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martes, 29 de enero de 2019

Según Provea al menos 35 personas fueron asesinadas por armas de fuego en contexto de protestas.

Prensa. Efecto Cocuyo.

La Fuerza de Acciones Especiales (Faes), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), “no está entrenada para el abordaje ciudadano, su visión es de ataque letal”, alerta el coordinador general del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui.

Este cuerpo policial “toma una comunidad y priva de manera masiva a hombres mayores de 14 años”, señaló Uzcátegui, quien rechazó los asesinatos de manifestantes a manos de funcionarios policiales en la emisión de Con la Luz de este lunes 28 de enero, conducido por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

Según el registro de Provea, al menos 35 personas fueron asesinadas por armas de fuego en contexto de protesta y la Faes tiene gran responsabilidad en esas muertes. De estos casos, tres son menores de edad: dos de 17 años que participaban en un saqueo y uno de 16 años que manifestaba en un cierre de calle.

10 muertes ocurrieron en el Distrito Capital, 8 en Bolívar y 4 en Portuguesa. El abogado denunció que tienen dos casos en el Área Metropolitana de Caracas de familiares que han sido amenazados con la desaparición de los cuerpos de sus deudos por la Faes si no aceptan actas de defunción falsificadas.

“Se están falseando las actas de defunción y se está obligando a los familiares a que las acepten con el chantaje de que no les van a entregar el cuerpo de forma rápida o incluso que lo pueden desaparecer. Estas personas manifiestan que saben que fueron funcionarios policiales los que asesinaron a sus familiares, pero en el acta de defunción dice que la muerte se produce porque quedaron en medio de un enfrentamiento”, señaló.

El defensor de derechos humanos indicó que también registraron dos testimonios de adolescentes que denuncian que durante su privación de libertad fueron abusadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Se están agravando todos los patrones de violación de derechos humanos. El abuso a manifestantes no es un delito menor, es una situación muy grave, y la Corte Penal Internacional es sensible particularmente en estos casos (…) hemos visto que se repiten estos hechos (abusos) y esto dice que hay permisividad, incluso una orden de la cadena de mando, e impunidad”, sostuvo.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos Provea y el Foro Penal, presentaron este lunes, 28 de enero, un balance de la represión contra los manifestantes que salieron a las calles en sectores populares entre el 21 y 25 de enero para protestar en contra del gobernante Nicolás Maduro.

En ese lapso, 850 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad, especialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, así como por policías estadales y municipales.

“En una semana de 2019 estamos llegando a los indicadores (de muertes y detenciones) de 2017, que se registraron en cuatro meses”, advirtió.