Prensa.
Estimulo.com
El defensor de los derechos humanos en
Provea, Inti Rodríguez, aseguró que en la denominada Operación de Liberación
del Pueblo (OLP) han estado involucrados funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) en casos de torturas y allanamientos ilegales. Sin embargo,
por realizarse con la colaboración de varios organismos, “es difícil y
complejo” precisar la responsabilidad de los cuerpos policiales y militares.
El defensor de los derechos humanos en
Provea, Inti Rodríguez, aseguró este lunes que en más de un año que lleva
ejecutándose la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), van 850
ejecuciones extrajudiciales y, al cierre del año, calcula que podría haber unas
1.000 muertes en el marco de este operativo militar y policial.
El Ministerio de la Defensa informó este
fin de semana la expulsión de 11 funcionarios del Ejército que fueron acusados
de secuestrar y asesinar a 12 personas en Barlovento, estado Miranda, hecho
ocurrido en el marco de las OLP. Solo en el mes de octubre, tras el “relanzamiento”
de este operativo del gobierno, fueron abatidos al menos 59 delincuentes en
varios estados del país, según cifras ofrecidas por el ministro para las
Relaciones Interiores, Néstor Reverol.
Rodríguez afirmó que pareciera que se
están “institucionalizando los escuadrones de la muerte” para asesinar a
personas en sectores populares. Recalcó que ha habido un “cambio
importante” en las OLP e indicó que Provea siempre ha criticado este tipo de
allanamientos masivos, que no hacen más que violar los derechos humanos de los
ciudadanos.
“Ya no están deteniendo a personas de
forma masiva, sino que ahora los cuerpos de seguridad están yendo directamente
a asesinar. Estos operativos pasaron a ser asesinatos masivos en sectores
populares”. Este fin de semana, cinco funcionarios
del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional
Bolivariana (Conas) también fueron arrestados bajo los cargos de asesinato de
nueve hombres ocurrido el 11 de noviembre en el sector Porvenir de Cariaco, en
el estado Sucre.
El pasado 6 de octubre, Reverol hizo un
balance sobre la nueva fase de este operativo militar y policial y afirmó que
19 sujetos habían sido abatidos por cometer diversos delitos. Al día siguiente,
cayeron otros 21 que estaban siendo “solicitados” y solo el jueves 10 de
octubre el ministro afirmó que los dispositivos se reforzaron en los estados
Bolívar, Lara, Nueva Esparta, Táchira y Monagas, donde 19 personas resultaron
muertas.
Uso de la fuerza
Rodríguez recalcó que en estos
operativos han estado involucrados funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) en casos de torturas y allanamientos ilegales. Sin embargo,
por realizarse con la colaboración de varios organismos, “es difícil y complejo”
precisar la responsabilidad de los cuerpos militares y policiales.
“Ya no se trata de redadas ni
detenciones arbitrarias, sino que se acude a estas comunidades a hacer uso de
la fuerza. Es un argumento bastante flojo por parte del gobierno ya que no tenemos
información de policías heridos en estos enfrentamientos”.
El defensor de los derechos humanos
precisó que, según versiones de los propios familiares, no todos los abatidos
son delincuentes. El gobierno habla de enfrentamientos pero, según Rodríguez,
muchas de estas personas estaban durmiendo o se encontraban bajo custodia
policial en el momento en que se realizó el operativo.
Señaló que, con esta práctica, el
ejecutivo nacional ha dado “carta abierta” al uso excesivo de la fuerza
pública. “La OLP es una guerra que el
ejecutivo venezolano ha desatado contra los pobres, es un mecanismo para
intimidar a las comunidades populares. Se está aplicando para generar miedo e
institucionalizar estos escuadrones de la muerte”.
Rodríguez exhortó a aplicar políticas y
medidas para disminuir los altos índices de delincuencia. Sin embargo, aclaró
que el gobierno está asumiendo “el peor camino” de violación de los derechos
humanos, imponiendo una “lógica autoritaria” que afecta a los habitantes de las
comunidades más pobres.