Prensa. Diario El Nacional
En el
escrito que Copei presentó ayer se advierte que podría considerarse falsa la
firma de Chávez que aparece en la Gaceta Oficial
Integrantes del partido Copei
solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que declare la inconstitucional del
nombramiento de Elías Jaua como ministro de Relaciones Exteriores, que fue
publicado en la Gaceta
Oficial 40090 que
circuló ayer. En la parte final del decreto, signado con el N° 9351, se indica
que el mismo fue “dado en Caracas a los 15 días del mes de enero de 2013”, y
que fue firmado por el presidente Hugo Chávez.
“Es falso que el decreto se haya
firmado en Caracas, razón por la cual podríamos considerar que es falsa la
firma que aparece como la del Presidente, ya que si es cierto que se firmó en
Caracas no puede ser cierto que lo firmó Chávez. Debemos aclarar que esta es
una supuesta firma manuscrita no una electrónica que exige la utilización de
ocho dígitos”, se advierte en el escrito que presentaron el segundo vicepresidente
de la tolda verde, Nelson Maldonado, y el vocal de la dirección nacional de esa
misma organización, Jesús Rangel Rachadell.
Los copeyanos señalaron, con el
argumento de que es falso que el decreto haya sido suscrito en Venezuela, que
el acto está viciado, debido a que Cuba no es el asiento de los órganos del
poder nacional, como establece el artículo 18 de la Constitución. Advirtieron
además que se habría violado el artículo 4 de la Ley de Juramento, que
establece que los ministros jurarán ante el jefe de Estado.
El administrativista Víctor
Hernández Mendible añadió además que se habría violado el artículo 18 de Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, referido a los requisitos que debe
contener todo acto administrativo.
Comisión mixta. En el escrito se pide la designación de una
comisión que incluya representantes de todas las fuerzas políticas, para que
verifiquen la situación en la que se encuentra el primer mandatario nacional. “El objetivo es que se constate
si el Presidente está en capacidad de expresar válidamente su voluntad y, en
consecuencia, si puede firmar, que se dé constancia de que está vivo y que está
hábil para exponer su pensamiento”, se indica en la solicitud.
Gobierno desde el exterior. “Sería inconstitucional instaurar una práctica
de gobierno desde el exterior”, advirtió Jesús María Casal, director del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello,
al ser consultado sobre la legalidad del nombramiento de Jaua. Aunque el constitucionalista
explicó que el decreto en cuestión no implica la instalación de un gobierno
desde La Habana, llamó a los venezolanos a estar muy atentos.
“Además hay que analizar en
detalle este acto para emitir un criterio sobre su validez o su invalidez.
Pareciera que no se quiere reconocer la realidad de que el Presidente está en
el exterior, y de que está en unas condiciones de limitación física que han
debido reconocerse desde que partió a operarse para que se estableciera la
falta temporal”, dijo.
Señaló que si Chávez firmó en La
Habana, tal cosa debería constar en la Gaceta
Oficial. “Otra cosa es que el decreto dijera firmado en La Habana para
surtir efectos en Caracas”, señaló en un acto en el que fue dado a conocer el
comunicado que emitió el consejo de la Facultad de Derecho de la UCAB, en el
que se fija posición con respeto al fallo del 9 de enero en el que se declaró
la continuidad del gobierno de Chávez, aunque no se haya juramentado, y se
desconozca cuándo volverá al país.
En el comunicado se señala que la
referida sentencia constituye una grave alteración de las normas establecidas
en la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República.
Destituciones
La Federación de Colegios de
Abogados de Venezuela junto con otras organizaciones emitieron un comunicado en
el que piden al Consejo Moral Republicano que inicie el procedimiento
legalmente establecido para determinar si con el fallo que estableció la
continuidad del gobierno de Chávez –al que califican de inconstitucional– los
magistrados de la Sala Constitucional incurrieron en faltas graves que ameriten
su destitución por parte de la Asamblea Nacional.
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