Prensa. Espacio
Público.
El
recrudecimiento de la crisis política marcó un año de intensas jornadas de
movilización cívica que exigieron el restablecimiento del hilo constitucional.
El Gobierno utilizó la represión como respuesta, acumulando la mayor parte de
las 1002 violaciones al derecho a la libre expresión, lo que en promedio se
traduce en tres vulneraciones diarias en 2017. Esto representa un 173% más respecto
al año anterior.
Con
708 casos, el 2017 se convirtió en el periodo con mayor cantidad de arremetidas
al derecho a la libertad de expresión e información registradas en los últimos
16 años. La mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación
y ataques no solo hacia trabajadores de la prensa, sino también contra
ciudadanos que buscaban registrar los hechos.
El
69% del total de las situaciones registradas en 2017 ocurrieron durante las
protestas entre abril y julio, periodo durante el cual la ciudadanía también
denunció el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida a causa de los
altos niveles de inflación, la escasez de alimentos y medicinas.
Se
registraron 490 casos entre detenciones, impedimento de cobertura, robo de
equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones
públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos
por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos
de medios de comunicación.
Fueron
54 las emisoras cerradas y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta
de papel prensa, seis de ellos indefinidamente. Asimismo, 13 sitios web
informativos fueron bloqueados, lo que impidió durante varias horas el acceso a
plataformas de noticias en Internet, destacan los casos de Venezolanos por la
Información (VPI) y Vivo Play, que sufrieron ataques durante la cobertura en
vivo de manifestaciones opositoras.
En
2017 también se promovió la “Ley contra el odio, la intolerancia y por la
convivencia pacífica” sancionada por una ilegítima Asamblea Nacional
Constituyente. El instrumento contempla hasta 20 años de prisión y cierre de
medios. La vaguedad de la pretendida legislación facilita su aplicación
arbitraria. En 2018 empezó a utilizarse contra manifestantes, trabajadores
públicos y miembros de la Iglesia Católica.
Entre
enero y abril de 2018 se registraron 86 casos que se traducen en 126
violaciones del derecho a la libertad de expresión. Al menos en ocho ocasiones se usó la “ley contra
el odio” para criminalizar la denuncia de situaciones críticas. La escasez de
papel prensa persiste, así como el impedimento de cobertura y las detenciones
asociadas para obstaculizar la libre circulación de información.
INFORME
COMPLETO:
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