Prensa. Espacio Público.
Noviembre
transcurrió signado por la aprobación de la inconstitucional “Ley contra el
odio, por la convivencia y la intolerancia” llevada a cabo por la ilegítima
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que contempla castigar hasta con 20 años
de prisión, cierre de medios y bloqueo de portales web la libre expresión e
información.
Esta
“Ley” castiga el discurso de odio, pero no establece categorías claras para
calificar expresiones de este tipo, sin embargo establece condenas sumamente
duras. Está caracterizada por su extensa vaguedad y representa una clara
amenaza puesto facilita la arbitrariedad en su aplicación, dada que su
aplicación queda a discrecionalidad del Estado.
La
ANC sin facultad para la aprobación de leyes, crea este instrumento regresivo
vulnerando aún más el derecho a la expresión, participación, asociación que
tienen los venezolanos y que contravienen y desconocen los estándares
nacionales e internacionales.
En
un contexto crítico a nivel social, económico y político, y mientras el Estado
busca consolidarse con practicas totalitaristas que cercenan libertades e
impiden la consolidación de espacios de participación y encuentro por el bien
de la democracia, continúan los periodistas siendo blanco de ataques,
hostigamiento y persecución.
Destaca
el caso de la agresión a la sede de El Nuevo País y la Revista Zeta, por parte
de grupos violentos afectos al oficialismo e identificados con el movimiento
4F, quienes usaron un esmeril para acceder a las instalaciones del diario,
causando destrozos y pintando consignas gubernamentales en portones, alegando
que el edificio será convertido en viviendas para sus familias.
La
arremetida contra los medios impresos trasciende el límite de la violencia
cuando noviembre, el diario El Mío se convierte en el 5to periódico que deja de
circular en el país en lo que va de año, la decisión corresponde a la
imposibilidad de adquirir papel prensa para continuar informando la realidad
del estado Anzoátegui, labor que venía realizando durante los últimos siete
años.
El
ejercicio del periodismo no solo se ve afectado por el cierre de medios, sino
que también el uso de la fuerza pública para impedir el libre acceso a la
información y la cobertura de hechos de importancia para el país se hizo una
constante en noviembre, en Caracas funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) que custodian la sede de la Asamblea Nacional, negaron el
acceso a los periodistas que a diario realizan la cobertura de la fuente
parlamentaria. La prohibición se lleva a cabo cuando los comunicadores tomarían
declaraciones de los Diputados de la Unidad en relación a la reestructuración
de la deuda anunciada por Nicolás Maduro el día de ayer en cadena nacional.
Asimismo,
el reportero gráfico del medio digital La Patilla, Juan Peraza fue interceptado
por tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
fuertemente armados, mientras éste se encontraba en los alrededores de la casa
del líder político de Voluntad Popular, Leopoldo López, con el objetivo de
registrar imágenes sobre el operativo de seguridad que habría, a propósito del
reciente escape del alcalde, Antonio Ledezma.
El
reportero explica que fue llevado a la sede del Sebin en El Helicoide, y luego
de una verificación exhaustiva de sus datos, revisión de su celular y de un
interrogatorio que duró más de seis horas fue puesto en libertad.
Otro
caso que nos deja noviembre, es el del reportero gráfico del portal Dólar
Today, Jesús Medina, quien durante 50 horas estuvo desaparecido desde el sábado
04 de noviembre tras denunciar que fue amenazado luego de publicar imágenes
sobre la situación de reclusión en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido
como “Tocorón”. Medina aseguró que durante esas horas fue torturado y amenazado
de muerte.
La
arbitrariedad y el abuso de poder no solo viene de los cuerpos de seguridad,
sino que el mismo Nicolás Maduro utilizó el sistema de medios públicos en esta
oportunidad para hostigar al periodista español Jordi Évole quién realizó la
entrevista para el programa Salvados del canal Antena 3. Maduro aseguró
sentirse como si estuviese detenido en la cárcel de Guantánamo (Cuba) bajo una
interpelación con electricidad.
Del
mismo modo, Diosdado Cabello a través de la web oficial del programa de televisión
“Con el mazo dando” transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), acusa a la
Organización No Gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza de iniciar los
“preparativos para una nueva oleada de protestas para el saboteo de las venideras elecciones
municipales”. La publicación explica que la ONG invita a los jóvenes través de
las redes sociales y whatsapp a participar en cursos sobre Lucha no violenta y
el Arte de la Protesta y asegura que este acto corresponde a “una campaña en
contra de Convivencia Pacífica y la Tolerancia” y hace un llamado a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a atender el caso.
El
penúltimo mes del año también trajo consigo las amenazas de Tarek William Saab
a los opositores que decidieran no participar en las elecciones municipales
convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicando que el Ministerio
Público iniciará un proceso de investigación en el que podrían ser imputados
por delitos de “conspiración” todos aquellos que decidan no participar o llamar
a la abstención.
Desde
Espacio Público exigimos sea garantizado el derecho a la libre expresión e
información, lo que incluye el libre ejercicio del periodismo y condenamos cualquier acción que pretenda
criminalizar la educación en derechos humanos, pues la misma representa un
mecanismo genuino de expresión. Asimismo, reprobamos la aplicación de “Ley
contra el odio” por considerar que contraviene las exigencias en materia de
derechos humanos, en especial la libertad de participación, asociación,
reunión, expresión y enseñanza.
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