Prensa. efectococuyo.com
El Centro de
Justicia y Paz (Cepaz) documentó 66 casos de persecución contra periodistas,
políticos y defensores de derechos humanos, ocurridos entre 2014 y 2015, que
comprueban la sistematización de patrones que buscan “silenciar las opiniones
disidentes”, según concluye el informe. El estudio de casos arrojó que el
patrón de persecución que más se repite en contra de los dirigentes políticos
es el inicio de procedimientos legales que se caracterizan por la violación del
derecho al debido proceso y a la libertad personal.
En 2015,
destacaron los casos de Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño
Iragorry, estado Aragua, detenido el 1 de septiembre de 2016 por participar en
la manifestación llamada “Toma de Caracas” convocada por la oposición. El
alcalde fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin dentro de la
sede de la alcaldía, por presunta comisión de dos delitos ambientales
-disposición indebida de residuos y desechos sólidos peligrosos y la
contravención de planes de ordenación del territorio-, pero además se le imputaron
otros dos delitos: “detención de arma de guerra y asociación para delinquir“.
Guárate
actualmente espera por una orden de traslado para recibir el tratamiento de
quimioterapia que necesita para tratar el linfoma no hodgkin que le fue
diagnosticado. Y también de ese año resalta el caso del alcalde Metropolitano
de Caracas Antonio Ledezma, detenido el 19 de febrero de 2015 por su presunta
participación como coautor intelectual en un supuesto intento de golpe de
Estado contra el presidente Maduro.
El mecanismo que
más se utiliza en contra de los periodistas es la aquiescencia (consentimiento
explícito o tácito) de actos violentos promovidos por el Gobierno. Mientras que
los defensores de derechos humanos suelen ser víctimas de persecución a través
de los medios de comunicación.
La directora de
Cepaz, Beatriz Borges, afirmó que determinaron un incremento en el número de
casos de persecución en 2015 y, en algunos casos, la ocurrencia de situaciones
de mayor gravedad a la documentada en el primer informe de 2014. El politólogo
y abogado Luis Salamanca, invitado por Cepaz para la presentación del informe,
recordó que, aunque en los regímenes democráticos también existe violación de
los derechos humanos, en los regímenes antidemocráticos las violaciones suelen
ser sistemáticas y pueden llegar a ser masivas.
Alertó que el
Gobierno de Nicolás Maduro puede tornarse más represivo en la medida en que se
sienta amenazado y pierda más apoyo popular. Recordó asimismo la vulneración
del derecho al voto con el aplazamiento de las elecciones regionales y
municipales.
El abogado Ramón
Guillermo Aveledo, también invitado especial, subrayó que “ninguna constitución
del mundo contiene un apartado tan extenso y prolijo sobre los derechos humanos
como la Constitución venezolana”, pero “existe una contradicción entre la
constitucionalidad y la noción de poder que tienen quienes gobiernan”, lo que
explica los patrones de persecución política documentados por Cepaz.