Prensa. EFE.
Los
venezolanos están convocados este domingo a las urnas en unas elecciones para
elegir gobernadores de los estados pero no sus consejos legislativos, tras una
campaña marcada por las denuncias de la oposición de supuestas trampas de la
autoridad electoral para favorecer al oficialismo.
Estos
comicios que según la ley estaban programadas para diciembre de 2016 fueron
fijados para octubre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no incluyó en
la convocatoria la renovación de los legisladores regionales pese a que fueron
elegidos en 2012 junto a los gobernadores y su mandato está igualmente vencido.
La
maniobra podría servir al oficialismo -que controla 20 de las 23 gobernaciones
y 22 de los 23 consejos legislativos- para torpedear la gestión de los
gobernadores de la oposición, que ganó por mayoría absoluta las últimas
elecciones a las que se presentó (las legislativas de diciembre de 2015).
Pero
esta no es la única queja de la coalición opositora Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), que acude a las urnas con varios de sus líderes presos, en
arresto domiciliario, inhabilitados o fuera del país para evitar ser detenidos.
Tras
prohibirle la autoridad electoral concurrir unida bajo las siglas de la MUD en
algunos estados, los dirigentes antichavistas decidieron inscribirse por sus
respectivos partidos ante el temor de que se invalidara días antes de la
votación la participación de la coalición en todo el territorio.
Una
vez elegidos sus candidatos únicos en elecciones primarias, la MUD solicitó
eliminar a los perdedores para evitar confusiones y mantener únicamente en la
papeleta al aspirante elegido, algo que rechazó el CNE.
El
Tribunal Supremo le dio la razón a la MUD al establecer que el CNE podía
cambiar las boletas hasta diez días antes de los comicios. Pero la sentencia ya
no podría hacerse efectiva, al haber sido emitida justo diez días antes de las
elecciones, y por lo tanto fuera de plazo.
Otra
de las tretas señaladas desde la oposición y la sociedad civil es la reubicación
de los centros de votación en los que debía votar más de medio millón de
electores, que conocieron el cambio a menos de 72 horas de la apertura de los
colegios.
Según
muchos analistas es una forma de reducir la participación para compensar la
supuesta impopularidad del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSVU), bajo cuyo gobierno Venezuela ha alcanzado
niveles sin precedentes de inflación, pobreza, escasez y delincuencia.
Esta
decisión ha sido criticada también por el único de los cinco rectores del CNE
no alineado con el oficialismo, Luis Emilio Rondón, que ha denunciado a la
televisión pública VTV por su cobertura de la campaña.
El
canal transmitió de forma casi ininterrumpida propaganda de los candidatos del
PSUV, mientras los aspirantes opositores no aparecieron más que en las cuñas en
las que se les llama “traidores a la patria” y se les acusa de promover el
terrorismo.
La
oposición sí ha podido contratar espacios en algunas cadenas privadas, algo que
ha llevado a Maduro a pedir una investigación para averiguar “de dónde salen
los recursos para tantos anuncios de televisión”.
El
PSUV cuenta asimismo a su favor con la habitual movilización de los empleados
de las empresas públicas, a quienes pesos pesados del chavismo exigen su voto
en discursos públicos para seguir avanzando en la llamada revolución
bolivariana.
A
los problemas para la campaña de la MUD se han sumado los bloqueos y
detenciones momentáneas de las que han sido víctimas algunos de dirigentes
opositores cuando iban a pedir el voto en el interior del país.
José
Manuel Olivares, candidato de la oposición a la gobernación del estado Vargas
-junto a Caracas, y que alberga el principal aeropuerto y el primer puerto del
país-, vio cómo el servicio secreto se llevaba detenido a su hermano durante un
acto de campaña celebrado el 25 de septiembre.
Según
el candidato de la MUD, el arresto de su hermano -que sigue preso y ha sido
implicado en el robo de automóviles- es un intento del poder de intimidar a
quienes se oponen al Gobierno.
El
CNE llega a estos comicios más desacreditado que nunca, tras ser acusado hasta
por la empresa que dio soporte tecnológico al recuento de inflar el dato de
participación en la elección el 30 de julio de la plenipotenciaria Asamblea
Nacional Constituyente, un órgano que no reconocen la oposición ni buena parte
de la comunidad internacional.