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Prensa. efectococuyo.com
Jóvenes manifestantes que se encontraban el jueves 22 de junio cerca de la Base Aérea Francisco de Miranda, en Caracas, conocida como La Carlota, lanzaron piedras y bombas caseras contra al menos ocho funcionarios militares con escudos, cascos y protección antimotín, protegidos por una reja electrificada de más de dos metros de altura.

Como resultado, varios efectivos militares dispararon, ocasionando la muerte del manifestante David Vallenilla, de 22 años. Al respecto, el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, justificó la reacción de los militares en su cuenta de Twitter señalando que: “En cualquier parte del mundo es inaceptable el ataque y asedio a una base militar”.

Para Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora de la asociación civil Control Ciudadano, al ministro “hay que recordarle que en ninguna parte del mundo donde funcione el control democrático sobre la Fuerza Armada, está permitido el uso mortal de la fuerza, salvo que ingresen a la instalación por la fuerza o empleen armas de guerra, lo cual no es el caso”, manifestó

San Miguel indicó, además, que en las declaraciones vía Twitter de Reverol pareciera que el funcionario le da carácter de combatientes a los manifestantes, pese a que David Vallenilla fue “fusilado” por los uniformados.

“Sugiere que se trata de un hecho aislado de un Sargento que disparó y se olvida de que en la estructura militar la supervisión es obligante. Además, fueron nueve los sargentos que dispararon contra personas que protestaban”, publicó San Miguel en sus redes sociales.

Sobre este punto, ella recordó que lo que diferencia a la Fanb de grupos organizados delictivos, es la línea de mando, en la que se contempla la obediencia y subordinación; por lo que precisó que las imputaciones se limitan a dar castigo al soldado ejecutor y no a penalizar a los rangos medios y altos, quienes tienen el deber de supervisar a las tropas.

Lea más en: Control Ciudadano exige detención de cadena de mando en base militar de La Carlota

“Reverol no menciona que la policía militar tiene asignadas labores de orden público en la Base Aérea La Carlota, para lo que no está preparada y omite que la Base Aérea La Carlota dejó de funcionar hace mucho como tal y hoy es estacionamiento de los MI ruso, que deberían estar en la frontera, también funciona como asiento de una cementera y cuanto cachivache se le ocurre meter allí al Gobierno, además de ser sede de otras dependencias que nada tienen que ver con la naturaleza militar.

Nueva fase del terrorismo de Estado
Rocío San Miguel expuso que la política del Gobierno actual se ha centrado en implementar el terrorismo de Estado y calificó tales actuaciones como parte de una dictadura militar.

Entre las características que distinguen el terrorismo de Estado es la impunidad en los rangos medios y superiores. Si bien es cierto que en los homicidios de Fabián Urbina y David Vallenilla se han detenido a los presuntos autores, la especialista señala que deben ser detenidos también sus superiores.

“La línea de mando tiene que estar sujeta al estado de derecho. No se pueden emitir órdenes para supervisarlas, no se puede dejar al libre albedrío al soldado. ¿Las armas están debidamente guardadas? ¿Los hombres están formados para el control del orden público?”, cuestionó San Miguel, quien también es abogada, y recordó que el uso de la fuerza mortal debe ser ordenado por un superior.

Otra de las circunstancias del terrorismo de Estado son las estrategias distractivas de la opinión pública. Mencionó que acciones como los allanamientos a residencias de integrantes de partidos políticos como los que se realizaron en la noche del 22 de junio, a horas de haber sido asesinado el manifestante, buscan sobreponer un hecho noticioso sobre otro.

También el adelanto de los ascensos militares forma parte de los eventos de distracción del Gobierno. San Miguel aseguró que por tradición estos anuncios se dan el 24 de junio y no el 23 como anunció el presidente Nicolás Maduro que se realizarían este año.

“La presencia cada vez mayor de militares en la cúpula política de la nación, es otro factor del terrorismo de Estado. Es un patrón de los últimos cuatro años, pero actualmente hay  40% de los  ministros y  52% gobernadores que son militares. Esto para mí es una regla clara de las dictaduras. Crear un entorno de permanencia política militar”, precisó.

 
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