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Prensa. elestimulo.com
Es la cabeza del Ministerio Público, pero también una de las mujeres más poderosas de la revolución. Luisa Ortega Díaz no deja de ser noticia luego de haberse pronunciado en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ. Sin embargo, otros pasos la arredran del gobierno de Maduro. Iconoclasta, levantó las rodillas de la tierra para romper la unidad chavista

Luisa Ortega Díaz sonrió. Y luego, volvió a sonreír. Parada en el auditorio del Ministerio Público, frente a sus subalternos que la vitoreaban, parecía que no había roto un plato. Incluso, se permitió hasta lanzar un beso al aire. Pero en realidad, en ese preciso instante y ante las sorprendidas cámaras de Venezolana de Televisión (VTV), la Fiscal General de la República hacía añicos el mito de la unidad monolítica del Estado chavista.

La posición fijada el viernes 31 de marzo de 2017 por Ortega Díaz, al considerar que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) representaban una “ruptura del orden constitucional”, puede interpretarse como un salto relevante en la historia de la revolución bolivariana. Sin embargo, antes de llegar a ese punto de inflexión, la platinada funcionaria dio una serie de tímidos pasos, a veces imperceptibles para la opinión pública, que marcaban su distanciamiento con respecto a la férrea disciplina del oficialismo.

El 25 de abril volvió a hablar. En una rueda de prensa enumeró los resultados de más de 20 días de protestas. Indicó el saldo de fallecidos: 26 –8 de ellos electrocutados en los saqueos de El Valle–; ofreció un total de lesionados: 437; y especificó que 1.289 personas han sido detenidas desde el 4 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, de estas 65 se siguen presas. Marcó distancia nuevamente con el discurso del Ejecutivo. A los responsables de estos actos vandálicos no los calificó de “terroristas”. En cambio dijo que, de acuerdo a la información aportada por la propia comunidad, “grupos delictivos del sector formaron parte de los destrozos, aprovechando el ambiente de crispación política”.

En su argumentación, la Fiscal ratificó que las funciones del despacho que dirige no son las de garantizar el orden público, sino la “titularidad de la acción penal”. En consecuencia llamó a los funcionarios policiales a atender el debido proceso al momento de practicar alguna detención en flagrancia. “El debido proceso, incluso en estados de excepción, es uno de los pocos derechos que no se pueden suspender”, afirmó.

Quizás la gente no se daba por enterada, pero Miraflores sí detectó a tiempo ese sutil desplazamiento hacia la autonomía. Respetando la rotación vigente desde 2000 entre los órganos del Poder Ciudadano, la presidencia del Consejo Moral Republicano debería estar hoy en manos de la Fiscal. No obstante, el contralor general de la República, Manuel Galindo, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, le sacaron la silla el 26 de diciembre de 2016 y terminó siendo el ungido el poeta que también fue gobernador de Anzoátegui.

Galindo y Saab intentaron cortarle las alas a Ortega Díaz por una razón: “no sabían a qué estaba jugando”. Desconfiaban de la camarada. Criticaban que en 2016 la jefa del Ministerio Público no se hubiera sumado con entusiasmo y determinación a la estrategia de acoso y derribo que el presidente Nicolás Maduro ordenó contra la mayoría opositora del Parlamento venezolano.

En realidad, las dudas comenzaron a aflorar en diciembre de 2015. En un momento clave para la revolución, luego de la estruendosa derrota sufrida en las elecciones legislativas, trascendió a los medios que la Fiscal no suscribió la lista de candidatos a magistrados del TSJ que los diputados chavistas tomaron para seleccionar a los famosos jueces “exprés”. Al parecer, la abogada cuestionó desde un principio la legalidad del proceso que concluyó con la designación de 13 togados principales y 21 suplentes.

Sin permiso
En sucesos con claras connotaciones políticas, Ortega Díaz chocó abiertamente contra el Ejecutivo. El 14 de septiembre de 2016, el Ministerio Público señaló que consideraba “improcedente” que la Procuraduría General de la República se inmiscuyera en los juicios penales que se seguían contra 16 funcionarios de la Policía del municipio Chacao y dos civiles por los asesinatos del periodista Ricardo Durán y el mayor general retirado del Ejército, Félix Antonio Velásquez.

La Fiscalía General de la República solicitó que fueran excarcelados 15 de los señalados por los crímenes de Durán y Velásquez, que el gobierno de Maduro achacó de inmediato a una conspiración de la “derecha”. La Procuraduría replicó demandando la nulidad absoluta de esa petición, argumentando “que no fue notificada” del hecho. Por medio de un comunicado, el despacho de Ortega Díaz contraatacó estimando impertinente este planteamiento porque “en dichos procesos no están siendo afectados derechos, bienes e intereses patrimoniales del Estado”.

Aquella respuesta del Ministerio Público incluyó un párrafo que se ha convertido en una constante en otros casos: “Vale mencionar que dichos efectivos aún permanecen privados de libertad a pesar de las solicitudes de revisión de medidas realizadas por el Ministerio Público, las cuales fueron acordadas por las mencionadas instancias judiciales”. En síntesis, los tribunales o —más directamente— el Ejecutivo ignoran las actuaciones de los fiscales y mantienen tras las rejas a quienes son identificados como enemigos de la revolución.

