Prensa. Senderos de Apure.net.
La cámara de comercio de Apure emitió un comunicado que fue leído por
el 2do. Vicepresidente de Consecomercio y presidente de la cámara de comercio
de Apure, Vito Vinceslao, del cual, citaremos a continuación:
Sin respeto a los derechos no habrá condiciones económicas para operar.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios del
estado Apure se dirige a la colectividad apureña para sentar posición sobre las
últimas medidas anunciadas e instrumentadas por el Gobierno Nacional, a través
de la Superintendencia Nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos
(SUNDEE):
1. Los venezolanos vivimos bajo condiciones económicas
precarias. La inflación, la escasez, la desinversión y la caída de la producción,
son los resultados de la política económica
implantada por el gobierno nacional que provoca esas consecuencias. Hemos
planteado reiteradamente que el país requiere de mayor disciplina fiscal, un
presupuesto equilibrado, manejo
eficiente de las empresas públicas y un repliegue del gobierno a las áreas que le son propias, y que ahora
también se encuentran en condiciones críticas.
Vivimos el efecto de las malas
decisiones, la desconfianza social y
del irrespeto de los derechos
ciudadanos, entre los cuales el derecho de propiedad ha sido derogado por la vía
de los hechos. Pero no es el único.
2. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
del estado Apure ratifica su creencia en que la libertad económica,
constitucionalmente consagrada como derecho fundamental, es la piedra angular
sobre la cual debe construirse todo el sistema económico y social, bajo la
premisa de la productividad y de niveles de rentabilidad que permitan al Estado
contar con mayores recursos de fuente tributaria, y todos los valores
consagrados en el artículo 199 de la Constitución. Para que esto ocurra, tiene
que haber más empresas y no menos empresas. Debe plantearse una relación seria
con el sector productivo, lejos del espectáculo supuestamente reivindicador que
en realidad es la garantía más efectiva para
la ruina social. El régimen de inspección y de intervenciones
arbitrarias ha sido un factor esencial en el logro del deterioro productivo del
país. Y si ahora se intenta una nueva oleada de fiscalizaciones, con las mismas
premisas y las mismas medidas, no se atajará una crisis que no aguanta más
controles ni más arbitrariedades.
3. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
del estado Apure recuerda que el impulso a la actividad económica interna y el éxito
de cualquier política que busque incrementar la productividad de las empresas,
la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades colectivas, en términos
de producción de alimentos y bienes y servicios en general, está directamente
vinculada al respeto del gobierno a la libertad de empresa. Las medidas
intervencionistas son contrarias al
discurso oficial que dice buscar estimular la producción. El intento de
calificar a los empresarios entre “buenos” y “malos” es absurdo. Lo que hay son
buenas o malas políticas para promover
el crecimiento económico. Tal y como lo ratifican todos los estudios
internacionales, nuestro país está hundido en medidas que deliberadamente
impiden el crecimiento empresarial y el
crecimiento el país. Es urgente revisar y modificar todas las medidas que asfixian y paralizan al país. .
4. Hemos advertido que el contenido actual de la
Ley orgánica de Precios Justos, en lugar de activar el aparato productivo y
corregir las distorsiones que conlleva la inflación y la devaluación, provoca
todo lo contrario. Esta ley y el régimen cambiario actual son los torniquetes que van a terminar por
gangrenar la capacidad productiva del país, sometiéndonos a todos a una
inmerecida precariedad.
5. Ante el anuncio de la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que estarán en la calle,
ejecutando un “plan de fiscalización” a todos los establecimientos comerciales,
queremos destacar que tales procedimientos administrativos deben ceñirse al
respeto del marco de derechos y garantías previstos en la Constitución, la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Simplificaciones de Trámites
Administrativos. El gobierno no puede actuar
aplicando criterios discrecionales y fomentando el odio social. Debe
evitar la desproporción en las sanciones y reconocer que una empresa la integran empresarios y trabajadores, y que con medidas extremas irreflexivas se afecta
la estabilidad de los puestos de trabajo y la paz ciudadana.
6. La seguridad alimentaria, el libre acceso a los
bienes y servicios esenciales y no esenciales, y la dignidad humana que se
realiza en la libertad de escoger, no se garantizan con la intimidación, la
expresión autoritaria de medidas de cierre o la aplicación de mecanismos
correctivos, supuestamente racionales,
pero que en la práctica se erigen en lesiones irreversibles a la
actividad económica, a la rentabilidad de las empresas, a la estabilidad de los
trabajadores y muy especialmente, al
nivel de bienestar de la población que se ve impedida de acceder libremente a
tales bienes y servicios.
7. Ratificamos nuestro exhorto al Ejecutivo
Nacional para que adopte, sin mayor dilación, las medidas económicas,
comerciales, fiscales y monetarias necesarias para restituir la confianza en la
economía nacional, la reactivación del aparato productivo y la distribución de
bienes y servicios en forma continua
y oportuna en beneficio del bienestar
colectivo. Necesitamos apostar a la libertad y reconocer que los resultados hoy
son racionamiento y alto costo de la vida.
8. Rechazamos las declaraciones que intentan
vender la falacia de que quien esté “contra las fiscalizaciones y los precios
justos, demuestran su apoyo a especuladores y contrabandistas”. La especulación,
el contrabando, los mercados negros… son el resultado de una economía de
controles envilecida, que no beneficia a
nadie. El aspaviento en la adopción de medidas y la aplicación de sanciones
desmedidas en ejercicio de las potestades de fiscalización, no constituyen
factores determinantes y eficientes en el restablecimiento de la normalidad económica
que requiere el país.
9. La gran mayoría de los comerciantes, personas
jurídicas y naturales, actúan ajustadas al ordenamiento jurídico y, tienen la
mayor disposición de colaborar y respetar lo concerniente a la distribución y
venta de bienes y a la prestación de servicios, en correspondencia con la
exigencia de mayor productividad y responsabilidad social que siempre los ha
caracterizado. Pero la colectividad
empresarial está en el límite y evalúa si todavía están vigentes las mínimas
condiciones para seguir operando. Las medidas vigentes colaboran poco para
elevar el nivel de confianza que necesita Venezuela para solventar la crítica
coyuntura actual.
10. Por ultimo invitamos a la SUNDEE y los demás
organismos encargados de las fiscalizaciones, revisión y sanciones a una reunión
con los representantes de los distintos sectores que integran la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios del estado Apure, a fin de exponerles nuestros
argumentos y algunas consideraciones que pensamos se deben tener en cuenta para
estas fiscalizaciones, ya hemos podido notar y darnos cuenta que existe mucho
desconocimiento por quienes nos fiscalizan.
Por la Junta Directiva