Prensa DAR Apure.-
Una
de las políticas que impulsa actualmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
presidido por el magistrado Maikel Moreno, es la que establece las líneas de
acción del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, y en esta
oportunidad, a través de la Oficina Regional de Atención y Participación
Ciudadana/Apure se realizó una reunión con las autoridades educativas de la
Escuela y Liceo “Vuelvan Caras”, para planificar futuras actividades.
Se
trata del abordaje a las instituciones educativas que organiza la Zona
Educativa de la entidad llanera, con el fin de apoyar la Jornada de
Recuperación de Mesas y Pupitres, entre otras actividades de recuperación de
los espacios físicos de las escuelas. Por esta razón, las docentes Gilda
Ceballos y Arelys Hidalgo, autoridades de las mencionadas instituciones se
reunieron con las servidoras judiciales de la Oficina de Atención y
Participación Ciudadana para establecer alianzas estratégicas a fin de
canalizar el apoyo institucional necesario para fortalecer el desarrollo
integral de las comunidades aledañas a las sedes del Poder Judicial.
Hay
que destacar que actualmente la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y su
director ejecutivo, Jesse Arias, viene aplicando la autogestión en las
diferentes sedes judiciales del país, donde con recursos humanos y materiales
propios, se asumen las diversas labores de mantenimiento, recuperación de
espacios físicos y equipos, lo que representa un ahorro significativo de
recursos. “Por eso, esta experiencia la queremos poner como ejemplo de trabajo
en las diferentes reuniones donde participamos como invitados” – indicó Eulimar
Durán, enlace de la ORPAC/Apure con el Poder Popular y las comunidades
organizadas
Uno
de los ejes programáticos del Plan Estratégico que rige el accionar del Poder
Judicial, plantea el Punto y Círculo, que promueve la ruptura del paradigma de
actuación del Poder Judicial que se limita solo a la actividad jurisdiccional,
convirtiéndose en un agente impulsor para la transformación cultural y socio
económica de las comunidades que comparten su entorno, bajo el principio de
corresponsabilidad que consagra nuestra Constitución.
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