Prensa. Diario
El Nacional.
Uno
de los momentos más celebrados de la instalación de la nueva Asamblea Nacional
el 5 de enero fue el retorno de los medios de comunicación nacionales y
extranjeros al Hemiciclo. Al día siguiente, lamayoría parlamentaria aprobó un
acuerdo para permitir el ingreso de losperiodistas y personal técnico a las
áreas de discusión plenaria y a lascomisiones permanentes.
Aunque
ambos hechos son bien vistos por el sector de lacomunicación, voceros del
Bloque de Prensa Venezolano, del Colegio Nacional dePeriodistas, del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa y delInstituto de Investigaciones de la
Comunicación consideran que el Parlamentodebe avanzar hacia una agenda de
trabajo concreta. Opinan que debe incluirse lareforma de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y MediosElectrónicos, la revisión
de las leyes de Telecomunicaciones y de ComunicaciónPopular.
También
abogan por que impulse y sancione una Ley de Accesoa la Información Pública,
investigue el monopolio del Complejo EditorialAlfredo Maneiro para la venta de
papel e insumos para la prensa, y regule elfuncionamiento de los medios de
comunicación del Estado.
"Para
la AN es prioridad el tema económico, social y deamnistía; también lo es el
derecho humano universal, fundamental yconstitucional de la libertad de
expresión", aseguró el diputado BiaggioPilieri (MUD), quien promovió el
acuerdo sobre la prensa.
Agregó
que la agenda del sector comunicación incluyesincerar y normar la situación de
ANTV y AN Radio, con cuyos trabajadores hancomenzado a reunirse. Coincide en la
necesidad de reformar la Ley Resorte"que ha estimulado la autocensura en
los medios y establece sanciones apartir de un carácter considerativo de
Conatel".
El
diputado por el estado Yaracuy también es partidario deregular a los medios
públicos, debido a la naturaleza proselitista que hanadquirido, así como normar
las cadenas de radio y TV, y frenar lasirregularidades en la venta y entrega de
papel prensa. "En la forma cómoel Complejo Maneiro distribuye el papel
periódico no ha habidodiscrecionalidad, sino exclusión, sectarismo y pase de
factura", señaló.
Pilieri,
que en la anterior AN planteó la crisis de papel envarios medios impresos del
país, recordó que varios periódicos han tenido quecerrar sus puertas en las
regiones y otros restringir su paginación por laescasez de insumos para su
funcionamiento.
Impedir
la criminalización
Carlos
Carmona, presidente del diario El Im- pulso y miem- bro del Bloque de Prensa
Venezolano, pide a la Asamblea que inves- tigue al Complejo Editorial Alfredo
Ma- neiro. Dijo que no hay claridad en los procedimientos para la venta de
papel y otros insumos para la prensa.
"No
se entiende por qué le venden papel a unos medios y a otros no. Es un criterio
excluyente. El Complejo Maneiro imprime seis diarios de forma gratuita, pero no
hay papel para algunos periódicos. En el caso nuestro, por ejemplo, nos venden
el papel graneadito. En diciembre pagué tres gandolas y me han despachado una
sola", indicó.
Carmona
dijo que cada vez resulta más difícil el mantenimiento de los periódicos en el
país con un dólar libre y refirió que la inversión que deben hacer los diarios
incluye las planchas litográficas para imprimir. Añadió que esta situación ha
generado que algunos periódicos regionales cerraran sus puertas temporalmente.
Destacó
la urgencia de que el Parlamento regule el acceso a todos los organismos
públicos, como gobernaciones y alcaldías. "Solo los medios oficiales son
invitados a actos que son de interés público", señaló. Agregó que los
organismos del Estado ignoran las reiteradas solicitudes de acceso a la
información pública.
Carmona
señaló que también debe legislarse para impedir las limitaciones y la
criminalización de medios y periodistas. "Es sorprendente que en este país
se persiga a 22 directivos de medios por reproducir información de
terceros", indicó.
Dirimir
los casos en instancias civiles
El
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa valora el acuerdo sobre el
acceso de los reporteros y medios al Hemiciclo y comisiones permanentes, pero
pide reformar parcialmente el Reglamento de Interior y Debates. El secretario
del SNTP, Marco Ruiz, cree que esto sería "sano" para evitar que la
medida sea discrecional en el futuro.
