Prensa.
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La cita era el jueves a las 10:30 am en
el Hotel Milenio, en la Calle Edison de Los Chaguaramos. Pero no fue fácil
llegar, porque la Universidad Bolivariana, ubicada enfrente, decidió trancar la
calle, mas no para sumarse a ningún paro estilo MUD, sino para instalar una
tarima en plena vía pública desde la que improvisados oradores pregonaban a
mucho volumen las bondades de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por
Nicolás Maduro para el domingo 30.
Una vez adentro, dio inicio a la rueda
de prensa de Marea Socialista, y otras organizaciones que se reclaman del “chavismo
crítico”, es decir sectores políticos que reivindican el legado de Chávez pero
que no coinciden plenamente con las políticas de su sucesor.
Tratando de elevar la voz, pues la sala
no contaba con sonido, aunque había micrófonos de diversos medios, Gonzalo Gómez,
fundador del portal digital Aporrea y de Marea Socialista, leyó un manifiesto
cuyo título ya lo dice casi todo: “El chavismo crítico por la vigencia efectiva
de la Constitución. Rechazamos la injerencia extranjera, la constituyente
autoritaria de Maduro y el llamado Gobierno de Unidad Nacional de la MUD”.
Gómez estuvo acompañado en la mesa por
el sociólogo Edgardo Lander, el mayor general retirado Cliver Alcalá, y ex
funcionarios del gobierno de Hugo Chávez como Walter Boza y Gustavo Márquez,
este último también portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Constitución.
Otros firmantes del documento son la ex
defensora del pueblo Gabriela del Mar Rodríguez y los exministros de Chávez Ana
Elisa Osorio y Héctor Navarro y el diputado del PSUV Germán Ferrer.
Gómez dio lectura al documento de 14
puntos de los cuales los cuatro primeros tienen que ver directamente con la
Constituyente. En primer lugar se plantea defender los “logros y conquistas de
la Revolución Bolivariana” así como la Constitución de 1999, “actualmente
vulnerada”, luchando por el restablecimiento de su efectiva vigencia en el
marco del artículo 333.
En segundo lugar exigen la inmediata
suspensión o retiro de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
“inconsulta e inconstitucional, actualmente impulsada por el alto gobierno y el
presidente Maduro”.
Asimismo llaman a la “conciencia política
y unidad del pueblo frente al proyecto de estado crecientemente autoritario que
vulnera los derechos del pueblo como poder constituyente originario”.
Se proponen utilizar todos los
instrumentos legales y de participación democrática que da la CRBV “para la
anulación de su ilegítima convocatoria y de sus bases comiciales ya que contrarían
los principios para celebrar unas elecciones libres, justas y universales”.
De no ser suspendida o retirada la
propuesta de ANC, y ante la posible realización de elecciones previstas para el
domingo 30 de julio de 2017 y frente a los llamados públicos de participación
bajo amenaza de coacción en el contexto de un estado de excepción, “llamamos al
pueblo a no convalidar tal propuesta de ANC y por lo tanto a ejercer el derecho
a no asistir a tales comicios, promoviendo la abstención activa o consciente o,
de ser posible, el voto nulo consciente, como vía para el disenso popular y
demostración de su carencia de vigencia democrática.
Más adelante, el documento rechaza la
injerencia de otros países en la situación venezolana, particularmente de
Estados Unidos, con las recientes amenazas de su presidente Donald Trump, de
tomar “fuertes sanciones económicas” que, a juicio de los firmantes de
documento, acarrearían al pueblo venezolano males mayores que los que ya sufre
con la carestía de alimentos y medicinas y la alta inflación.
También denuncia la celebración del
gobierno de Maduro de contratos con empresas transnacionales en la faja petrolífera
del Orinoco y en el denominado Arco Minero de Guayana por considerar que son “lesivos
para la nación y su soberanía”.
En cuanto a la coalición Mesa de la
Unidad Democrática, que encabeza la oposición contra el gobierno de Maduro, el
documento rechaza “sus acciones de instrumentar a la Asamblea Nacional para la
conformación inconstitucional de poderes del Estado y gobierno bajo la
denominación de un llamado gobierno de Unidad Nacional con el nombramiento de
nuevos magistrados del TSJ por la AN y que, junto con la convocatoria a la
constituyente presidencial, se inscriben en la lógica de la fragmentación del
Estado constitucional de 1999, el escalamiento del conflicto y el
propiciamiento de una guerra civil”.
De igual modo declaran su solidaridad
con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, “en sus actuales
esfuerzos para el restablecimiento den la efectiva vigencia de nuestra
Constitución”.
En el aparte 9 exigen pleno respeto a
los derechos humanos y condenan la “represión estatal desmedida, no
diferenciada ni proporcionada, de tipo letal contra las protestas pacíficas del
pueblo, así como toda violencia política o social, “particularmente la
violencia de grupos ‘foquistas’, fascistas o de tipo paramilitar de cualquier
signo político, así como toda conducta regida por el odio, la segregación, el
revanchismo, el racismo o cualquier acto de vulneración del derecho a la vida”.
De igual modo rechazan que civiles sean juzgados por tribunales militares.
Finalmente, los firmantes comunican su
disposición a trabajar por “el diálogo, reagrupamiento y reorientación política
del chavismo de base crítico, democrático y descontento, molesto con el rumbo y
políticas del gobierno, que en nuestro concepto son ajenas al legado de Chávez,
a la Constitución que nos dimos junto a él, a la democracia participativa y
protagónica, a los valores éticos y al conjunto de los principios inspiradores
de la revoolución bolivariana. De igual manera nos opondremos y combatiremos
cualquier proyecto de signo conservador y de ajuste neoliberal”.
Tras la lectura del manifiesto, comenzó
la ronda de preguntas y respuestas que no duró mucho pues fue interrumpida por
un ruido persistente: Eran los “otros” chavistas, golpeando las puertas de
cristal, que habían sido cerradas por el personal del hotel, y gritando “¡Traidores,
Traidores!”, supuestamente a los dirigentes de Marea Socialista. Al final,
tanto panelistas como periodistas debimos salir por la puerta trasera.
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