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En declaraciones desde el auditorio del
Ministerio Público, la fiscal general Luisa Ortega Díaz desglosó este martes
las acusaciones en su contra que presentó el diputado oficialista Pedro Carreño
y por las cuales el Tribunal Supremo de Justicia iniciará un antejuicio de mérito.
El Tribunal Supremo de Justicia iniciará
este martes un antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz. Desde el Ministerio Público,
sede de su despacho, la fiscal general respondió a las acusaciones en su contra
y aseguró que no asistirá a la audiencia: “No voy a convalidar un circo cuya
decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!”.
Dijo que en Venezuela peligran la
libertad, la democracia y los derechos humanos y que se desarrolla “un golpe de
Estado más grotesco que el de Carmona (en 2002)”. Ortega Díaz aseguró que no ha cometido
delitos ni faltas, porque lo que no se someterá a un tribunal que considera “inconstitucional
e ilegítimo”.
Además desconoció la designación que
hiciera la Sala Constitucional horas antes de Katherine Haringhton como
vicefiscal, pasando sobre la selección de Rafael González, avalada por la
Asamblea Nacional.
“Ha sido una calamidad acceder a mi
expediente, eso es una encerrona y una cosa clandestina. A pesar de que recusé
a los magistrados, yo sé que igual esa audiencia se va a dar. Es un hecho
cantado, todos lo saben”, denunció la funcionaria.
Aseguró que los magistrados que la
enjuiciarán son ilegítimos e inconstitucionales y diseccionó los alegatos de su
defensa:
-El 16 de junio de 2017, el diputado
Pedro Carreño hizo una solicitud de antejuicio, “amañada”, según la fiscal. “En
esa confusa y extravagante solicitud, el diputado transcribe el extracto de una
sentencia que se publicó el 28 de junio, 8 días después”, criticó Ortega.
-El martes 20 de junio la solicitud fue
admitida. “Esa celeridad también deberían aplicarla para decidir otros recursos
trascendentales del país, como el que cursa ante la Sala Electoral sobre la
elección de los diputados de Amazonas que hasta la fecha permanecen sin
representantes”.
-Las “faltas graves” de las que se le
acusan incluyen el desconocimiento de la designación de los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia. “La Convocatoria para la selección de los
magistrados se hizo el 10 de diciembre de 2015. Este día, los expedientes no
habían llegado al Consejo Moral Republicano, porque llegaron el día 14 de
diciembre del 2015 a la 1:10 pm”. Ortega aseguró que esa reunión no se realizó
y, por tanto, ni ella ni el propio Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, según
figura en los los libros de acta.
-El nombre del magistrado Juan Carlos
Valdez González, suplente de la Sala Constitucional, no aparece en ninguna de
las dos listas que se enviaron a la Asamblea Nacional con los seleccionados. “¿Con
qué milagro ese magistrado llegó a ser magistrado si no estaba en la lista?”,
inquirió la fiscal.
-Carreño aseguró en su solicitud que la
fiscal desestabilizó el país cuando criticó las sentencias 155 y 156 del TSJ. “Denuncié
que eran una ruptura al orden constitucional y lo sigo manteniendo”, respondió
Ortega. Agregó que la posterior modificación de los dictámenes le dieron la razón
y por eso su declaración no puede constituir una falta.
-El diputado también dice que la actuación
de la líder del Ministerio Público va en detrimento de la “majestuosidad y
decoro del Poder Ciudadano”, porque está en contra de la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que hizo Nicolás Maduro. “Esa
convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacerla respetar. Y
además, el Presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo.
Solo el pueblo puede convocar una ANC”, contestó la funcionaria.
-Además se le acusa de tener la intención
de “caotizar” el país. Ortega Díaz asegura que el caos no lo ha impuesto la
Fiscalía: “Los responsables de que nuestro pueblo no tenga acceso a
medicamentos básicos, que haya quienes comen en la basura, que los hospitales
no tengan insumos, que no se encuentren productos de higiene personal, que la
mayoría de crímenes sean producto de la seguridad… eso no es responsabilidad de
la fiscal”.
-Ante la acusación de que el Ministerio
Público ha sido negligente en las investigaciones, Ortega Díaz respondió que
desde abril han muerto 90 personas en el
contexto de las protestas opositoras y 4.568 han sido procesadas y 70 han sido
acusadas. Denunció que las fuerzas policiales no han ejecutado algunas órdenes
de captura y que la justicia militar ha obstaculizado las actividades del
Ministerio Público.