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13
años han transcurrido desde las detenciones de Otoniel y Rolando, los hermanos
Guevara. Desde el 23 de noviembre de 2004 estuvieron desaparecidos por tres
días, en los que fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas por parte
de funcionarios policiales. Los familiares realizaron la denuncia ante el
Ministerio Público, pero la archivaron sin iniciarse una investigación.
Otoniel
Guevara cumple una condena de 27 años y meses, al igual que su hermano Rolando
Guevara, sin recibir ninguno de los beneficios estipulados en las leyes, como
la libertad condicional. Están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas.
Fueron
sentenciados luego de ser acusados como autores materiales del homicidio del
fiscal Danilo Anderson, registrado el 18 de noviembre de 2004 en la calle
Vargas de Los Chaguaramos, cuando explotó el vehículo que manejaba.
Desde
la aprehensión de ambos, múltiples irregularidades han destacado durante el
proceso judicial. Entre ellas, en el escrito acusatorio y en las sentencias
decretadas, donde no hay una relación clara de los delitos imputados y cuáles
fueron los elementos de convicción tomados para cada uno de los supuestos responsables.
El
juez de Primera Instancia de Control, en la audiencia preliminar, no admitió
parte de las pruebas promovidas por la defensa para que fuera decretada la
inocencia de los Guevara.
En
el juicio, la fiscalía estableció que la sustancia utilizada para matar a
Anderson fue un explosivo C4 y en una cantidad de 250gr. Alegaron que fue
activada desde cualquier parte del mundo. Ni el activador, ni los rastros del
posible detonante fueron encontrados en el sitio del suceso.
Los
testimonios de Giovanni Vásquez y Alexis Peñuela, quienes gozaron de la
protección del Ministerio Público, fueron tomados en cuenta para condenar a los
detenidos. Sin embargo, ambos testigos confesaron ante medios de comunicación
que recibieron pago por parte del Gobierno para testificar.
El
juez de juicio desechó las actuaciones que favorecían a la defensa, donde daban
cuenta de un operativo realizado por funcionarios adscritos a la DISIP, y del
seguimiento que le dieron a una camioneta amarilla (donde se trasladaba el
fiscal Danilo Anderson).
Cinco
fiscales amigos de Anderson estuvieron vinculados a la investigación. La parte
inicial del expediente tenía al menos 20 piezas, pero los abogados de Otoniel y
Rolando solo tuvieron acceso a ocho.
El
principio de presunción de inocencia que tiene todo privado de libertad fue
olvidado por representantes del Gobierno, como el Fiscal General de la
República y el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia de la época,
quienes señalaron de asesinos a los hermanos, incluso antes de recibir
sentencia.
De conformidad con los artículos 478 y 500 del
Código Orgánico Procesal, a partir del 4 de noviembre del 2011, los condenados
pudieran estar en libertad, bajo medidas alternativas del cumplimiento de la
pena, pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha realizado las
diligencias necesarias para formalizar el beneficio