Prensa. elestimulo.com
Como
ya venía siendo habitual en el anterior período de sesiones de la Asamblea
Nacional, este jueves la sesión arrancó media hora después de lo previsto por
falta de quórum y al igual que el año pasado, la bancada oficialista abandonó
el Hemiciclo aludiendo el “desacato” y la modificación del orden del día.
Así,
en un nuevo monólogo opositor, quienes ostentan la mayoría en el Parlamento,
debatieron sobre el derecho al voto y de cómo, según ellos, el gobierno ha
“suspendido de facto los derechos políticos” de los venezolanos al no ofrecer
un cronograma claro de las elecciones regionales -que debieron realizarse en
diciembre- y de las municipales.
Y
es que ese es el camino que ha emprendido la oposición desde finales de 2016:
presionar por la fecha para elegir a los gobernadores.
Todo
parece indicar que la Unidad dejó de lado el revocatorio y que estos comicios
serán el nuevo objetivo.
Es
por esto que, además de aprobar un acuerdo, invitaron a los venezolanos a
marchar a todas las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) este 23 de enero
para exigir dicho cronograma. En el acuerdo plasman la exigencia a los
representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como a todos los
funcionarios del Estado, del cese en las actuaciones que durante los últimos
meses, consideran “han coartado a los venezolanos su derecho constitucional a
elegir mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, a las
autoridades que consideren los representarán”.
Exhortar
al CNE a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 293, numeral 5 de la
Constitución, presentando el cronograma electoral que permita a los venezolanos
ejercer su derecho al sufragio.
Por
último, los parlamentarios hicieron un llamado a la ciudadanía “a persistir en
la lucha constitucional, pacífica y democrática por la reconquista de sus
derechos secuestrados”.
Tercera
edad en pie de lucha
Los
adultos mayores volvieron a la Asamblea para apoyar la solicitud parlamentaria
al Ejecutivo para que promulgué la Ley de bono de alimentación y medicinas a
los jubilados y pensionados, la cual se sancionó en marzo de 2016.
Hay
que recordar que dicha Ley no fue declarada inconstitucional. El Tribunal
Supremo De Justicia (TSJ), en un acto que muchos califican de inconstitucional,
solicitó al Parlamento que demostrará su viabilidad económica, requisito con el
que cumplieron los diputados presentando un plan basado en el recorte de
“donativos” petroleros a otros países y en la recaudación tributaria. Pese a
esto, la Ley cayó en un limbo jurídico pues la “Máxima intérprete de la
Constitución” no volvió a pronunciarse.
Es
por ello que los opositores consideran “un acto de justicia social” la
promulgación de dicho instrumento legal.
El
diputado Miguel Pizarro sostuvo: “Vamos a conquistar el bono para pensionados y
jubilados” al tiempo que solicitó que los diputados se constituyeran como un
grupo organizado en cada protesta que la tercera edad convoque. Solicitud que
fue aprobada por la mayoría.
El
acuerdo llama a que cese desacato del
gobierno que incurrió en una omisión al no promulgarla.
Más
reclamos
El
TSJ será nuevamente el escenario elegido para dirimir conflictos en la
Asamblea. Esta vez los protagonistas serán los trabajadores y obreros del Poder
Legislativo.
Los
primeros, luego de ejercer un derecho de palabra en la plenaria, informaron que
acudirán a esta instancia para introducir un recurso de amparo contra la
República dado que la deuda que mantienen con ellos asciende a casi a un millón
de bolívares por cada trabajador. También introducirán un recurso ante la Ley
Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopna) para que se
garanticen los derecho a de sus hijos.
De
acuerdo al secretario del sindicato de Trabajadores de la Asamblea, José
Vicente Rivero, el gobierno comete una injerencia contra el Legislativo.
Denuncia
que, desde la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), se niegan los recursos
y acusó al ex diputado y nuevo ministro de Trabajo, Francisco Torrealba de
“estar preparando un cierre administrativo” del Parlamento.
Rivero
desmintió lo dicho por Torrealba sobre presuntos despidos y aseguró que “es
falso que la Asamblea está en paro. Los trabajadores están defendiendo
autonomía de la Asamblea.
Mientras
trabajadores blandían carteles en los que se leía “somos trabajadores
legislativos. Rechazamos pugnas entre poderes que afecten a trabajadores”, Rivero invitó a los diputados a “conformar un
solo bloque de trabajo”. Asimismo, exigió a los diputados que interpelen al
ministro Torrealba, a quien calificó de irresponsable porque su accionar es
político” y pidió que una vez que se demuestre su “mal manejo del caso”, se le
dé un voto de censura.
Mientras
tanto, el personal obrero del Sindicato de Obreros de la Asamblea Nacional
(SINOLAN), que apoya al Gobierno, se congregó en las puertas de la sede
administrativa de la Asamblea conocida como Pajaritos. Un grupo desmintió que
se busque un cierre administrativo e informó que acudirán al TSJ para exigir
que la Asamblea les pague. Según ellos,
el Parlamento ha solicitado los recursos a “destiempo” lo que ha generado las
deudas laborales.
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