Prensa. EFE.
Grupos del
exilio venezolano en Miami recibieron este lunes como “positivas” las
restricciones de visas impuestas por EE.UU. a funcionarios del Gobierno
venezolano y sus familias, aunque temen que “paguen algunos justos por
pecadores”. Beatriz Olavarría, del movimiento Vente Venezuela, de María Corina
Machado, aseguró a Efe que aplaude la medida porque “cualquier persona que esté
trabajando en el Gobierno es un corrupto, es un violador de derechos humanos”.
Olavarría
matizó, sin embargo, que se va a requerir de “inteligencia para identificar” a
los funcionarios del Gobierno venezolano y sus familiares para que el decreto
anunciado por EE.UU. no afecte la emisión de visas a otros venezolanos. Este domingo
el presidente estadounidense, Donald Trump, reemplazó su polémico veto
migratorio a seis países de mayoría musulmana con una medida que impone
restricciones a ocho naciones, a partir del próximo 18 de octubre, entre ellas
Venezuela.
“Dentro de
alguna medida tiene que haber un efecto colateral para la generalidad de los
venezolanos”, reconoció Olavarría al considerar que es una medida “amplia y por
lo tanto complicada para implementarla. Pero si eso frena algo, ya sirve”. En el mismo
sentido se manifestó José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos
Políticos en el Exilio (Veppex).
“Aplaudimos la
medida porque para nadie es un secreto que estos familiares de delincuentes que
gobiernan se la pasan metidos aquí (en EE.UU.) comprando con el dinero de los
venezolanos, porque para ellos no hay crisis”, indicó a Efe. Colina señaló
que Veppex enviará este martes al Departamento de Estado de EE.UU. una lista
con los nombres de 20.000 funcionarios, basada en datos oficiales venezolanos,
para que la agreguen a sus bases de datos.
El dirigente
del exilio explicó que la medida es muy “clara, consistente y coherente” con
las últimas acciones “frontales” de Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro,
aunque reconoció que las condiciones de visado para venezolanos ajenos al poder
en su país pueden en cierta forma verse afectadas.
Por su parte,
Patricia Andrade, presidenta de la organización de derechos humanos Venezuela
Awareness, aseguró que el Gobierno estadounidense debe “saber muchísimo” de
violadores de esos derechos, narcotraficantes y de otros delitos vinculados al
Gobierno venezolano para atreverse a tomar esta medida.
Con ella
coincidieron Colina y Olavarría, al señalar que si el Gobierno estadounidense
decretó esa restricción es porque tiene “mecanismos para cerciorarse y
corroborar” la información contra funcionarios del Gobierno de Venezuela.
Entre tanto,
Carmen Giménez, presidenta de USA Refugees & Immigrants, lamentó que
Estados Unidos ahora va a “escudriñar aún más” a la hora de otorgar visas a los
venezolanos en general, que ya tenían un “alto índice de negación” en los
últimos años.
La activista
dijo a Efe que las restricciones para funcionarios venezolanos y sus familias,
aunque fundamentales para el tema de “seguridad nacional” en general, “es lo
menos importante de esta medida” porque el Gobierno estadounidense ya ha
llevado a cabo acciones contra estas personas.
La presidenta
de USA Refugees & Immigrants dijo, sin embargo, que es “un paso adelante”
para la posibilidad de que EE.UU. apruebe un Estatus de Protección Temporal
(TPS) para los ciudadanos venezolanos. Por otro lado, Colina señaló que Veppex
pedirá al Gobierno de Trump revisar el “estatus migratorio y la estadía” de
aquellos funcionarios venezolanos y sus familias que ya se encuentran en EE.UU.
Andrade, quien
calificó de positiva la medida, señaló que espera que esta sea retroactiva, al
tiempo que no considera que represente algún riesgo para la emisión de visas de
venezolanos que no estén vinculados al Gobierno. “No es posible que vaya a
algún lugar y nos los sigamos encontrando (a los chavistas)”, indicó.
Según la orden
de Trump, Venezuela está incluida porque “su Gobierno no coopera en verificar
si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la
seguridad pública” y, además, tampoco coopera en la recepción de “sus
nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos”.