Los altos costos
de mantenimiento, la disminución de importación de repuestos, una galopante
inflación y la escasez de efectivo tienen al sistema de transporte de Venezuela
en jaque, mientras la población padece los efectos de esta crisis con un pasaje
inestable y largos tiempos de espera para trasladarse.
Prensa. EFE
Los
venezolanos tienen que hacer largas filas para tomar un autobús que los
movilice dentro de los centros urbanos por la poca oferta de unidades de
transporte con las que cuentan los sistemas públicos y privados del país. Según
representantes del gremio de transportistas, la responsabilidad de la crisis es
atribuible al Gobierno nacional que eliminó subsidios, dejó de invertir en el
sector y creó programas que no mantienen su funcionamiento en el tiempo.
El
presidente del Bloque Oeste de transportistas de Caracas, Hugo Ocando, explicó
a Efe que los chóferes tienen un ingreso regulado por las tarifas fijas, mientras
que los gastos de mantenimiento son impredecibles debido a que la economía del
país se mueve, en muchas ramas, con divisas a precios del mercado negro.
Según
Ocando, 70 % del sector transporte está paralizado a nivel nacional, y solo en
la Gran Caracas la cifra de unidades pasó de 18.000 a 6.000 porque están
accidentados o dejaron de prestar el servicio. Cadáveres de decenas de
autobuses pueden verse abandonados a la intemperie en varios puntos de la
capital venezolana, y el término “canibalismo” surge para referirse a la
sustracción de piezas a unidades en dique seco para reparar las fallas de
otras.
Pero
el declive del sistema de transporte no solo afecta a quienes prestan el
servicio, también al que lo usa. Los costos sustraen del bolsillo del usuario
un elevado porcentaje de sus ingresos mensuales. Dos traslados diarios a un
pasaje de costo más bajo de 280 bolívares se convierten al mes en 16.800
bolívares, lo que representa un 12 % del salario mínimo en Venezuela (136.544
bolívares, unos 40 dólares).
Sin
embargo, estas estimaciones no se cumplen siempre por la cada vez más libre
“piratería”. “El Gobierno ha incentivado, con la regulación de la tarifa, al
pirata. Los compañeros abandonaron las líneas organizadas y se están yendo a
piratear”, señaló Ocando.
Efe
pudo constatar en el este de Caracas la operatividad de una de estas nuevas
paradas de “piratas”, con rutas paralelas a las ya existentes y en las que
cobran 550 bolívares por un traslado que legalmente es de 280 bolívares.
A
pesar de que las carencias son las mismas y de que un aumento de tarifa no
resuelve el problema neurálgico, la diferencia es que los ingresos diarios de
los piratas son más elevados y con ello aumentan sus posibilidades de adquirir
repuestos más rápidamente. Ocando sostiene que mientras no se controle la
inflación no habrá tarifa que aguante los costos.
Por
su parte, los usuarios denuncian que con la creación de estas nuevas paradas
los chóferes ahora los dejan “botados a mitad de camino” para que estos se vean
en la necesidad de tomar otra unidad que culmine su trayecto, lo que incrementa
aún más los gastos por traslados de los venezolanos.
Pero
no solo el sector privado está afectado por la falta de repuestos. Por ejemplo,
el Metro de Caracas y sus sistemas complementarios como el Metrobús, funcionan
a media máquina y con fallas constantes. Al menos diez caraqueños entrevistados
por Efe prefieren el transporte terrestre al subterráneo debido a la demora que
presenta, a pesar de que en el Metro con apenas 36 bolívares (0,01 centavo de
dólar) se cubren los traslados de una semana completa.
Por
otra parte, zonas del este de Caracas, como Chacao y Baruta -considerados
bastiones de la oposición venezolana-, dejaron de disfrutar del servicio de
Metrobús desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales en abril,
bajo el argumento de que se trata de una medida de seguridad preventiva.
Dos
meses después de que cesaran las protestas las rutas continúan suspendidas en
estas zonas en las que las protestas se desarrollaron con intensidad. Ante la
crisis, los transportistas exigen al Gobierno venezolano que los libere de las
regulaciones o que subsidie el servicio, tanto a ellos como al usuario. Alegan
que si las autoridades quieren ayudar al pueblo, estas deben ayudar a los
transportistas porque son ellos quienes “cargan” al pueblo.