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Diario El Nacional. Reportaje
EDUARDO GALINDO /
SAN FERNANDO | ELEONORA DELGADO / SAN CRISTÓBAL
La
luchadora social Flor Ramírez calificó a la asamblea de ciudadanos que se
realizó el 15 de febrero en el casco central de Guasdualito, en el municipio
Páez, en el Alto Apure, como una protesta pacífica. ¿La razón de la
convocatoria? Fijar posición sobre el pésimo servicio de distribución de
combustible en la zona, problema que afecta a 10.000 personas –entre ellos
comerciantes y conductores de vehículos y mototaxi–, lo que los obliga a
realizar largas colas en las estaciones de gasolina en las que se consigue
combustible. Muchos opinan que el problema se debe al contrabando de gasolina.
No son pues los habitantes de este municipio los únicos que
resultan afectados por el contrabando. De hecho, el plan de racionamiento está
previsto para todos los estados fronterizos, incluso Táchira, Zulia, Apure,
Bolívar y Amazonas.
Lo que es novedoso en este caso es la solución que le han
encontrado al problema: exigir la colocación del chip para racionar la
gasolina, medida que ha sido rechazada enfáticamente en Táchira y que se
encuentra casi suspendida en Zulia, luego de una solicitud de referéndum
realizada por concejales y diputado del Consejo Legislativo el 18 de julio, y
que finalmente fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto
del año pasado.
Si bien la normativa establece que hasta el 29 de agosto de 2012
había plazo para implementar la colocación del dispositivo en cada uno de estos
estados, en Apure el proceso está lejos de completarse.
“Hace días, cuando se aproximaba la asamblea de ciudadanos, no
había colas en las estaciones de servicio. Pienso que los militares hacen y
deshacen, controlan según su criterio y lo de la patraña de la instalación de
las pantallas y antena de transmisión de datos para el sistema chip en la
estación de servicio del Gamero es para mantener engañada a la gente”, dijo
Benigno Molina, miembro de la comisión que llevó el tema a la asamblea de
ciudadanos.
“Nos sentimos burlados y engañados una vez más por el
general Javier Molina, comandante del Área de Defensa Integral n° 1, que nos ha
manifestado que todo está listo para la instalación del chip. Sin embargo, yo
viajé a Caracas y constaté que el Ministerio de Petróleo y Minería no ha
aprobado presupuesto alguno para este concepto. Mientras, aquí continúan las
largas colas para surtir combustible y el contrabando de extracción es cada día
mayor”, indicó Ramírez.
Señaló además que durante la asamblea se levantó un acta para que
una comisión viaje a Caracas al ministerio y lleve la solicitud respaldada por
la voluntad de la asamblea de ciudadanos.
Rafael Hernández Macualo, líder comunitario de la zona, dijo que
el objetivo principal de esta movilización fue la de denunciar el contrabando
de combustible y presionar la apuesta de que la instalación del sistema chip
podría solucionar el problema: “Todos estamos conscientes que aquí llega
suficiente combustible, pero un grupo de militares son los principales
contrabandistas, no sólo de gasolina sino de alimentos y materiales de
construcción”.
Eliécer Montañés, dirigente comunal que representa también a los
mototaxistas, aseguró que ese gremio también está afectado por el contrabando.
Sin embargo, reconoció que hay logros en relación con el mejoramiento de los
surtidores: “Pero el contrabando no disminuye, y esto nos obliga a tomar
medidas de control porque lo demostramos cuando estábamos en las estaciones de
servicio: no habían colas y la extracción disminuyó”.
Nota Vinculada
En Táchira
dos años después
En octubre de 2010 comenzó
en Táchira a colocarse el tag electrónico para comprar combustible. Año y medio
después de su implementación, el Gobierno publicó en Gaceta
Oficial n° 39875 de
marzo de 2012 las normas para la instalación, operación y regulación del
sistema de control de suministro de combustibles en las estaciones de servicio
en los estados fronterizos del país.
En septiembre del año pasado se
venció el plazo de 180 días continuos contados a partir de la publicación de
estas normas para que Pdvsa concluyera los trabajos de instalación del sistema
para el control de suministro de combustibles. No obstante, señalan que esto no
se ha cumplido. “Hay gente que tiene varios chip y echan lo que les da la gana
cuando quieren. Además, es extraño que para Táchira sólo llegue gasolina de 91.
¿A quién le venden la de 95?” dijo Darío Ramírez, habitante de San Cristóbal.
Para los residentes, la compra de
gasolina está regulada hasta 42 litros interdiarios. Viajeros y turistas
también tienen limitaciones.
“Se supone que no debería haber
colas en las bombas porque el consumo de gasolina estaría muy medido por el
chip, pero no es así. Han bajado un poco las colas en San Cristóbal, pero en el
resto de municipios son infernales. En la zona norte y sur es desastroso.
Además, en Cúcuta se vende aún gasolina de contrabando. Entonces, ¿de qué
sirvió someter a la gente a esto?”, señaló Francisco Labrador.
