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Prensa. ANP.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condena la retención del equipo periodístico de Televisa en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Los periodistas viajaron a Venezuela con el objeto de dar cobertura noticiosa a la movilización ciudadana programada para hoy miércoles 26 de octubre.

Los periodistas peruanos, Ricardo Burgos, Leonidas Chávez, Armando Muñoz, Ricardo Venegas y el argentino Rodrigo Abd permanecen en la sala de Espera del aeropuerto bajo el argumento de que no cuentan con visa de trabajo que les permita hacer cobertura informativa a la crisis política que se vive en dicho país.

Esta actitud errática de las autoridades venezolanas violenta el derecho a la información y el trabajo periodístico. Negar el acceso al país a la prensa es propio de regímenes no democráticos

Para la ANP este hecho, que se suma a los ataques, hostilización y amenazas que vienen recibiendo los periodistas venezolanos, objeto de violación de sus libertades individuales y derechos fundamentales a consecuencia de su labor, afecta gravemente la nefasta situación del país.

La ANP le recuerda al gobierno venezolano que las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, los "blackout" informativos y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Esta, además no es la primera vez que se impide el ingreso de periodistas a territorio venezolano. El reciente 31 de agosto la periodista Marie Eve Deltoeul, de Le Monde de Francia, Jim Wyss, del Miami Herald (EEUU), Jhon Otis, de NPR Radio (EEUU), César Moreno de la Cadena Caracil (Colombia) y tres corresponsales de la cadena televisiva Al Jazeera, fueron deportados al considerarse personas "no admisibles" al país.

En razón a ello, la ANP hace un llamado inmediato al gobierno a garantizar el trabajo de los periodistas, nacionales y extranjeros y demanda permitir el ingreso de los periodistas sin la inaudita exigencia de abusiva reglamentación y control.

Para la ANP presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión y no hacen más que evidenciar que el gobierno venezolano mantiene hoy en día una abierta política contra la libertad de prensa.
 
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