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Prensa. elestimulo.com.
La Asamblea Nacional rechazó la nueva sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establece que el Legislativo no puede realizar un “juicio político” contra el Presidente y que los parlamentarios no pueden hacer llamados a manifestar a los Poderes Públicos.

La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, solicitó que se incluyera el debate sobre la sentencia N° 948 en la sesión de este jueves en la que también se declaró la responsabilidad política contra el ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez.

La respuesta del Tribunal Supremo, una acción de amparo constitucional que ejerció el Procurador General, Reinaldo Muñoz, en “nombre de la República”, señala que busca evitar “actuaciones de la Asamblea Nacional en contra de la Constitución”. Entre otras cosas, el TSJ prohibió a los diputados que realicen acciones y procesos en la AN como el “juicio político” contra el presidente Nicolás Maduro. Se exhorta a la junta directiva que impida procesos de este tipo.

Además se prohíbe a los diputados convocar marchas hacia Poderes Públicos o a instituciones dependientes de estos. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, expresó: “que ese malhadado tribunal sigue provocando, preparando, una posterior fechoría que elimine la impunidad parlamentaria”.

Aseguró que el procurador encargado, quien solicitó el amparo ante el TSJ, “es un aventurero que no está preparado para estar donde está. Ha creado una ensalada. Un amparo con una especie de prohibición a manifestaciones”. Ramos Allup indicó que “la sentencia es de ejecución imposible” porque los diputados que son quienes tendrían que obedecerla no van “a acatar esa burla”.

Destacó que se acodó el amparo “cautelar sin mayor argumentación”. “Son tan estúpidos que (el documento) no cuestiona el hecho de que no se pueda llevar adelante el procedimiento de responsabilidad política”, pues dice “juicio político”, una figura que ciertamente no aparece en la Constitución.

El diputado continuó diciendo que “como estos imbeciles (haciendo referencia a los magistrados) son capaces de chocar un carro apagado, dejaron lo que debían borrar y borraron que debían dejar”.

Añadió que el artículo 222 la Carta Magna establece que el Parlamento puede declarar la responsabilidad política a los funcionarios públicos. “No sé qué ejercicio intelectual han hecho para llegar a la conclusión de que Maduro no es funcionario público. ¿Entonces qué es? ¿un funcionario privado?”, se preguntó.

En una de las sesiones pasadas en las que se debatía la apertura de “la responsabilidad política” contra el primer mandatario, el jefe de la fracción oficialista, Héctor Rodríguez, expresó que Maduro “no era un funcionario público sino el Presidente de la República”.

“Estos lerdos secos de coco desconocen que en la sentencia 1338 del 25 de julio de 2002 estableció que la declaración de responsabilidad política al que alude el artículo 222 constitucional (sobre la responsabilidad política) comprende al Presidente de la República y a los ministros”, fustigó.

Ramos Allup calificó la sentencia de “ensalada” de “pasticho” que mezcla un amparo que no es amparo con el impedimento al derecho a manifestar. “Han de ser como el Creador que después de semejante partitura han debido descansar al séptimo día”, ironizó.

El jefe del legislativo aseguró que ese tipo de sentencias salen cuando se había concluido la “tregua” que dio la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al Psuv durante el acercamiento entre las partes producto del diálogo que inició el 30 de octubre. “¿Qué ocurrió después de la tregua?”, se preguntó para responderse: “siguen con estos actos de provocación”.

“El gobierno hace el simulacro de que quiere el diálogo pero en la práctica no lo quieren. Si creen que va a haber diferendo en manifestaciones; sin creen que vamos a desistir en el procedimiento de declarar la responsabilidad Política del incompetente que está en Miraflores, están equivocados. Lo que hicimos fue diferir el punto”.

Con esto dirigente opositor mostró que la AN posiblemente retomará la declaratoria de responsabilidad política en contra de Maduro. Sobre la propuesta que ha sido mencionada durante el diálogo de elecciones generales -que el oficialismo ha indicado que no está en la Ley- sostuvo: “idiotas claro que no está. Es una propuesta de carácter político”.

“No quieren nada que signifique que el pueblo se exprese a través del sufragio porque el 80% de los venezolanos los repudian”. Aseguró que el PSUV quiere otra vez preparar el terreno para decir que la AN está en desacato. “He perdido la cuenta de cuántos desacatos van”.

Finalmente, aún refiriéndose al diálogo, dijo que hasta “el día de hoy, en los supuestos acuerdos, la oposición ha cumplido de contado y el gobierno no ha hecho sino de pagar a crédito”. “Si de acá al fin de semana no hay resultados de carne y hueso, como libertad de presos políticos, tendremos más que suficientes razones para decirle al Vaticano que este país no puede seguir en manos de forajidos”.

Por su parte, la diputada Solórzano expresó que el procurador, quien -según ella- “no cuenta con los requisitos para ocupar el cargo” ha dicho que la AN no tiene competencia para ejercer sus funciones. “Está claramente establecido en los artículos 187, 222 y 226 de la Constitución que tenemos toda la competencia legal para llevar a cabo todos los procedimientos que hemos llevado”, dijo Solórzano. Expresó que el TSJ quiere “volver a limitar la libertad a la protesta pacífica”.

La presidente de la Comisión de Política Interior manifestó que “la sentencia es nula de nulidad absoluta porque está viciada de nulidad el proponente mismo”. Añadió que con el acuerdo que propuso busca “condenar el activismo político que tiene el TSJ, que no tiene más que sumido al país en un 99% de impunidad”.

La parlamentario que consignó el acuerdo expresó que lamentaba que la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que se retiró antes de que iniciara no estuviese. El chavismo se fue porque a pesar de que la sesión inició tras la prórroga reglamentaria de media hora, ellos rechazaron que no comenzara a las 2:30pm. La sesión empezó a las 3:15pm. El acuerdo que rechazó la sentencia del TSJ expresa que la AN mantiene firme sus funciones.

 
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