Prensa.
Efecto Cocuyo.
La Fuerza de Acciones Especiales (Faes), adscrita a
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), “no está entrenada para el abordaje
ciudadano, su visión es de ataque letal”, alerta el coordinador general del
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael
Uzcátegui.
Este cuerpo policial “toma una comunidad y priva de
manera masiva a hombres mayores de 14 años”, señaló Uzcátegui, quien rechazó
los asesinatos de manifestantes a manos de funcionarios policiales en la
emisión de Con la Luz de este lunes 28 de enero, conducido por la directora de
Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.
Según el
registro de Provea, al menos 35 personas fueron asesinadas por armas de fuego
en contexto de protesta y la Faes tiene
gran responsabilidad en esas muertes. De estos casos, tres son menores de edad:
dos de 17 años que participaban en un saqueo y uno de 16 años que manifestaba
en un cierre de calle.
10 muertes ocurrieron en el Distrito Capital, 8 en
Bolívar y 4 en Portuguesa. El abogado denunció que tienen dos casos en el Área
Metropolitana de Caracas de familiares que han sido amenazados con la
desaparición de los cuerpos de sus deudos por la Faes si no aceptan actas de
defunción falsificadas.
“Se están falseando las actas de defunción y se está
obligando a los familiares a que las acepten con el chantaje de que no les van
a entregar el cuerpo de forma rápida o incluso que lo pueden desaparecer. Estas
personas manifiestan que saben que fueron funcionarios policiales los que asesinaron
a sus familiares, pero en el acta de defunción dice que la muerte se produce
porque quedaron en medio de un enfrentamiento”, señaló.
El defensor de derechos humanos indicó que también
registraron dos testimonios de adolescentes que denuncian que durante su
privación de libertad fueron abusadas por funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB).
“Se están agravando todos los patrones de violación
de derechos humanos. El abuso a manifestantes no es un delito menor, es una
situación muy grave, y la Corte Penal Internacional es sensible particularmente
en estos casos (…) hemos visto que se repiten estos hechos (abusos) y esto dice
que hay permisividad, incluso una orden de la cadena de mando, e impunidad”,
sostuvo.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos
Provea y el Foro Penal, presentaron este lunes, 28 de enero, un balance de la
represión contra los manifestantes que salieron a las calles en sectores
populares entre el 21 y 25 de enero para protestar en contra del gobernante Nicolás
Maduro.
En ese lapso, 850 personas fueron detenidas por los
cuerpos de seguridad, especialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales
(Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, así
como por policías estadales y municipales.
“En una semana de 2019 estamos llegando a los
indicadores (de muertes y detenciones) de 2017, que se registraron en cuatro
meses”, advirtió.
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