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Prensa. Estimulo.com
El defensor de los derechos humanos en Provea, Inti Rodríguez, aseguró que en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) han estado involucrados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en casos de torturas y allanamientos ilegales. Sin embargo, por realizarse con la colaboración de varios organismos, “es difícil y complejo” precisar la responsabilidad de los cuerpos policiales y militares.

El defensor de los derechos humanos en Provea, Inti Rodríguez, aseguró este lunes que en más de un año que lleva ejecutándose la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), van 850 ejecuciones extrajudiciales y, al cierre del año, calcula que podría haber unas 1.000 muertes en el marco de este operativo militar y policial.

El Ministerio de la Defensa informó este fin de semana la expulsión de 11 funcionarios del Ejército que fueron acusados de secuestrar y asesinar a 12 personas en Barlovento, estado Miranda, hecho ocurrido en el marco de las OLP. Solo en el mes de octubre, tras el “relanzamiento” de este operativo del gobierno, fueron abatidos al menos 59 delincuentes en varios estados del país, según cifras ofrecidas por el ministro para las Relaciones Interiores, Néstor Reverol.

Rodríguez afirmó que pareciera que se están “institucionalizando los escuadrones de la muerte” para asesinar a personas en sectores populares. Recalcó que ha habido un “cambio importante” en las OLP e indicó que Provea siempre ha criticado este tipo de allanamientos masivos, que no hacen más que violar los derechos humanos de los ciudadanos.

“Ya no están deteniendo a personas de forma masiva, sino que ahora los cuerpos de seguridad están yendo directamente a asesinar. Estos operativos pasaron a ser asesinatos masivos en sectores populares”. Este fin de semana, cinco funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) también fueron arrestados bajo los cargos de asesinato de nueve hombres ocurrido el 11 de noviembre en el sector Porvenir de Cariaco, en el estado Sucre.

El pasado 6 de octubre, Reverol hizo un balance sobre la nueva fase de este operativo militar y policial y afirmó que 19 sujetos habían sido abatidos por cometer diversos delitos. Al día siguiente, cayeron otros 21 que estaban siendo “solicitados” y solo el jueves 10 de octubre el ministro afirmó que los dispositivos se reforzaron en los estados Bolívar, Lara, Nueva Esparta, Táchira y Monagas, donde 19 personas resultaron muertas.

Uso de la fuerza
Rodríguez recalcó que en estos operativos han estado involucrados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en casos de torturas y allanamientos ilegales. Sin embargo, por realizarse con la colaboración de varios organismos, “es difícil y complejo” precisar la responsabilidad de los cuerpos militares y policiales.

“Ya no se trata de redadas ni detenciones arbitrarias, sino que se acude a estas comunidades a hacer uso de la fuerza. Es un argumento bastante flojo por parte del gobierno ya que no tenemos información de policías heridos en estos enfrentamientos”.

El defensor de los derechos humanos precisó que, según versiones de los propios familiares, no todos los abatidos son delincuentes. El gobierno habla de enfrentamientos pero, según Rodríguez, muchas de estas personas estaban durmiendo o se encontraban bajo custodia policial en el momento en que se realizó el operativo.

Señaló que, con esta práctica, el ejecutivo nacional ha dado “carta abierta” al uso excesivo de la fuerza pública.  “La OLP es una guerra que el ejecutivo venezolano ha desatado contra los pobres, es un mecanismo para intimidar a las comunidades populares. Se está aplicando para generar miedo e institucionalizar estos escuadrones de la muerte”.

Rodríguez exhortó a aplicar políticas y medidas para disminuir los altos índices de delincuencia. Sin embargo, aclaró que el gobierno está asumiendo “el peor camino” de violación de los derechos humanos, imponiendo una “lógica autoritaria” que afecta a los habitantes de las comunidades más pobres.

 
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