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El gobierno de Venezuela embargó los
activos de General Motors en el Estado Zulia, y provocó un daño económico y
social no sólo a su fuerza laboral sino a todos los que dependían de ella,
afirma el analista venezolano Antonio De la Cruz.
“General Motors en Venezuela empezó en
1948, esto quiere decir que lleva casi 70 años contribuyendo a la economía del
país con empleos y producciones conexas y que hoy termina”, dice De la Cruz en
entrevista con la Voz de América.
“GM se vió forzada a cerrar luego que
una demanda interpuesta por uno de sus concesionarios en el año 2000 y que se
ejecuta 17 años después. Significaba el pago de 665 millones de dólares que la
compañía no los tenía, y la consecuencia fue la decisión de cerrar las
instalaciones y dejar que el gobierno embargue sus activos”, explica De la
Cruz.
El experto enfatiza en que el cierre de
esta empresa deja sin empleo a muchos trabajadores. “Su planta tenía 2.678
empleados y junto a los que trabajaban en los 79 concesionarios suman más de
3.900 familias que no tendrán ingresos”, remarca el analista venezolano.
Sin embargo, en medio de este escenario
la afectación es aún mayor debido a que la ensambladora de automóviles tenía
empresas conexas que dependían de ella.
“Hay una estructura de compañías que se
desarrollaba alrededor de General Motors produciendo partes para el proceso de
ensamblaje y esas se quedan ahora sin mercado para sus productos. El daño
económico es irreparable”, advierte De la Cruz.
“Esta situación es parte de la política
del presidente Nicolás Maduro y del presidente Hugo Chávez previamente que
ejercita un control férreo sobre las divisas. Las empresas no pueden conseguir
dólares para importar partes y no pueden exportar sus ganancias, y esto hace
muy difícil su trabajo”, afirma el analista venezolano.
“Llama la atención en la forma en la que
esto sucede por el largo tiempo transcurrido entre la demanda y la resolución
que deriva en el embargo”, afirma De la Cruz a tiempo de reflexionar sobre una parte
de la crisis venezolana.
“El estado de derecho está cuestionado
en Venezuela y eso provoca que las señales que estamos observando hagan más
difícil que los inversionistas estén interesados en el país y esos capitales,
que son tan necesarios, no llegan para mover la economía”, concluye De la Cruz.