Prensa.
Provea.
Durante un acto en apoyo al presupuesto
nacional del año 2017, realizado este martes 18 de octubre en la ciudad de
Caracas, el ministro de Transporte y Obras Públicas Ricardo Molina expresó: “El
escuálido que firme que se olvide de Clap, no lo queremos en la cola, que se
olvide de la Misión Vivienda, que se olvide de Barrio Tricolor”.
Por Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
De esta manera el alto funcionario
amenazaba con excluir de las políticas sociales a las personas que deseen
participar en la recolección de firmas para activar el mecanismo del referendo
revocatorio. No es la primera vez que Molina promueve la discriminación por
razones políticas. En el año 2013, cuando era Ministro de Vivienda, amenazó con
despedir a las personas del ente que tuvieran una ideología diferente a la
oficial: “Me importa en absoluto las leyes laborales (…) Al personal que forma
parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de
enfrente, cero beligerancia. Aquí yo no acepto que nadie venga a hablar mal de
la revolución. No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser
militante de Voluntad Popular que renuncie”.
La discriminación, por cualquier motivo,
se encuentra prohibida en los artículos de la Constitución números 21 (No se
permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona); Artículo 57 (…No se
permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes
discriminatorios); y el artículo 89 (El trabajo es un hecho social y gozará de
la protección del Estado… Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de
política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición). Asimismo,
la discriminación por razones políticas se considera una violación de derechos
humanos en diferentes pactos internacionales suscritos por el Estado
venezolano.
Los actos de violación de derechos
humanos no prescriben en el tiempo. Por esta razón Provea, y el resto de las
organizaciones de derechos humanos, no descansaremos hasta que en un futuro
funcionarios como Ricardo Molina, y otros quienes hayan promovido la
discriminación y otros actos lesivos a la dignidad humana, no sean investigados
y sancionados según las leyes con respeto al debido proceso. En Provea estamos
documentando exhaustivamente cada una de estas situaciones y elaborando
expedientes que serán entregados a la justicia venezolana y a los órganos
internacionales de derechos humanos cuando sea posible la investigación
efectiva de las diferentes violaciones. Así como no hemos olvidado a todos y
cada uno de los funcionarios involucrados en las violaciones de Derechos
Humanos del pasado, como la Masacre de El Amparo o El Caracazo, tampoco
olvidaremos a quienes desde 1999 hasta el presente han promovido actos vejatorios
contra los derechos sociales y políticos de la población venezolana.
Provea hace un llamado a todos y todas
las funcionarias del Estado venezolano, civiles o militares, a que no tomen
decisiones o acciones que vulneren los derechos humanos de las personas.
Asimismo, que no acaten ordenes de sus superiores que signifiquen la
vulneración de estos derechos, pues el artículo 25 de la Carta Magna ha
prohibido la obediencia debida como recurso defensivo ante los tribunales:
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los
derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los
funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin
que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Por último Provea interpela, una vez
más, al Defensor del Pueblo Tarek William Saab para que condene públicamente
estos actos. Así mismo la Defensoría del Pueblo debe garantizar que las
personas no van a sufrir represalias de ningún tipo por participar en los
mecanismos de participación presentes en la Constitución, como el Referendo
Revocatorio, cuya objetivo es evaluar la gestión de los funcionarios electos
por voto popular.