Prensa. Expresión
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Expresión
Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia rechazan de manera categórica
el cierre definitivo de las emisoras de radio privadas 99.1 y 92.9, decisión
asumida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la noche del
viernes 25 de agosto de 2017, de manera arbitraria y sin previo aviso, bajo el
argumento de que se les había terminado la concesión a ambas plantas
radiofónicas.
Estas
emisoras de radio se encontraban operando sin la debida renovación de la
concesión por una intencional dilación
por parte de Conatel. En este momento cerca de 320 emisoras radiales se
encuentran sin la concesión correspondiente porque al Gobierno Nacional, a
través de Conatel, organismo que en los últimos cinco meses ha cerrado unas 42
estaciones de radio en todo el país sin justificación alguna, ha adoptado como
política mantener suspendida las renovaciones de las concesiones a las radios
privadas, especialmente las que tienen una política editorial independiente,
para tratar de someterlas, buscando que no informen sobre los problemas que
afectan al país, que generan acciones de protesta y críticas a la gestión de
gobierno.
Esta
política represiva contra las radios independientes también se está aplicando a
televisoras nacionales y a los canales internacionales que se ven a través de
las cableras, lo que ha afectado dramáticamente el acceso a la información por
parte de los ciudadanos de este país. Este oscuro panorama de la libertad de
expresión en Venezuela se va a complicar, aún más, con la propuesta de Ley contra el odio, la
intolerancia y la violencia solicitada por Nicolás Maduro ante la Asamblea
Nacional Constituyente, órgano que por su ilegalidad de origen no tiene la
potestad para legislar pero, estando ya fuera de ley, el gobierno de Maduro
buscará imponerla para dar la estocada definitiva y producir un apagón
informativo en el país.
Es
importante destacar que con el cierre de estas emisoras de radio no solo se
afecta la libertad de expresión, sino que también se perjudica directamente a
los trabajadores de esos medios de comunicación social y a las familias que
dependen económicamente de ese sustento. En
tal sentido exhortamos al director de Conatel, a que cumpla con la normativa de
esa institución en cuanto a la revisión de las concesiones de las estaciones de
radio y televisión que están vencidas como las que están por vencerse y ofrezca
una decisión oportuna, para que de esa manera puedan cumplir con lo estipulado
en la Ley de Telecomunicaciones, asumiendo así
Conatel sus funciones como ente facilitador y no como censor y
aniquilador de la libertad de expresión.