Los
artículos objetados por el SNTP son el 56, que limita la cobertura de las
sesiones plenarias, y el 66 en el que se niega el acceso a los periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación al salón de sesiones.
Dijo
que urge la reforma de la Ley Resorte que generó sanciones desproporcionadas y
autocensura. "La calificación de delitos también es discrecional y el
Comité de Responsabilidad de Radio y TV está dirigido por operadores políticos.
Esto hace que las informaciones no sean divulgadas oportunamente y que un
periodista dude si publica algo".
Añadió
que la Ley de Acceso a la Información Pública es una deuda, dada la obligación
constitucional de los funcionarios de rendir cuentas. Agregó que la AN debe ejercer
su función contralora y garantizar que el Ministerio Público, entre otras
instancias, vele por los reporteros que están en la calle.
Exigió
que los casos de los periodistas que impliquen la verificación de la
información y el derecho a réplica sin llegar a causas penales, se diriman en
instancias civiles. "La AN debe investigar la compra de medios. Aunque las
operaciones son privadas, los medios prestan un servicio. Posiblemente en esas
operaciones haya dineros públicos".
Medios
públicos sin proselitismo
Luisa
Torrealba, profesora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación,
afirmó que el Parlamento debe revisar la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Explicó
que en el primer caso debe democratizarse el espacio radioeléctrico y, en el
segundo, analizar su carácter punitivo que ha ocasionado sanciones arbitrarias
como ocurrió con las informaciones sobre la cárcel Rodeo, el virus A1N1 o la
contaminación del río Guarapiche.
Torrealba
abogó por regulaciones a los medios estatales. "Históricamente, y eso se
agudizó con Chávez y Maduro, los medios del Estado los han convertido en medios
del partido político en el poder y han perdido su carácter público. Según la
Unesco, estos medios deberían tener diversidad y pluralidad de contenidos, y no
para discriminar a quienes tengan una opinión distinta".
La
investigadora dijo que en el país se requiere una Ley de Acceso a la
Información Pública, como ocurre en la mayoría de los países del continente.
Dijo que en Venezuela se han sancionado leyes que contrarían este derecho, como
la Ley del Sistema Eléctrico.
Añadió
que también ha habido opacidad con el espectro radioeléctrico, en los que las
licencias son personales, y con las concesiones a las televisoras.
Exhortó
a la AN a revisar la Ley de Comunicación Popular que, pese a tener el propósito
de democratizar la comunicación, se basa sobre un poder popular que no está
establecido en la Constitución.
Protección
para los periodistas
Nikary
González, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, considera
"un buen síntoma" los primeros gestos de la AN hacia la prensa.
Indicó que aunque el país tiene muchas prioridades, la libertad de expresión va
en beneficio de las necesidades ciudadanas.
Indicó
que el Parlamento debe velar por la protección a los periodistas porque en
2015, aunque hubo menos agresiones que en otros años, se registraron varios
hechos alarmantes como el intento de lanzar desde un primer piso a un fotógrafo
de la Alcaldía de El Limón, en Aragua. "El año pasado, a petición del
presidente del CNP, Tinedo Guía, se nombró un fiscal especial para investigar
los ataques a la prensa y eso se quedó en un gesto de buena voluntad. La
impunidad es muy alta", afirmó.
González
considera fundamental que en la Comisión de Medios de la AN haya diputados del
oficialismo y se oigan a los gremios y organizaciones del sector. Dijo que
aunque entidades como Amazonas, Aragua y Miranda tienen leyes de acceso a la
información pública, urge una ley nacional porque este es un derecho
constitucional. "El ciudadano debe conocer, por ejemplo, qué pasa con los
recursos asignados a los ministerios y los casos de corrupción. El Ejecutivo
está obligado a responder" dijo.
Añadió
que el control de los medios del Estado es clave porque su uso proselitista
involucra no solo al Ejecutivo, sino también a las gobernaciones. Señaló que la
AN debe poner la lupa sobre la situación del papel prensa e indicó que en
diciembre dejaron de circular, temporalmente, cinco periódicos de Monagas.
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