Neyiver Lugo, diputada del Psuv
en el Consejo Legislativo y quien ha estado al frente de este plan, indicó que
con la implementación del dispositivo se redujo en 50 millones de litros los despachos
de combustible en Táchira, y se logró sincerar el consumo real.
Lo Dijo
“Si alguna persona tiene alguna denuncia de corrupción o algún
militar está implicado en algún delito contemplado en la leyes, la denuncia
debe formalizarse en el Ministerio Público. Quiero decir que yo nunca he estado
en ningún delito, y que el único delito que he cometido es estar en la rebelión
militar del 4 de febrero de 1992 y estuve preso por rebelión militar. Nunca
estaré preso por contrabandista, por guerrillero, por secuestrador o por ningún
delito que se me acusa acá en la población”.
General Javier Molina, comandante del Área de Defensa Integral n°
1, el 21 de febrero en la emisora Radio Fe y Alegría en respuesta a los
señalamientos en la asamblea de ciudadanos.
REACUADRO 1
Barril a Bs. 1.500
En el Delta
Rafael Finol
Una zona libre de comercio ilícito ha sido denunciada en el
estado Delta Amacuro por el ex alcalde del municipio Antonio Díaz, Amado
Heredia. La zona estaría destinada al negocio del contrabando de combustible,
que tiene un precio especial en el estado para facilitar el transporte fluvial,
que es el que más usa la población para sus actividades cotidianas.
Heredia señaló que por esta razón el barril del combustible de 200
litros está oficialmente fijado a un precio máximo de 18 bolívares, antes de
los anuncios cambiarios. “Pero esto es sólo en teoría. Ese mismo barril, cuando
llega al municipio Díaz, costaba hasta hace poco entre 700 y 1.000 bolívares, y
después de la devaluación está valorado a partir de 1.200 bolívares, y hasta
1.500 bolívares”.
Dijo que no es la primera vez que ocurre esto, pero que durante su
gestión como alcalde se realizaron avances importantes para combatir estas
mafias: “Falta voluntad para enfrentar el problema. No es posible que ahora y
desde hace cuatro años el problema sea mayor, casi incontrolable. Esas
embarcaciones vienen desde Puerto Ordaz por toda esa vía fluvial. Por ahí pasó
hace poco, según hemos tenido conocimiento, la embarcación ‘Island Lady’, que
fue capturada en aguas hondureñas con combustible, gasolina y diesel procedente
de Venezuela, que salió de aquí. Eso lo habíamos advertido antes de que la
prensa internacional reseñara la noticia. Pero este es un problema complejo, y
esas mafias hasta logran controlar la información para evitar que se
interfieran sus actividades”.
RECUADRO 2
Tarjeta de
racionamiento
en la frontera
con Brasil
En la frontera de Venezuela con Brasil, en Santa Elena de
Uairen, la mayoría de la población vive de la venta de combustible clandestino.
La actividad ha provocado la migración de extranjeros y venezolanos al sur del
estado para dedicarse a este comercio ilegal. Pese a que la localidad cumple
con las condiciones para la instalación, funcionamiento, operación y regulación
del Sistema de Control de Suministro de Combustibles, publicadas en la Gaceta
Oficial nº 39875, del
2 de marzo de 2012, la venta de gasolina se hace a través de una tarjeta de
racionamiento. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Elena, Daniel
Rivero, señaló que la tarjeta es sellada por el comando de la Guardia Nacional
mensualmente y permite un número limitado de surtido. La tarjeta de
racionamiento funciona con anterioridad al nuevo sistema de control
implementado por el Gobierno en zonas fronterizas.
Sin embargo, Rivera considera que la situación de tráfico de
combustible ni ha mejorado ni empeorado: siguen las colas para el suministro,
los campamentos clandestinos y el malestar en la población.
“Desde hace 7 u 8 años, 40% de la población vive de eso. Mucha
gente vino de afuera para dedicarse al negocio. Aquí prácticamente es
costumbre”, señaló.
Los turistas deben hacer largas colas para abastecer en la única
bomba internacional que hay además de las dos nacionales. Rivera comentó que
cuando vienen los turistas brasileros generalmente deben recurrir al mercado
negro. “La estación internacional está saturada por los mismos brasileros
porque abastecer allí les llevaría todo un día”.
A un brasilero, en la población más cercana a Venezuela, la
gasolina le cuesta 3 reales –cerca de 12 bolívares–, mientras que en el mercado
negro le cuesta entre 5 bolívares a 10 bolívares el litro.
Rivera aseguró que la afectación a la comunidad es múltiple pues,
cuando viene el turista nacional colapsan, las estaciones de servicio. Además,
el negocio ha hecho que se triplique la población –de 10.000 habitantes a
30.000 habitantes–, la mayoría extranjeros que instalan caseríos clandestinos.
“La situación es totalmente crítica. Lamentablemente los gobiernos
local y de la entidad no han sabido lidiar con eso. Han sido alcahuetas de una
población que vive del tráfico de la gasolina”, dijo Rivera.
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