“Ha sido capturado el día de hoy. Va a ser juzgado y mandado a una cárcel de máxima seguridad. Es un viejo torturador de Acción Democrática”. Con esa peculiar sentencia, dictada el 19 de mayo 2016, Maduro condenaba a Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del para entonces presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup. A pesar de la línea impuesta por el líder de la revolución, Ortega Díaz no acusó a Rodríguez, quien de todas maneras permaneció detenido hasta el primero de noviembre.

Otro colaborador de Ramos Allup, Alejandro Puglia, enfrentó una situación similar, cuando fue detenido el primero de septiembre por manejar un dron para registrar las imágenes de la denominada “Toma de Caracas”, manifestación opositora en apoyo a la activación del referendo revocatorio. “El Ministerio Público solicitó la nulidad de la aprehensión, no precalificó ningún delito y por esta razón solicitó la libertad plena, pero la jueza hizo caso omiso y asumiendo atribuciones que no le corresponden precalificó el delito de favorecimiento bélico”, expuso en ese momento Nohelia Álvarez, abogada de Puglia, su defendido pasó 55 días recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los alcaldes Carlos Ocariz y David Smolansky, Municipio Sucre y Municipio El Hatillo respectivamente, acudieron entre septiembre y octubre de 2016 a la Fiscalía para denunciar la persecución del Sebin, comandado por el mayor general Gustavo González López. Ortega Díaz aclaró posteriormente que no rastreaba a Smolansky y apuntó que en cuanto a Ocariz, a quien González López pretendió responsabilizar de un ataque con granada contra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Petare, “el Sebin tendrá que declinar la investigación” por tratarse de un asunto de competencia ordinaria. La palabra de la Fiscal frenó el asedio militar.

El otro golpe
La declaración de Ortega Díaz rechazando los fallos de la Sala Constitucional del TSJ acaparó la atención de todo el país. Pero no fue lo único que dijo. En la presentación de su informe de gestión, la jefa del Ministerio Público reveló un dato que dejó al descubierto el fracaso del régimen chavista en su lucha contra la criminalidad. “Durante el año 2016 detectamos desde el Ministerio Público una alta incidencia de homicidios intencionales o dolosos, que se evidencia en una tasa de 70,1 por cada 100 mil habitantes. Esta tasa se traduce en 21.752 homicidios intencionales o dolosos”, desveló. En 2015, su despacho contabilizó 17.778 homicidios para una tasa de 58,1 por cada 100 mil habitantes.

En el reino de la opacidad, donde cualquier estadística oficial recibe el tratamiento de secreto de Estado, Ortega Díaz destapó que “las muertes a mano de la policía durante el año 2016 son de 4.667 personas. Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas, implican un aumento de la situación de violencia del país”.

A contracorriente del discurso gubernamental, la Fiscal ha alertado sobre los abusos de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que de acuerdo con su balance segó la vida de 241 personas el año pasado, y llamó a “retomar la institucionalidad, el respeto al ordenamiento jurídico y ocuparnos de atender las grandes necesidades y carencias que soporta el pueblo venezolano”.

La masacre ocurrida en Barlovento, estado Miranda, el 27 de noviembre 2016, por la que imputó a 12 efectivos del Ejército, también provocó una reacción de Ortega Díaz que desmontó el supuesto “humanismo” de los planes del Gobierno para disminuir la delincuencia. “Si bien es cierto que deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos, porque estaríamos ante una situación más grave, como sería criminalizar a los más pobres”, fustigó.

Luego de sacudir el tablero político venezolano, obligando a la Sala Constitucional a retroceder literalmente entre gallos y medianoche, la Fiscal se reunió en Miraflores con Maduro el sábado primero de abril. “Estuvimos hablando largamente más de hora y media (…) sobre los resultados del Consejo de Defensa de la Nación, sobre la necesidad de unir y cerrar filas en defensa de la soberanía”, dijo el Jefe de Estado al día siguiente.

Pese a que trataron de recoger la leche derramada, Ortega Díaz siguió por su camino y —según reseñaron medios locales— se abstuvo de firmar la resolución del Consejo Moral Republicano que descarta sancionar a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, tal como lo reclama la Asamblea Nacional para finiquitar su destitución.

A pocas horas de que chavismo y oposición tomaran las calles de Caracas el 19 de abril, la Fiscal emitió un comunicado que se distinguió por su contenido institucional. “Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública”, recordó.

El tono equilibrado de Ortega Díaz ha desquiciado a la tropa revolucionaria, que otrora la contaba entre sus heroínas y que este lunes 24 de abril posicionó en Twitter la etiqueta #DondeEstaLaFiscal. Hasta hace muy poco, todos sabían de qué lado estaba, pero ahora cunde la incertidumbre. Mientras se determina su paradero físico y político, las imágenes de archivo confirman que 23 días atrás estuvo en Miraflores y que, otra vez, sonreía.

 
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