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Prensa. voanoticias.com
El gobierno de Venezuela embargó los activos de General Motors en el Estado Zulia, y provocó un daño económico y social no sólo a su fuerza laboral sino a todos los que dependían de ella, afirma el analista venezolano Antonio De la Cruz.

“General Motors en Venezuela empezó en 1948, esto quiere decir que lleva casi 70 años contribuyendo a la economía del país con empleos y producciones conexas y que hoy termina”, dice De la Cruz en entrevista con la Voz de América.

“GM se vió forzada a cerrar luego que una demanda interpuesta por uno de sus concesionarios en el año 2000 y que se ejecuta 17 años después. Significaba el pago de 665 millones de dólares que la compañía no los tenía, y la consecuencia fue la decisión de cerrar las instalaciones y dejar que el gobierno embargue sus activos”, explica De la Cruz.

El experto enfatiza en que el cierre de esta empresa deja sin empleo a muchos trabajadores. “Su planta tenía 2.678 empleados y junto a los que trabajaban en los 79 concesionarios suman más de 3.900 familias que no tendrán ingresos”, remarca el analista venezolano.

Sin embargo, en medio de este escenario la afectación es aún mayor debido a que la ensambladora de automóviles tenía empresas conexas que dependían de ella.

“Hay una estructura de compañías que se desarrollaba alrededor de General Motors produciendo partes para el proceso de ensamblaje y esas se quedan ahora sin mercado para sus productos. El daño económico es irreparable”, advierte De la Cruz.

“Esta situación es parte de la política del presidente Nicolás Maduro y del presidente Hugo Chávez previamente que ejercita un control férreo sobre las divisas. Las empresas no pueden conseguir dólares para importar partes y no pueden exportar sus ganancias, y esto hace muy difícil su trabajo”, afirma el analista venezolano.

“Llama la atención en la forma en la que esto sucede por el largo tiempo transcurrido entre la demanda y la resolución que deriva en el embargo”, afirma De la Cruz a tiempo de reflexionar sobre una parte de la crisis venezolana.

“El estado de derecho está cuestionado en Venezuela y eso provoca que las señales que estamos observando hagan más difícil que los inversionistas estén interesados en el país y esos capitales, que son tan necesarios, no llegan para mover la economía”, concluye De la Cruz.

 
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