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efectococuyo.com
Ante
la Organización de Naciones Unidas, el Estado venezolano “está raspado” por su
actuación en las protestas de este año. En cuanto a los allanamientos y
detenciones arbitrarias la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Acnudh) dedicó siete páginas en su último informe
sobre Venezuela para detallar los patrones que siguieron los funcionarios al
efectuar tales operaciones.
El
común denominador fue la vulneración de derechos humanos y procesales
establecidos en la Constitución del país y en tratados internacionales a los
que Venezuela se comprometió cumplir. “Nunca imaginé que mi casa dejara de ser
segura para mí y para mis hijos”, le dijo al Acnudh un habitante de un conjunto
residencial del estado de Miranda allanado por fuerzas de seguridad el 22 de
mayo de 2017.
El
ente internacional indicó que en las manifestaciones se registraron
allanamientos ilegales y violentos a viviendas, con el propósito de detener a
varias personas que participaron en las protestas. Estos operativos fueron en
su mayoría destructivos y abusivos, lo que generó temor en los vecinos y creó
un estado de inseguridad permanente en los residentes.
Detenciones
arbitrarias
“Las
fuerzas de seguridad venezolanas, incluidos los servicios de inteligencia, han
detenido a gran número de manifestantes y personas identificadas como
opositores políticos. El Acnudh considera que esas detenciones son arbitrarias
debido a las repetidas y graves violaciones al debido proceso y porque se
efectuaron en respuesta al ejercicio de los derechos humanos, en particular la
libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión pacífica”, expuso el
informe elaborado por la ONU.
Destacó
allí que el ente solicitó información a los organismos oficiales venezolanos
para conocer la cantidad de detenciones registradas desde el 1 de abril de
2017, pero no obtuvieron respuesta. Por eso manejan los datos suministrados por
la organización civil Foro Penal, la cual apunta que hubo cerca de 5.000
detenciones en cuatro meses.
Justicia
militar para civiles
“La
aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles se tradujo en graves
violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho a
ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido
por la ley”, sentenció el Acnudh. Asegura
que el número de civiles juzgados en tribunales militares aumentó drásticamente
con el comienzo de las protestas y apunta que se debe a un esfuerzo del
Gobierno por ignorar la función constitucional de la Fiscalía General.
Además
de que este sistema de justicia no debe ser usado para los civiles debido a las
disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Acnudh constató que, tal como establece la normativa internacional,
los jueces militares no son independientes, porque son miembros activos de las
Fuerzas Armadas y están sometidos a la jerarquía militar, así como a la
autoridad del Ministro de la Defensa y del Presidente. “Las
personas entrevistadas indicaron al Acnudh que los comandantes militares habían
tomado decisiones arbitrarias para poner a las personas acusadas a disposición
de tribunales militares y no de tribunales ordinarios“, reseña el informe.
Respuesta
del Estado
“Es
una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto
comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la
democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela“, señaló en un
comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.
Estas
declaraciones las ofreció el 30 de agosto en referencia al informe que había
sido publicado por el organismo y estuvieron acompañadas de calificativos como
“infundado” y “manipulado”. Afirmó que “tan infundado informe” ha sido
elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal
de los órganos intergubernamentales competentes de Naciones Unidas.
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