Poder Judicial y Zona Educativa Apure coordinan la autogestión para recuperar las escuelas

Prensa DAR Apure.-
Una de las políticas que impulsa actualmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por el magistrado Maikel Moreno, es la que establece las líneas de acción del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, y en esta oportunidad, a través de la Oficina Regional de Atención y Participación Ciudadana/Apure se realizó una reunión con las autoridades educativas de la Escuela y Liceo “Vuelvan Caras”, para planificar futuras actividades.

Se trata del abordaje a las instituciones educativas que organiza la Zona Educativa de la entidad llanera, con el fin de apoyar la Jornada de Recuperación de Mesas y Pupitres, entre otras actividades de recuperación de los espacios físicos de las escuelas. Por esta razón, las docentes Gilda Ceballos y Arelys Hidalgo, autoridades de las mencionadas instituciones se reunieron con las servidoras judiciales de la Oficina de Atención y Participación Ciudadana para establecer alianzas estratégicas a fin de canalizar el apoyo institucional necesario para fortalecer el desarrollo integral de las comunidades aledañas a las sedes del Poder Judicial.

Hay que destacar que actualmente la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y su director ejecutivo, Jesse Arias, viene aplicando la autogestión en las diferentes sedes judiciales del país, donde con recursos humanos y materiales propios, se asumen las diversas labores de mantenimiento, recuperación de espacios físicos y equipos, lo que representa un ahorro significativo de recursos. “Por eso, esta experiencia la queremos poner como ejemplo de trabajo en las diferentes reuniones donde participamos como invitados” – indicó Eulimar Durán, enlace de la ORPAC/Apure con el Poder Popular y las comunidades organizadas

Uno de los ejes programáticos del Plan Estratégico que rige el accionar del Poder Judicial, plantea el Punto y Círculo, que promueve la ruptura del paradigma de actuación del Poder Judicial que se limita solo a la actividad jurisdiccional, convirtiéndose en un agente impulsor para la transformación cultural y socio económica de las comunidades que comparten su entorno, bajo el principio de corresponsabilidad que consagra nuestra Constitución.
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