Prensa. Efecto
Cocuyo.
Un
año, cinco meses y dos semanas. En total han pasado 531 días desde que Ana
Isabel Cedeño tomó su última pastilla de Herceptin, un anticuerpo que utiliza
para tratar el cáncer de mama metastásico que padeció en 2012. Trata de no
pensar en ese 10 de octubre de 2016, fecha en la que ingirió la última píldora,
ni en que el Estado no ha vuelto a traer el medicamento que necesita para
vivir. Dice que deprimirse es darle espacio a una posible recaída e incrementa
el riesgo de que la enfermedad reaparezca en el organismo. “El Gobierno me
condenó a muerte hace mucho tiempo”, lamenta la paciente de 50 años. Trata de
olvidarse también de esa condena que carga sobre sus hombros.
Ana
tiene dos hijas: una de 21 y una de 11. La menor es su mayor motivación para no
desfallecer. Trata como puede de llevar una vida normal: busca a la niña en el
colegio y trabaja como voluntaria en la Asociación Civil Conquistando la Vida
(Aconvida), donde sirve de apoyo a otras mujeres que padecen lo mismo que ella
padeció, solo que en medio de una escasez de medicamentos cruel y severa.
El
Herceptin desapareció del pastillero de Ana y solo le quedó el otro
tratamiento, el Aromasin, un bloqueador hormonal que previene la reaparición
del cáncer. Sin embargo, en enero de 2018 la madre de dos ingirió la última
pastilla y no tuvo otra opción que empezar a tomar el único fármaco de este
tipo que trae el Estado actualmente para todas las pacientes oncológicas, sin
distinción alguna: el Anastrazol.
Ana
trata de no pensar ni en su enfermedad ni en la crisis de salud que atraviesa
el país, pero en abril le toca hacerse su próximo control. Mamografía, eco
mamario, eco abdominal pélvico, marcadores tumorales y más exámenes médicos, en
los que deberán palparle el pecho con manos y con máquinas para descartar que
no haya ningún bulto extraño debajo de su piel.
Sus
últimos controles se los hizo en enero de 2018 y tuvo que pagar 3 millones 900
mil bolívares por los exámenes médicos, un equivalente a siete salarios mínimos
para el momento. Ahora le toca prepararse, económica y psicológicamente, para
el próximo chequeo.
Ana
Isabel Cedeño exigió al Gobierno que le garantice el acceso a los medicamentos
en medio de la protesta por la salud realizada en la plaza Alfredo Sadel el
pasado 8 de febrero.
Nervios.
Ansiedad. Plegarias. “¿Paso o no paso el examen?”, se pregunta Ana cada vez que
el aparato frío del eco le presiona el pecho con fuerza hasta el punto de
lastimarla un poquito. Hasta la fecha ha pasado todos sus chequeos, pero esta
vez le preocupa haber pasado unos días de enero sin tomar el bloqueador
hormonal cuando cambió de tratamiento. “Estoy en manos de Dios y en cualquier
momento puedo recaer”, se recuerda, realista.
De
tener todo el tratamiento, a no tener ni una pastilla
A
Ana le detectaron un tumor del tamaño de una naranja y le diagnosticaron cáncer
de mama en marzo de 2012, en una Venezuela en la que existía la posibilidad de
cura. Pudo colocarse las quimioterapias en un centro privado y hacerse 33
sesiones de radioterapia con ayuda de un financiamiento del Banco Central de
Venezuela para ese entonces.
Se
le cayó el cabello. Lloró. Superó la enfermedad y volvió a llevar la vida de
una persona sana. Un año y medio después tuvo una recaída y le diagnosticaron
cáncer de mama metastásico. La segunda vez tuvo más miedo y todo fue diferente.
La metástasis fue en 2015 y ya el sistema público de salud empezaba a presentar
fallas frecuentes en el suministro de medicamentos.
“El
Ivss (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) me daba el tratamiento,
pero yo necesitaba unos filtros que usaban para colocarme la quimioterapia vía
intravenosa. Eso me costaba conseguirlo”, recuerda Ana.
Hoy
acompaña a otras mujeres que, como le pasó a ella una vez, tienen miedo. Solo
que ahora no tienen acceso a quimioterapias, radioterapias ni cirugías para
superar la enfermedad.
De
acuerdo con un reporte realizado por la Red Defendamos la Epidemiología
Nacional, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Alianza Venezolana para
la Salud (AVS), las deficiencias en la red de salud pública en materia de
atención oncológica son alarmantes.
De
un total de 25 unidades de radioterapia externa instaladas en hospitales de
todo el país, solo funcionan cuatro. Las quimioterapias de uso más frecuente
están agotadas a nivel nacional, según apunta el informe, y se estima que las
intervenciones quirúrgicas oncológicas se han reducido a la mitad por las
precarias condiciones hospitalarias.
Apoyar
a las mujeres que comparten esa misma condena es lo que la hace olvidarse, así
sea por breves momentos, de que no cuenta con el tratamiento. “Vamos a terapia
grupal y nos contamos nuestras experiencias. Eso me ha fortalecido”, dice Ana
sobre las dinámicas de Aconvida.
“Ya
los niveles de supervivencia están reducidos como para permitir que haya una
recaída. El problema no es solo la enfermedad, sino que no estamos en un país
que nos apoye y nos garantice el derecho a la salud”, agrega. Ana protesta cada
vez que puede y sigue asistiendo todas las semanas a la fundación que alguna
vez la acogió a ella cuando tenía miedo. “Ahí vamos. Seguimos guerreando”,
menciona tajante.
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