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Prensa. elestimulo.com
En declaraciones desde el auditorio del Ministerio Público, la fiscal general Luisa Ortega Díaz desglosó este martes las acusaciones en su contra que presentó el diputado oficialista Pedro Carreño y por las cuales el Tribunal Supremo de Justicia iniciará un antejuicio de mérito.

El Tribunal Supremo de Justicia iniciará este martes un antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz. Desde el Ministerio Público, sede de su despacho, la fiscal general respondió a las acusaciones en su contra y aseguró que no asistirá a la audiencia: “No voy a convalidar un circo cuya decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!”.

Dijo que en Venezuela peligran la libertad, la democracia y los derechos humanos y que se desarrolla “un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona (en 2002)”. Ortega Díaz aseguró que no ha cometido delitos ni faltas, porque lo que no se someterá a un tribunal que considera “inconstitucional e ilegítimo”.

Además desconoció la designación que hiciera la Sala Constitucional horas antes de Katherine Haringhton como vicefiscal, pasando sobre la selección de Rafael González, avalada por la Asamblea Nacional.

“Ha sido una calamidad acceder a mi expediente, eso es una encerrona y una cosa clandestina. A pesar de que recusé a los magistrados, yo sé que igual esa audiencia se va a dar. Es un hecho cantado, todos lo saben”, denunció la funcionaria.
  
Aseguró que los magistrados que la enjuiciarán son ilegítimos e inconstitucionales y diseccionó los alegatos de su defensa:

-El 16 de junio de 2017, el diputado Pedro Carreño hizo una solicitud de antejuicio, “amañada”, según la fiscal. “En esa confusa y extravagante solicitud, el diputado transcribe el extracto de una sentencia que se publicó el 28 de junio, 8 días después”, criticó Ortega.

-El martes 20 de junio la solicitud fue admitida. “Esa celeridad también deberían aplicarla para decidir otros recursos trascendentales del país, como el que cursa ante la Sala Electoral sobre la elección de los diputados de Amazonas que hasta la fecha permanecen sin representantes”.

-Las “faltas graves” de las que se le acusan incluyen el desconocimiento de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “La Convocatoria para la selección de los magistrados se hizo el 10 de diciembre de 2015. Este día, los expedientes no habían llegado al Consejo Moral Republicano, porque llegaron el día 14 de diciembre del 2015 a la 1:10 pm”. Ortega aseguró que esa reunión no se realizó y, por tanto, ni ella ni el propio Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, según figura en los los libros de acta.

-El nombre del magistrado Juan Carlos Valdez González, suplente de la Sala Constitucional, no aparece en ninguna de las dos listas que se enviaron a la Asamblea Nacional con los seleccionados. “¿Con qué milagro ese magistrado llegó a ser magistrado si no estaba en la lista?”, inquirió la fiscal.

-Carreño aseguró en su solicitud que la fiscal desestabilizó el país cuando criticó las sentencias 155 y 156 del TSJ. “Denuncié que eran una ruptura al orden constitucional y lo sigo manteniendo”, respondió Ortega. Agregó que la posterior modificación de los dictámenes le dieron la razón y por eso su declaración no puede constituir una falta.

-El diputado también dice que la actuación de la líder del Ministerio Público va en detrimento de la “majestuosidad y decoro del Poder Ciudadano”, porque está en contra de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que hizo Nicolás Maduro. “Esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacerla respetar. Y además, el Presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo. Solo el pueblo puede convocar una ANC”, contestó la funcionaria.

-Además se le acusa de tener la intención de “caotizar” el país. Ortega Díaz asegura que el caos no lo ha impuesto la Fiscalía: “Los responsables de que nuestro pueblo no tenga acceso a medicamentos básicos, que haya quienes comen en la basura, que los hospitales no tengan insumos, que no se encuentren productos de higiene personal, que la mayoría de crímenes sean producto de la seguridad… eso no es responsabilidad de la fiscal”.

-Ante la acusación de que el Ministerio Público ha sido negligente en las investigaciones, Ortega Díaz respondió que desde abril  han muerto 90 personas en el contexto de las protestas opositoras y 4.568 han sido procesadas y 70 han sido acusadas. Denunció que las fuerzas policiales no han ejecutado algunas órdenes de captura y que la justicia militar ha obstaculizado las actividades del Ministerio Público.

 
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