El presidente de la seccional Caracas
del Colegio Nacional de Periodistas, Édgar Cárdenas, aseguró que, con la
llegada del coronavirus a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro incrementó
la política de agresión a los periodistas.
Prensa. Tal Cual.
“Después
de declarada la llegada de la pandemia de coronavirus a Venezuela, los medios
de comunicación asumen el compromiso que tienen con informar basados por
supuesto en el marco jurídico venezolano, la Constitución y Ley de Ejercicio
del periodismo. ¿Qué ha venido sucediendo? Que se ha venido incrementando una
política de agresión a periodistas que están informando sobre casos de
coronavirus”.
La
afirmación la hizo el presidente de la seccional de Caracas del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, destacó que el organismo, ante
la situación de Emergencia nacional por la presencia de contagiados de
covid-19, reiteró el compromiso de los periodistas de informar debidamente a la
población. “No se trata de contradecir los datos que pueda publicar el Gobierno
sino de la obligación que se tiene de informar a la población debidamente y que
el ciudadano pueda estar informado de lo que sucede en esta materia”, expresó
el directivo.
Atropellos
Édgar
Cárdenas precisó que hay dos casos emblemáticos de agresión a periodistas durante
la cuarentena decretada por Nicolás Maduro. El primero corresponde a la
directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, quien luego que el medio
publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas, fue sacada de su casa y llevada
a declarar, y el día 25 de marzo se le citó de nuevo y se le abre una
investigación.
Luego
está el caso del periodista Darvinson Rojas, «a quien una comisión de las
Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana llegó a su
casa con el argumento que estaban buscando a una persona infectada de
coronavirus, al no dejarles entrar, le indicaron que iban era a detenerle e
ingresaron a la residencia, deteniéndole a él y a sus padres. Los padres fueron
seguidamente liberados, pero de Rojas hubo un tiempo que no se supo el
paradero».Hubo que buscar al colega en toda la ciudad hasta que fue ubicado en
Caricuao –relató Cárdenas. «A los abogados que se esperaba que lo asistieran en
su defensa no se les permitió el acceso a la audiencia. Primero se dijo que
sería llevado a los tribunales y los abogados que lo iban a defender se trasladaron
a los tribunales de Justicia en Caracas, así como representantes de las ONG de
DDHH, pero no fue presentado. Lo fue en horas de la noche; se le imputaron
delitos de instigación al odio e instigación pública, sin presencia de sus
abogados, y se le asignaron abogados públicos, lo que viola el derecho al
debido proceso. Se le solicitó se entregaran unos fiadores y otros recaudos,
(para obtener la libertad condicional) que ya se entregaron, pero han pasado
cinco días y no ha sido liberado”.
Política
de Estado
El
directivo del CNP-Caracas expresó que es muy importante que el Estado comprenda
que los periodistas no son enemigos y que están obligados a informar, algo que
está fijado en las normas jurídicas venezolanas.
“Nosotros,
desde el año pasado, hemos denunciado que la agresión a los medios se ha ido
convirtiendo en una política de Estado, que ha buscado silenciar a la prensa
libre sobre lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro ha intentado
precisamente que los ciudadanos se enteren de lo que sucede en el país
específicamente a través de los medios dependientes del Estado o aquellos que
le puedan ser afectos”, sostuvo Édgar Cárdenas.
Resaltó
que, a pesar de que, dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia,
las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los
servicios de salud y las cadenas de alimentos, parece que algunos
funcionarios no están tomando esto en
cuenta. “Pareciera que hay una discrecionalidad por parte de los propios
funcionarios”, acotó.
Añadió
que se han dado casos en que los periodistas intentan acceder por vías
terrestres (a un sitio donde se produce un hecho noticioso) y las autoridades
les impiden hacerlo, o tienen que hacer largas colas para acceder, y se ha
llegado al extremo de detenciones arbitrarias de periodistas.
Derecho
“Hasta
en los Estados de Emergencia la propia Constitución establece que el derecho a
la información no deja de existir. El problema es cómo hacer que se cumplan
dichas disposiciones en el caso venezolano. La normativa no se cumple o se
tiene una política que evita que el ciudadano esté informado y que el
periodista cumpla con su deber”, manifestó Édgar Cárdenas, quien recordó que
existen canales para enfrentar cualquier exceso que pudiera producirse por
parte de algún profesional de la información, si es cierto que el periodista
llega a incurrir en alguna falta.
“Pero
si a los periodistas se les agrede, presiona, intimida, persigue, se está
evitando que el ciudadano pueda ser informado», insistió
Monopolización
-¿Cuál
es el riesgo para la población con un Estado que tiene hegemonía comunicacional
en una situación de emergencia?
