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En el marco de la investigación de la Organización de Estados Americanos sobre la existencia de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López y familiares de Armando Cañizales (+), Nelson Arévalo (+), Luis Lugo y Oswaldo Hernández, realizaron la 6ta audiencia testimonial donde presentaron las violaciones de derechos humanos en contra de manifestantes y presos políticos.

En la sexta semana de sesión y junto al Comité de Familiares de Presos Políticos, Lilian Tintori informó que los casos expuestos en esta oportunidad fueron 4, dos sobre presos políticos encarcelados en Santa Ana y La Pica, y dos de manifestantes asesinados durante las protestas pacíficas que se registraron entre el mes de abril y junio de 2017, para exigirle al Ejecutivo que liberara a los presos políticos, abriera un canal humanitario, respetara la Constitución y celebrara elecciones generales este año.

Tintori destacó que “hoy el mundo sabe que vivimos en una dictadura. Tener presos políticos es síntoma de que no hay democracia en un país y en Venezuela hay 319 presos políticos y 128 fallecidos durante las protestas pacíficas”. Aseguró que “estos jóvenes fueron asesinados por fuerzas del Estado, uniformados como militares y como policías del Estado” y que los testimonios presentados durante las 6 sesiones, “son la descripción directa y clara de la familia de cada uno de los presos políticos y caídos”.

Jokasta Hernández, prometida de Luis Lugo, encarcelado desde el 11 de febrero de 2015 en Maracay, denunció que al momento de su detención, “su familia fue amenazada con que le sembrarían una granada en su casa, mientras hacían un allanamiento buscando uniformes militares y a Luis”. Lugo era un militar dado de baja una semana antes de su detención y fue acusado de traición a la patria, sin embargo, le imputaron el cargo de rebelión. “Luis Lugo ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y tiene lesiones en el pecho y en los testículos. Fue condenado a 9 años de cárcel y lo han trasladado varias veces sin orden judicial, solo por órdenes de arriba”. Hoy se encuentra recluido en la cárcel La Pica, en el estado Monagas ”injustamente por solo pensar diferente al régimen”, agregó.

Por su parte, Cándida Colmenares, esposa de Oswaldo Hernández, denuncio que su esposo necesita una intervención médica urgente debido a que “tiene un tumor epitelial que debe ser tratado, y una inflamación en los ganglios”. Hernández fue detenido en el 2014 y condenado a cumplir 8 años de cárcel. Su esposa informó que ha sido trasladado a tres cárceles comunes, y “tuvo que ser trasladado desde la cárcel de Santa Ana en el Táchira hasta el Hospital Militar de Caracas por petición de los médicos que detectaron el tumor”. Colmenares expresó que “todo esto es una tortura para la familia porque sufrimos no solo porque está preso, sino porque lo trasladan sin orden y sin aviso a cárceles muy alejadas de nuestra residencia”.

En cuanto a los casos relacionados con las protestas pacíficas, Carmelina Civitillo, madrina de Armando Cañizales, aseguró que “ya se cumplieron 5 meses de su muerte y no nos han dado una respuesta de quién lo asesinó”. Cañizales tenía 18 años, tocaba la viola y quería estudiar medicina. “Ese día el salió a protestar porque quería un mejor país y justo antes de la protesta había llevado sus papeles a la UCV porque quería estudiar allí”. Sus familiares manifestaron que “por pensar diferente acaban con la luz de los jóvenes soñadores. Armando era un hijo ejemplar y ese día lo mataron sin ningún motivo”.

Asimismo, Damary Avendaño, madre de Nelson Arévalo, resaltó que “yo sentía que mi hijo no debía ir ese día a la protesta. Yo lloré cada una de las muertes de jóvenes en las calles, lloré la muerte de Neomar y no sabía que a mi hijo le quedaban 7 días de vida”. Nelson tenía 22 años y fue herido por arma de fuego en el cuello en el estado Lara, según informó su madre. “El daño que hace el recorrido de un disparo, es llevarse el sueño de quienes luchan por un mejor país. Hubiese preferido que se lo llevaran preso para abrazarlo antes de que me lo mataran. El siempre decía que su escudo era Dios cuando salía a las protestas”, agregó.

Todas las familias tanto de los presos políticos como de los caídos en protestas del 2014 hasta el 2017, coinciden que las autoridades venezolanos deben dar respuesta ante su petitorio, “que nos muestren el rostro de quienes asesinaron a nuestros hijos y de los que dan la orden de encarcelar injustamente”. En noviembre se espera que la OEA y expertos en derechos humanos deliberen sobre la investigación y se decida si el caso Venezuela debe ser elevado a la Corte Penal Internacional.
 
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