión y el acceso a la información, destacando la responsabilidad del Estado y los intermediarios que operan en el país. Examinamos varios mecanismos alternativos para el acceso a la justicia, así como impulsar que las empresas asuman mayores compromisos en su respeto con los derechos humanos, especialmente en contextos no democráticos.
La cronología, que ya cuenta más de 20 años de registro, ofrece en detalle un diario de la escalada de violencia contra el ejercicio de derechos pero también deja constancia de la denuncia y la documentación como mecanismos vigentes para subir el costo y evidenciar el abuso.
LEER INFORME COMPLETO EN SIGUIENTE ENLACE:
https://espaciopublico.ong/libertad-expresion-venezuela-2024-informe-espacio-publico/
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