-El
mayor riesgo es que se monopolice la información en manos del Estado. Que no se
le permita a los medios difundir información sobre lo que acontece en el país
implica una monopolización de la información, un control que deriva en un
silencio informativo, ya que la información es suministrada a través de los
canales del Estado y no por el ecoExplicó que, tan pronto como suceden las
agresiones, las organizaciones han hecho alertas muy graves sobre las mismas.
-¿Qué
recomendaciones se hacen a los periodistas ante una situación de agresión,
intimidación u obstaculización?
–
Deben mantener la calma, hay todo un protocolo para estar en la calle, andar en
grupos, contar con una estructura de seguimiento, que estén enterados en el
medio y personas cercanas. Cuando se está ante la propia autoridad hay que
mantener la calma. Exigir el cumplimiento del derecho a informar, entender que
tenemos la razón porque estamos cumpliendo en el marco jurídico. Entendemos que
a veces nos desesperemos ante la presión del acto abusivo.
Atropellos
Édgar
Cárdenas precisó que hay dos casos emblemáticos de agresión a periodistas
durante la cuarentena decretada por Nicolás Maduro. El primero corresponde a la
directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, quien luego que el medio
publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas, fue sacada de su casa y llevada
a declarar, y el día 25 de marzo se le citó de nuevo y se le abre una
investigación.
Luego
está el caso del periodista Darvinson Rojas, «a quien una comisión de las
Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana llegó a su
casa con el argumento que estaban buscando a una persona infectada de
coronavirus, al no dejarles entrar, le indicaron que iban era a detenerle e
ingresaron a la residencia, deteniéndole a él y a sus padres. Los padres fueron
seguidamente liberados, pero de Rojas hubo un tiempo que no se supo el paradero».
Hubo
que buscar al colega en toda la ciudad hasta que fue ubicado en Caricuao
–relató Cárdenas. «A los abogados que se esperaba que lo asistieran en su
defensa no se les permitió el acceso a la audiencia. Primero se dijo que sería
llevado a los tribunales y los abogados que lo iban a defender se trasladaron a
los tribunales de Justicia en Caracas, así como representantes de las ONG de
DDHH, pero no fue presentado. Lo fue en horas de la noche; se le imputaron
delitos de instigación al odio e instigación pública, sin presencia de sus
abogados, y se le asignaron abogados públicos, lo que viola el derecho al
debido proceso. Se le solicitó se entregaran unos fiadores y otros recaudos,
(para obtener la libertad condicional) que ya se entregaron, pero han pasado cinco
días y no ha sido liberado”.
Política
de Estado
El
directivo del CNP-Caracas expresó que es muy importante que el Estado comprenda
que los periodistas no son enemigos y que están obligados a informar, algo que
está fijado en las normas jurídicas venezolanas.
“Nosotros,
desde el año pasado, hemos denunciado que la agresión a los medios se ha ido
convirtiendo en una política de Estado, que ha buscado silenciar a la prensa
libre sobre lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro ha intentado precisamente
que los ciudadanos se enteren de lo que sucede en el país específicamente a
través de los medios dependientes del Estado o aquellos que le puedan ser
afectos”, sostuvo Édgar Cárdenas.
Resaltó
que, a pesar de que, dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia,
las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los
servicios de salud y las cadenas de alimentos, parece que algunos
funcionarios no están tomando esto en
cuenta. “Pareciera que hay una discrecionalidad por parte de los propios
funcionarios”, acotó.
Añadió
que se han dado casos en que los periodistas intentan acceder por vías
terrestres (a un sitio donde se produce un hecho noticioso) y las autoridades
les impiden hacerlo, o tienen que hacer largas colas para acceder, y se ha
llegado al extremo de detenciones arbitrarias de periodistas.
Derecho
“Hasta
en los Estados de Emergencia la propia Constitución establece que el derecho a
la información no deja de existir. El problema es cómo hacer que se cumplan
dichas disposiciones en el caso venezolano. La normativa no se cumple o se
tiene una política que evita que el ciudadano esté informado y que el
periodista cumpla con su deber”, manifestó Édgar Cárdenas, quien recordó que
existen canales para enfrentar cualquier exceso que pudiera producirse por
parte de algún profesional de la información, si es cierto que el periodista
llega a incurrir en alguna falta.
“Pero
si a los periodistas se les agrede, presiona, intimida, persigue, se está
evitando que el ciudadano pueda ser informado», insistió
Monopolización
-¿Cuál
es el riesgo para la población con un Estado que tiene hegemonía comunicacional
en una situación de emergencia?
