Prensa.
EFE
De
forma unánime, este jueves 14 de diciembre la Asamblea Nacional (AN) declaró
nula la aprobación del presupuesto fiscal de 2018. La razón: el documento no
fue presentado ante el Poder Legislativo, como estipula la ley, sino ante la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El
Legislativo, de mayoría opositora, aprobó “declarar que todo presupuesto
formulado en contravención de las disposiciones de la Constitución y la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del sector público no presentado y
aprobado por la Asamblea Nacional es nulo”.
El
Parlamento también declaró que “toda la erogación con cargo en presupuesto
inexistente y que viole la Constitución acarrea la responsabilidad patrimonial
del Estado e individual de los funcionarios que realicen o autoricen las
respectivas operaciones”.
A
su vez recordó que cualquier operación de crédito público realizada sin el
consentimiento de la Asamblea Nacional “será nula o no reconocida”. “Esto
incluye cualquier operación de endeudamiento”, agrega el acuerdo parlamentario
presentado en la sesión de este jueves, en la que estuvo ausente la bancada
oficialista.
El
pasado 30 de noviembre, el vicepresidente Tareck el Aissami presentó el
proyecto de presupuesto fiscal de 2018 ante la ANC por 36 billones de
bolívares, pese a que la Constitución obliga al Ejecutivo a presentar ante la
Asamblea Nacional el presupuesto de la nación del año siguiente antes del 15 de
octubre del año anterior.
Para
repatriar los recursos desviados.
Este jueves la AN también aprobó en primera discusión el acuerdo sobre el Proyecto de Ley para la Recuperación de Activos. Con el proyecto se plantea crear una oficina que gestione la repatriación de recursos desviados de la administración y que actualmente están en el exterior. El diputado Juan Guaidó indicó que la ley será trabajada junto a organismos internacionales para que el dinero desviado de la administración pueda ser invertido en Venezuela.
Este jueves la AN también aprobó en primera discusión el acuerdo sobre el Proyecto de Ley para la Recuperación de Activos. Con el proyecto se plantea crear una oficina que gestione la repatriación de recursos desviados de la administración y que actualmente están en el exterior. El diputado Juan Guaidó indicó que la ley será trabajada junto a organismos internacionales para que el dinero desviado de la administración pueda ser invertido en Venezuela.
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