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Prensa. efectococuyo.com
Ante la Organización de Naciones Unidas, el Estado venezolano “está raspado” por su actuación en las protestas de este año. En cuanto a los allanamientos y detenciones arbitrarias la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dedicó siete páginas en su último informe sobre Venezuela para detallar los patrones que siguieron los funcionarios al efectuar tales operaciones.

El común denominador fue la vulneración de derechos humanos y procesales establecidos en la Constitución del país y en tratados internacionales a los que Venezuela se comprometió cumplir. “Nunca imaginé que mi casa dejara de ser segura para mí y para mis hijos”, le dijo al Acnudh un habitante de un conjunto residencial del estado de Miranda allanado por fuerzas de seguridad el 22 de mayo de 2017.

El ente internacional indicó que en las manifestaciones se registraron allanamientos ilegales y violentos a viviendas, con el propósito de detener a varias personas que participaron en las protestas. Estos operativos fueron en su mayoría destructivos y abusivos, lo que generó temor en los vecinos y creó un estado de inseguridad permanente en los residentes.

Detenciones arbitrarias
“Las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidos los servicios de inteligencia, han detenido a gran número de manifestantes y personas identificadas como opositores políticos. El Acnudh considera que esas detenciones son arbitrarias debido a las repetidas y graves violaciones al debido proceso y porque se efectuaron en respuesta al ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión pacífica”, expuso el informe elaborado por la ONU.

Destacó allí que el ente solicitó información a los organismos oficiales venezolanos para conocer la cantidad de detenciones registradas desde el 1 de abril de 2017, pero no obtuvieron respuesta. Por eso manejan los datos suministrados por la organización civil Foro Penal, la cual apunta que hubo cerca de 5.000 detenciones en cuatro meses.

Justicia militar para civiles
“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles se tradujo en graves violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”, sentenció el Acnudh. Asegura que el número de civiles juzgados en tribunales militares aumentó drásticamente con el comienzo de las protestas y apunta que se debe a un esfuerzo del Gobierno por ignorar la función constitucional de la Fiscalía General.

Además de que este sistema de justicia no debe ser usado para los civiles debido a las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acnudh constató que, tal como establece la normativa internacional, los jueces militares no son independientes, porque son miembros activos de las Fuerzas Armadas y están sometidos a la jerarquía militar, así como a la autoridad del Ministro de la Defensa y del Presidente. “Las personas entrevistadas indicaron al Acnudh que los comandantes militares habían tomado decisiones arbitrarias para poner a las personas acusadas a disposición de tribunales militares y no de tribunales ordinarios“, reseña el informe.

Respuesta del Estado
“Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela“, señaló en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

Estas declaraciones las ofreció el 30 de agosto en referencia al informe que había sido publicado por el organismo y estuvieron acompañadas de calificativos como “infundado” y “manipulado”. Afirmó que “tan infundado informe” ha sido elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos intergubernamentales competentes de Naciones Unidas.

 
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