-El
mayor riesgo es que se monopolice la información en manos del Estado. Que no se
le permita a los medios difundir información sobre lo que acontece en el país
implica una monopolización de la información, un control que deriva en un
silencio informativo, ya que la información es suministrada a través de los
canales del Estado y no por el ecosistema natural que son los medios de
Comunicación.
“No
se limita a una hegemonía comunicacional –prosiguió Édgar Cárdenas-. Tenemos un
sistema informativo de corte autoritario. Tenemos la presencia de medios
privados pero una gran participación de medios que dependen del Estado. Esa
limitación es fundamental para que no se ejerza el periodismo y no se cumpla la
labor informativa. Es un sistema autoritario cuando se establecen esos
controles y hay sobre los medios una especie de espada, de estar pendientes de
lo que están publicando, censurando y con exhortos a lo que deben y cómo deben
informar”.
Mecanismos
de agresión
-Hay
otro tipo de dificultades, más allá de los atropellos. En Tucupita se les quitó
la luz a tres emisoras de radio. Y hay medios que no pueden circular por la
falta de gasolina para vehículos de distribución.
-No
es nuevo, son mecanismos que hemos denominado mecanismos indirectos de agresión
a la prensa. Es cuando se limita el suministro de papel, recursos técnicos para
los impresos, no se renuevan las concesiones a los medios radioeléctricos y son
aplicadas sanciones si continúan en actividad.
Según
Édgar Cárdenas, todo eso implica la demostración de un control del Estado sobre
la información. “Es una política de ‘presionamos periodistas, le cortamos el
servicio eléctrico, no suministramos gasolina para impedir el traslado’. Nada
más declarada la emergencia al diario 2001 se le impidió circular a los
transportes que distribuyen el periódico; siendo uno de los pocos medios
impresos que existen en Venezuela”.
Añadió
que hasta los kioscos fueron cerrados impidiendo que los diarios llegaran a los
ciudadanos. “Es legitimar la censura,
criminalizar la opinión, cuando se persigue a un periodista y se evita que un
ciudadano tenga información estamos violando uno de los valores primordiales de
la democracia, como de la de prensa y la información”.
Balance
-¿Cuál
era la situación en Venezuela antes del coronavirus?
-El
balance de enero y febrero, el registro nacional incluye cinco robos de equipos
a periodistas, dos robos de documentación personal, 39 agresiones físicas
directas, cuatro amenazas directas, cuatro detenciones arbitrarias, detenidos
en pleno ejercicio de labor periodística, sin orden previa ni flagrancia; siete
de hostigamiento, cinco casos de intimidación y dos medios cerrados. Llegamos
al extremo que funcionarios del Gobierno instigan al odio hacia periodistas
cuando los acusan de participar en planes políticos.
“El
caso más grave –prosiguió Édgar Cárdenas- fue el del estado Vargas, cuando 15
periodistas fueron agredidos por grupos simpatizantes del gobierno. Cuando
estos funcionarios emplean estos mecanismos de presión utilizan medios de
comunicación oficiales para acusar a periodistas de terroristas, palangrista.
Nosotros manifestamos que la militancia de los periodistas no es con partido
político sino con la verdad y la información.
Protocolo
-¿Qué
se hace con los casos monitoreados, se actúa aquí en Venezuela o ante
instancias internacionales?
-Hay
un protocolo. Se registran las denuncias de distintas organizaciones que
participan en la defensa de la libertad de expresión como Sindicato de la
Prensa, Espacio Público, Transparencia, Expresión Libre, Ipys Venezuela, cada
uno de acuerdo a la normativa que lo rige tiene protocolo para llevar los
registros y presentar su data. A partir de allí se hace el acompañamiento de
las denuncias formales ante las instancias en Venezuela, cuerpos policiales,
Fiscalía, Tribunales, etc, y seguidamente las denuncias correspondientes ante
las instancias internacionales.
Explicó
que, tan pronto como suceden las agresiones, las organizaciones han hecho
alertas muy graves sobre las mismas.
-¿Qué
recomendaciones se hacen a los periodistas ante una situación de agresión,
intimidación u obstaculización?
–
Deben mantener la calma, hay todo un protocolo para estar en la calle, andar en
grupos, contar con una estructura de seguimiento, que estén enterados en el
medio y personas cercanas. Cuando se está ante la propia autoridad hay que
mantener la calma. Exigir el cumplimiento del derecho a informar, entender que
tenemos la razón porque estamos cumpliendo en el marco jurídico. Entendemos que
a veces nos desesperemos ante la presión del acto abusivo, pero lo primordial
es garantizar la seguridad del periodista.
Por.
José Luis Carrillo
Fuente. https://talcualdigital.com/edgar-cardenas-agresiones-a-periodistas-buscan-llevar-al-silencio-informativo