La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy que
dictó medidas cautelares de protección a la fiscal general de Venezuela, Luisa
Ortega Díaz, porque enfrenta un “riesgo inminente de daño irreparable”.
Prensa. EFE
En un comunicado, la CIDH, que realiza una visita “in
loco” a Guatemala, señala que, tras analizar las alegaciones y teniendo en
cuenta “la tensión institucional y social generada” en el marco de la “alteración
al orden constitucional y democrático” en Venezuela, la comisión decidió
incluir a la fiscal y a su núcleo familiar por la “gravedad y urgencia” que
enfrentan su vida e integridad.
Entre los factores de riesgo tomados en cuenta por
la CIDH están declaraciones y pronunciamientos de “altas autoridades” que habían
vinculado a la fiscal con “actos terroristas” calificándola como “traidora” del
Gobierno por su labor, indicó el organismo.
Con la reciente medida, la CIDH, ente autónomo de
la Organización de Estados Americanos (OEA), requiere a Venezuela adoptar las
medidas necesarias para garantizar la vida de Ortega y su familia para que
pueda realizar su trabajo.
El pasado miércoles, el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reveló una conversación
con la fiscal venezolana, quien había denunciado las “permanentes amenazas” al
Ministerio Público y las “amenazas personales” que ha recibido de “autoridades
del régimen de Nicolás Maduro”.
Así relató Almagro en varios mensajes de su cuenta
de Twitter la conversación que mantuvo con la fiscal, quien este martes ordenó
una investigación penal por el delito de lesa humanidad que considera se ha
cometido con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por
Maduro.
Tras las elecciones del pasado domingo, Maduro
prometió que la Constituyente, que asumió hoy el poder, se hará cargo de la
Fiscalía, es decir, que intervendrá y reestructurará esta institución, que
comenzó a ser crítica con los pasos dados por el Gobierno a finales de marzo
pasado, cuando estalló una ola de manifestaciones que ha dejado un centenar de
muertos.
En su conversación telefónica con Almagro, la
fiscal general “reiteró la denuncia respecto de la sustitución del vicefiscal
(que ella nombró) y la usurpación de funciones por parte de la funcionaria
nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)”.
Luisa Ortega nombró a un vicefiscal, pero el
Tribunal Supremo anuló el nombramiento por considerarlo irregular y designó en
su lugar a una vicefiscal, a quien la Fiscalía no reconoce y no ha dejado
entrar a su sede hasta ahora.