Prensa.
EFE
La
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “en el
exilio” demandó hoy la apertura “inmediata” de un canal humanitario y solicitó
la “intervención humanitaria” de la comunidad internacional si el Gobierno de
Nicolás Maduro se niega a acatar este fallo.
El
TSJ acogió la solicitud hecha por un grupo de ciudadanos venezolanos y demandó
la implementación en cinco días de una vía de ayuda humanitaria para Venezuela,
para así “paliar la dramática situación que atraviesan los venezolanos por la
carencia absoluta de alimentos y medicinas”.
“Es
de conocimiento público que los venezolanos están comiendo de la basura, que
están muriendo por falta de medicinas e insumos médicos, que no les alcanza el
dinero para poder salvar sus vidas”, dijo a Efe la magistrada Elenis Rodríguez,
que está asilada en Chile.
Rodríguez
añadió que en Venezuela “se ha perdido la calidad de vida en todos los
sentidos”, por lo que exhortó al presidente Nicolás Maduro a que “acate esta
decisión” o de otra forma, “se le pedirá a la comunidad internacional la
intervención humanitaria”, sentenció.
De
esta forma, el TSJ requirió la colaboración de la Organización de Estados
Americanos (OEA), las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, entre otras
instancias globales, para hacer efectiva esta medida.
Respecto
de la “guerra económica” contra Venezuela que Maduro acusó en una entrevista
con el canal de televisión Antena 3 de España, la jueza advirtió que “la única
guerra de Venezuela es de un Gobierno dictatorial en contra del pueblo
venezolano”.
Rodríguez
y otros cinco jueces asilados en Chile forman parte del grupo de 33 magistrados
designados en julio pasado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora,
con la idea de reemplazar a otros en ejercicio, por considerar que estaban al
servicio del Gobierno y que fueron nombrados “irregularmente”.
Sin
embargo, los jueces abandonaron Venezuela, después de que el presidente Nicolás
Maduro anunciara que irían presos “uno por uno”. El 13 de octubre pasado, 18 de
ellos se configuraron como “Tribunal Supremo en el exilio” en una ceremonia de
la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.