Opinión. Jimena
de la Quintana. Perú.
En
una entrevista que le hice a Moisés Naim para Día_1, le pregunté si estaba de
acuerdo con el financiamiento de las empresas a los partidos políticos. Su
respuesta fue: “Detesto esto. La corrupción en la región es un cáncer, pero el
peor cáncer es la corrupción del sistema de financiamiento político. Toda la
corrupción es mala, pero la peor, la que carcome realmente al sistema y a la democracia,
es la que está asociada a cómo en América Latina y en otras partes, se
financian las campañas electorales y los partidos políticos. Soy partidario de
que financie el Estado”.
En
el Perú, según la Ley de Partidos Políticos, estos pueden recibir financiamiento
público y privado. Respecto del último surge una duda razonable ¿qué motiva el
aporte económico a los partidos? Las
empresas tienen intereses económicos, legítimos, aunque también deberían
tener intereses vinculados a un propósito superior, sumar al bienestar, a un
proyecto común como nación.
Si
aquel propósito es lo único que explica el aporte a una u otra agrupación
política, en aras de fortalecer la democracia, basada esta en los partidos,
entonces suena lógico pensar en la nobleza de la naturaleza del mismo. Pero,
¿podemos los ciudadanos estar seguros y pensar que este dinero no esconde
intereses particulares? Ello no es comprobable, así que hay dos salidas:
prohibir el aporte privado, que critica Naim, o buscar la transparencia de los
partidos y sus aportes, algo que se exige en la ley, pero que pocos cumplen.
Las
organizaciones políticas están obligadas a transparentar sus aportes. Pierden
el derecho al financiamiento público si no cumplen con presentar la contabilidad
de los ingresos y gastos. Las multas se aplican cuando: se acredita que los
ingresos provienen de fuente prohibida, si la información contable omite datos,
es adulterada y si las contribuciones individuales o aportaciones anónimas
superan lo establecido (60 UIT).
Las
sanciones no se aplican, no se puede quitar un financiamiento que solo existe
en la ley (0,1% del presupuesto público nunca transferido). En cuanto a las
multas, no son honradas. Los partidos no contribuyen a que la transparencia de
los aportes privados sea posible, las empresas tampoco, pues existe la duda
respecto a si ocultan o disfrazan sus aportes.
Si
visita la página web de la ONPE (consulté los aportes de la campaña 2011, la
única disponible), verá que pocas empresas figuran en el reporte de información
financiera. Los partidos políticos configuran la base del sistema democrático.
En el Perú, el financiamiento público -utilizado adecuadamente- podría ser una
ayuda para institucionalizar a estas precarias organizaciones.
Así,
no contar con aportes privados reforzaría el sentido de hacer política sin
ninguna motivación más que la de servir. En términos de reputación, y dado que
la transparencia no es la regla, las empresas también se verían beneficiadas.
Fuente:
http://elcomercio.pe/economia/opinion/empresas-y-partidos-jimena-quintana-noticia-1869891?ref=hybrid-i
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